Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 9 de febrero de 2020

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on febrero 9, 2020 at 7:11 pm

* Las acciones mediáticas contra la inseguridad se derrumban

* Ascencio Barba decide enfrentarse a la comunidad de Santa Rosa

* Intervendrá Profepa en fraccionamiento ilegal de diputado

Ilustraciones: @PincheEinnar

1.- Ni el Marro ni la novia detenidos; la guerra sigue

Para una jueza federal, la detención de Karina N, identificada como compañera sentimental de José Antonio Yépez y presentada así ante los medios con evidentes objetivos sensacionalistas, fue improcedente por fallas técnicas de la Fiscalía General del Estado, cuyos responsables realizaron la operación en conjunto con fuerzas federales.

El tema se politizó de inmediato, no por otra causa que por el mismo afán propagandístico mostrado por las autoridades locales al boletinar de forma intensiva la captura, tratando de presentarla como un “éxito” de sus operaciones de inteligencia.

Al caerse la detención, por un aspecto técnico de quien presume insistentemente sus procedimientos “científicos”, se crea un efecto búmerang que golpea bajo la línea de flotación a la de por sí gastada imagen del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien ya no siente lo duro sino lo tupido.

Hay que recordar que el anuncio de la captura ya llevaba en sí mismo un interés propagandístico pues pretendía paliar las críticas y la preocupación por una ola de ejecuciones que incluían arteras masacres, sobre todo en Celaya y Villagrán.

Hubo incluso hipótesis en el sentido de que se estaba sacrificando una línea de investigación estratégica al sacrificar la posibilidad de que el líder huachicolero se expusiera al reunirse con Karina N., lo que podría haber llevado a su detención.

Al sacrificar esa posibilidad, la FGE parecía estar tratando de contener el impacto negativo de los saldos de violencia desatada con una detención con objetivos eminentemente propagandísticos.

La detención de la presunta “novia” del Marro fue acogida con entusiasmo por medios de comunicación locales y nacionales, como si se tratara de una captura estratégica en contra del grupo delictivo, cuando en realidad el valor de la presa parecía estar muy alejado de las líneas de decisión al interior del cartel Santa Rosa de Lima.

Sin embargo, los espacios de prensa se coparon con la noticia, la táctica del morbo funcionó y la FGR se anotó un tanto importante. Es por eso que la liberación dictada por una juzgadora federal, viene a producir un efecto catastrófico en el terreno en el cual ha decidido moverse el gobierno en medio de la crisis de inseguridad: el estrictamente mediático.

Todo indica que mientras la autoridad local no elija dar una batalla profunda para combatir la impunidad, atacar las causas de la violencia y reestructurar las corporaciones policiacas de la entidad, incluyendo las estatales, los triunfos que presuma seguirán siendo meras ilusiones.

2.- La provocación de un diputado federal

Cinco años después de haber comprado un terreno en la sierra de Santa Rosa y de haber iniciado la construcción de un complejo entre residencial y hotelero, el cual fue cobijado por funcionarios sospechosos de corrupción, el hoy diputado federal Sergio Ascencio Barba se dignó buscar a los habitantes de la comunidad en la que se inserta su inversión “para darles explicaciones”.

Con imprudencia, incluso rayando en la provocación, Ascencio se apersonó en una reunión de información convocada por la comunidad de Santa Rosa donde expertos en temas ambientales hablarían de los efectos para la zona que traerán desarrollos como el de la Cucursola.

Ascencio Barba nunca buscó a los habitantes cuando consiguió, a través de José Lara Lona, el ex director de Simapag que ya tiene en su haber un proceso por malos manejos de recursos públicos cuando fue funcionario del ISSEG, el suministro de agua desde la presa de Peralillo, negociando únicamente con tres miembros del comité de agua.

El legislador no ha exhibido hasta ahora el documento madre en el que basa su pretensión de legalidad de su desarrollo. Pretende que lo sea un oficio entregado por la delegación de Semarnat en Guanajuato en el año de 2015, cuando ocupaba la titularidad el hoy diputado local del PVEM, Israel Cabrera, en el cual se le responde a una consulta sobre los requisitos de la normatividad federal para desarrollos en terrenos considerados forestales.

¿Porqué Ascencio no ha sacado ese as bajo la manga en medio del actual debate público sobre la legalidad de su inversión?

Probablemente porque se trata de un documento que no ampara las acciones que ha tomado en base a los permisos municipales que le ha otorgado su correligionario Alejandro Navarro de forma exprés, pues al parecer es una simple consulta respondida de buena fe por la dependencia, pero que no lo exime de conseguir autorizaciones formales.

La actitud de Ascencio en Santa Rosa este viernes, un arrojo temerario, una cierta prepotencia amparada en sus recursos económicos y la protección de su cargo de diputado federal, su compra de notas en blogs irapuatenses para defenderse y denostar las críticas en su contra, todo revela que este político-empresario que sueña con ser alcalde de Irapuato, aún está demasiado verde y no precisamente por ambientalista.

3.- El fraude de las mochilas: las sombras de Alvar, Isidro, Marco, El Gallo

La investigación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del sistema Estatal Anticorrupción, en su nueva etapa, sobre la proliferación de empresas fantasma en los contratos de la administración estatal,varias municipales y entidades descentralizadas y autónomas, trajo una sorpresa que no lo será tanto.

La compra de las mochilas del programa de prevención social de la violencia siempre estuvo cuestionada. Los proveedores mismos se quejaron de favoritismo en diversas ocasiones; los precios se inflaron a ojos vistas y se eligió a los fabricantes más caros; finalmente surgió un escándalo por la pésima calidad de las telas usadas, con niveles de plomo hasta diez veces por encima de la norma.

Con la denuncia realizada por Fernando Revilla, presidente del CPC, salió a la luz la existencia de una empresa fantasma, Distribución Profesional Joga, S. A. de C. V., que opero la venta de las famosas mochilas intermediando la venta de la empresa Ghigasa, originaria de Chiapas, que en su momento fue cuestionada por precio y por calidad de los textiles.

Es decir, ante los cuestionamientos a Ghigasa todo parece indicar que Joga operó como intermediario o vendedor de facturas, una actividad particularmente socorrida entre quienes incurren en la calificación del SAT como empresas sospechosas de realizar operaciones simuladas.

El material es suficiente como para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tome cartas en el asunto e investigue todos los ángulos de una operación en la que participaron de manera decisiva el aún secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca; el entonces subsecretario de prevención, Marco Rodríguez; el ex subsecretario de administración de Finanzas, Isidro Macías Barrón.

Atrás de todos ellos planeaba como una sombra el artífice de todas las adquisiciones en ese gobierno: Rafael “el Gallo” Barba Vargas.

No solo se compraron mochilas carísimas, con telas contaminadas con plomo y riesgosas para la salud de los niños y jóvenes de Guanajuato, sino que además se evadieron impuestos y se simuló una intermediación, evidente con la finalidad de burlar la ley y la observación pública. En el camino, toda esa ingeniería debió estar al servicio de prácticas corruptas.

El colmo de colmos es que esa compra usaba como pretexto “la prevención de la violencia”, algo que a ojos vistos no ocurrió en Guanajuato, sino que al contrario, todo empeoró en estos años. El fraude constituye además un crimen de lesa humanidad contra los ciudadanos de Guanajuato.

Los 91 millones de pesos que se invirtieron en las mochilas de Ghigasa a través de Joga son muchísimo más dinero del que dispondrá, por ejemplo, el programa contra las adicciones que está arrancando Daniel Díaz Martínez , el secretario de Salud, con su programa islandés.

El uso de recursos públicos para proyectos que solo encubrieron corrupción tendría que ser revisado a fondo por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, si en verdad quiere mandar la señal de que su gobierno trae otro chip diferente al de Miguel Márquez.

¡Ah! y un personaje como Alvar Cabeza de Vaca, nada tendría que hacer en el gobierno si esa señal va en serio.

Cualquier otra cosa será simplemente simulación y encubrimiento. Más de lo mismo.

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