Arnoldo Cuellar

Justicia selectiva no hace estado de derecho

In Análisis Político, POPLab on febrero 10, 2020 at 4:00 am

La función esencial de la superestructura jurídica que la sociedad ha construido es la de propiciar una convivencia civilizada, superar el inseguro estado de naturaleza, donde priva la ley del más fuerte, para generar un espacio civilizado y civilizatorio.

Cuando el máximo representante del Poder Ejecutivo de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, insiste en un discurso cuyo motivo esencial es el de la recuperación del estado de derecho en Guanajuato, realiza una dura crítica a gobiernos anteriores, incluyendo a aquel del que formó parte con Miguel Márquez a la cabeza.

Guadalupe Cayente, madre de Leo Reyes, con Alejandro Solalinde, en su peregrinar por la justicia que no encuentra en Guanajuato. Foto: Especial.

Sin embargo, la vía elegida para restaurar la civilidad en la sociedad de Guanajuato, para “serenarla” como gusta de frasear el presidente Andrés Manuel López Obrador, no parece estar dando resultados.

Sinhue hace particular énfasis en la aplicación del tipo penal de “Terrorismo” del que han sido acusados individuos que han participado en asonadas, unas justificadas otras prefabricadas, como muestra del “rigor” que el estado ha venido aplicando para hacer cumplir la ley.

No quiero entrar a discutir lo que ya han abordado otros analistas en este mismo espacio, sobre la pertinencia del tipo penal desde el punto de vista de la teoría del delito, incluso su utilización como un instrumento de represión contra la protesta social por parte del estado.

Lo que quiero abordar en cambio es la escasa coherencia del discurso oficial cuando habla de endurecer la respuesta del aparato estatal frente a las transgresiones de particulares, pero evita tratar con la misma medida los abusos y violaciones a la ley de las estructuras gubernamentales.

Ahí tenemos casos emblemáticos: el de Leonardo Reyes, migrante asesinado por seis elementos de la policía estatal adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública; o la muerte del joven Leonardo Aguilar, criminalizado tras ser abatido por elementos de la misma dependencia en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, sede por años del cuartel general del capo huachicolero José Antonio Yépez Ortiz, lo que ha convertido a todos sus habitantes en “sospechosos usuales”.

En ninguno de esos casos se abrieron expedientes para investigar la actuación de los elementos que usaron la fuerza letal y que, muy probablemente, alteraron las escenas donde ocurrieron los hechos.

El estado de derecho, cuando opera de cierto, empieza por controlar las actividades del propio poder público, que está obligado a ser auto contenido. Es el caso de la división de Poderes, de la rendición de cuentas y del multicitado principio de legalidad: el estado solo puede lo que la ley le permite.

Guanajuato tendrá un estado de derecho verdadero cuando desde el propio gobierno no se protejan conductas delictivas, cuando opere el contrapeso de poderes autónomos que se limiten entre sí, cuando el estado además de tratar de controlar las conductas de los ciudadanos empiece por controlarse a sí mismo.

De allí partiría la fuerza moral con la que el estado puede normar la conducta de los ciudadanos dueños de derechos, que son su razón de ser, y no simples súbditos, lo que parece cada vez más difícil de entender para gobernantes reacios a escuchar visiones distintas a las suyas.

Hablar de estado de derecho solo para someter ciudadanos y no para controlar al estado en sus excesos, es un discurso falso, hueco y digno de un escepticismo tan sólido como el que cada vez se escucha más en la sociedad con respecto a sus gobernantes.

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