Arnoldo Cuellar

Injusticia a río revuelto

In Análisis Político, POPLab, sinembargo.mx on febrero 7, 2020 at 4:00 am

Algo profundo está podrido en la procuración de justicia de Guanajuato, cuando el presunto asesino doloso de 4 niñas en Cuerámaro está prófugo gracias a la protección de su padre, un funcionario que goza de “permiso económico” de la Secretaría de Educación, mientras 17 personas que exigían justicia y traspasaron los límites de una protesta pacífica, permanecen presos acusados de terrorismo, por el selectivamente implacable fiscal Carlos Zamarripa.

Protesta en León el jueves 6 de mayo. Foto: Facebook

Algo profundo está torcido en Guanajuato, cuando la fiscalía del estado festeja por todo lo alto la detención de la “compañera sentimental” del líder huachicolero más buscado del país, pero a los pocos días esta sale libre por “fallas en el cateo” realizado por esa misma fiscalía, sin una orden judicial.

Algo muy grave pasa en Guanajuato cuando un empresario veracruzano es detenido por los guardias de corps del gobernador del estado, por el pecado de entrar a visitar a una persona al clúster donde vive el mandatario acompañado de guardias armados, justo como se pasean buena parte de los empresarios leoneses y resulta vinculado a proceso por el testimonio de policías que ni siquiera estuvieron presentes en la detención.

Algo peligroso y delicado se incuba en la entidad cuando la empresa Toyota decide blindar al máximo la ceremonia de inauguración de su planta, en un municipio cuyos habitantes tienen la desgracia de no poder blindarse y estar permanentemente a merced de la delincuencia.

Hoy Guanajuato vive una enorme falta de seguridad, una consistente crisis de impunidad y una discriminación atroz en la procuración de la justicia que solo parece operar para algunos mientras deja en la indefensión a todos.

Hoy Guanajuato vive una dictadura policiaca donde es más fácil para los ciudadanos, los funcionarios y los líderes sociales sostener un diálogo con el gobernador que con su secretario de seguridad o con el fiscal del estado.

Vive Guanajuato una anomalía política y gubernativa cuando se aprecia que el gobernador no logra el rumbo de su administración, pero su gabinete de seguridad desprecia críticas y señalamientos con gala de prepotencia, como si estuvieran más allá de cualquier escenario de rendición de cuentas.

Se debate Guanajuato en la incredulidad cuando el gobernador accede, incluso a regañadientes, a atender reclamos de víctimas de la inseguridad, pero el fiscal no se digna ni siquiera a amonestar a sus funcionarios que los maltratan a diario.

Platico con alcaldes que me dicen: “podemos hablar con todo el gabinete, menos con Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, ellos están en el Olimpo.”

Desde sus costosos helicópteros, usados para trasladarse de la casa a la oficina y de la oficina a los saraos con los que se regalan cotidianamente, los zares de la seguridad de Guanajuato ya no pisan tierra.

Y así, ni siquiera les importa que su costosa campaña publicitaria para festejar la captura de “la novia del marro”, se vaya al caño por una mala integración de la carpeta, pronto los veremos culpando a medio mundo por ello sin aceptar su responsabilidad.

Y, para acabar de redondear el escenario de catástrofe, ahora tenemos que los alguaciles de Guanajuato pelean con las corporaciones cuyo control han perdido por su propia ineficacia, como ocurrió en Celaya, en buena medida para poner en jaque a los nuevos directivos de la policía, que ya no se encuentran dentro de su esfera de poder.

¿De verdad alguien cree que todo eso abona para abatir el auge de la inseguridad y la violencia en Guanajuato? El caos no produce más que caos.

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