* COVID-19, ¿de verdad un paso adelante?

* Guanajuato apoyó a empresas que hoy no respaldan a sus trabajadores

* ¿Cuarentena en Celaya, para qué? Ahí viven en estado de sitio hace años

1.- Doble discurso en Salud: donde domina el círculo de poder marquista

En materia de salud pública hoy nos enfrentamos a un doble peligro: por un lado las deficiencias históricas de los servicios de salud, suficientemente documentadas y que nos colocan a la zaga de muchos países incluso de menor población y producto interno bruto; y en segundo lugar, la equivocada óptica oficial en todos los niveles, que está tomando el reto de la pandemia como la oportunidad de generar imagen y liderazgo para los responsables políticos, lo que significa lucrar con una amenaza que se ciernensobre la vidas de seres humanos.

En Guanajuato, por ejemplo, las instrucciones entregadas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su jefe de gabinete Juan Carlos Alcántara, al secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, parecen tener que ver con que “Guanajuato haga la diferencia”, lo que podría traducirse en presentar un menor número de confirmaciones y no tener casos graves o defunciones.

Como no hay manera de controlar el comportamiento del virus, meos ante las deficiencias del aislamiento que en la mayor parte de las ciudades es muy relativo, entonces el temor es que se empiecen a alterar los registros y manipular las estadísticas.

Esta semana, Daniel Díaz Martínez lanzó un mensaje que circuló en las redes internas de la Secretaría de Salud, donde además de las felicitaciones y reconocimientos al personal que “está en la trinchera”, externó su tranquilidad porque en Guanajuato “no hemos encontrado transmisión comunitaria” y reitió exactamente la instrucción que ha recibido: “Guanajuato debe hacer la diferencia”.

El mensaje, por cierto, fue recibido con suspicacias por numerosos círculos de trabajadores de la SS, donde lo menos que se le pedía a Daniel Díaz era que “no mandara abrazos sino mascarillas N95”.

Lo más grave, sin embargo, es que la preocupación del secretario de Salud no se ha traducido en hechos concretos para respaldar a sus trabajadores. La medida de enviar a su casa al personal médico y de enfermería ubicado en algún grupo de riesgo, tales como adultos mayores mujeres embarazadas, diabéticos e hipertensos, diezmó la capacidad de respuesta de las Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) y de los Centros de Atención Integral en Servicios Esenciales en Salud (CAISES).

Sin embargo, Fernando Reynoso Márquez, el poderoso subsecretario de Administración de la SS, quien sigue ostentando tanto poder como cuando era gobernador su primo Miguel Márquez, no ha agilizado los procesos de contratación para reponer esas plazas. El pico de contagios puede encontrar a las más de 500 unidades médicas del estado muy mal paradas y a su personal exhausto.

No es lo único, lo de las mascarillas no era chascarrillo. Los médicos, médicas y trabajadores del área de enfermería no disponen de los suficientes equipos de protección: batas desechables, mascarillas indicadas, gogles protectores. La situación ha generado incluso un mercado negro de proveedores que los trabajadores de la SS se comparten por aplicaciones de chat para adquirir dichos productos en precios hasta diez veces por encima de su valor.

No es lo único, también hay confusión en el manejo del registro de casos sospechosos de la pandemia, pues ha ahbido la instrucción de que los médicos no diganostiquen sino que solo reporten como Infecciones Respiratorias Agudas y que sea el laboratorio estatal, dirigido por quien se ostenta como comadre del exgobernador Miguel Márquez, Rosario Sánchez Navarro, quien defina oficialmente.

El temor es que se caiga en el subregistro por razones políticas, para que “Guanajuato haga la diferencia”, lo que sin duda aumentaría los riesgos al tener posibles casos de COVID-19 sin aislamiento.

Pese a la presunción de la propaganda estatal de que en Guanajuato vamos “un paso adelante de la pandemia”, lo cierto es que la primera línea de esta batalla se encuentra desabastecida y desmoralizada. Los saca adelante, sin duda, la vocación personal de servicio y el compromiso con la ética de su profesión, pero no el respaldo institucional que difiere mucho en la práctica del que se maneja en los discursos.

2.- Empresas no responden al repaldo que han recibido con dinero público

La pandemia trajó rapidamente importantes consecuencias en el ámbito laboral: uno de ellos fue el paro de buena parte de las empresas del clúster automotriz, obligadas a suspender actividades no solo por el riesgo sanitario, sino por la caída prevista en la demanda de automóviles en los próximos meses en el mercado norteamericano.

Honda primero, después Toyota, General Motors, las llanteras Pirelli y Michelin, finalmente Mazda, confirmaron sus respectivas pausas, asegurando que sus trabajadores tienen seguro su salario las primeras dos semanas, aunque después las cosas pueden variar.

No ha sido así con algunos de sus proveedores, como en el caso de la fabricante alemana de arneses automotrices Kromberg and Schubert, con más de 7 mil trabajadores en plantas en Irapuato y San Francisco del Rincón, cuyos ejecutivos mexicanos decidieron colcoar a mitad de sueldo a sus trabajadores desde el principio del paro.

La situación ha evidenciado la enorme complicidad de los sindicatos cetemistas dirigidos en Guanajuato por el diputado priista Hugo Varela Flores, bajo cuya batura se han constituido organismos sindicales de adorno que cuidan más los intereses de la empresa que los de sus agremiados, con la plena complacencia del gobierno estatal.

Entrenado en el sindicalismo blanco que se consolidó hace años en la ciudad de León, Varela ha sido el mejor aliado de los gobiernos panistas para ofrecer a las empresas extranjeras, a la par que terrenos, servicios, capacitaciones y accesos viales, también “tranquilidad laboral”.

La pandemia está sacando a flote muchos de los vicios que han permitido construir el paraiso de la inversión extranjera que el PAN ha vendido por años, ocultando con esa cortina de humo el crecimiento de la desigualdad y de las contradicciones sociales en la entidad que gobiernan haca casi tres décadas.

3.- La emergencia sanitaria no detiene la violenta guerra de Celaya

Los ataques indiscrimados entre bandas del crimen organizado, reflejados en atentados contra lugares públicos de reunión, continúan en Celaya con numerosas víctimas colaterales.

Más allá de las razones que motivan estos ataques y de porqué las bandas se ceban en bares o negocios de comida a los que asisten personas inocentes, lo que queda claro es que el territorio rivereño del río de la Laja es tierra de nadie y que ni los patrullajes del ejército, la guardia nacional, las FSPE o las policías municipales logran intimidar a las bandas de sicarios poderosamente armadas que se enseñorean en la zona.

Frente a esta situación, la autoridad civil es ya prácticametne inexistente. El municipio ha perdido toda capacidad para liderar el esfuerzo comunitario, al no hacerse cargo de lo más básico: preservar la paz. Elvira Paniagua es hoy solo un costoso adorno para los celayenses.

Sin embargo, el abandono que se siente desde el gobierno estatal y desde la federación, no hace sino aumentar el desamparo de un millón de personas que viven en esa conurbación y que no han hecho nada para merecer tanto desdén de parte de quienes prometieron cumplir y hacer cumplir la ley.

Además del abandono político, la sociedad civil también se encuentra totalmetne desmovilizada. No hay un líder empresarial o una organización ciudadana que salga a reclamar la acción de la autoridad, por el temor a ser víctima de ataques en sus engocios o su persona.

Celaya es hoy en día la muestra más fehaciente de la ausencia de un estado de derecho en Guanajuato y del abandono total de una región, por lo demás céntrica y econonómicamente relevante, por parte de la autoridad federal y estatal. Del municipio ya ni siquiera hablamos, pues auqnue ahí sigue el ayuntamiento y la alcaldesa devengando sus altos salarios, en la práctica no cuentan para nada.

Diego Sinhue se ha jactado de haber recuperado el estado de derecho con su incursión a Santa rosa de Lima en Villagrán y con los procesos por terrorismo a secuaces de los cárteles o a ciudadanos excedidos en protestas sociales, sin distinción.

Pero lo que es en Celaya, el estado de derecho solo es una bonita historia del pasado que los adultos cuentan a los niños.

Así, mientras el coronavirus desata las ansias de protagonismo de los gobernantes, en Celaya nadie dice esta boca es mía cuando en una noche mueren más personas de las que la pandemia ha matado en un mes en todo México.