Este domingo se boletinó desde la Fiscalía General de la República la decisión de un juez de control para vincular a proceso a Eliseo “G”, alias el Titis, detenido hace una semana y luego liberado por un juez del fuero común solo para ser reaprehendido por cargos de delincuencia organizada.

La situación parece marcar una nueva frontera entre lo que se hace en Guanajuato para luchar contra la delincuencia, que parece meramente discursivo, y el verdadero golpe de timón que viene a ser una acción decidida del gobierno federal contra el cartel local de Santa Rosa de Lima que creció y prosperó no por su poder y su sagacidad, sino por la omisión y las probables complicidades desde diversas esferas de gobierno.
Hoy se conocen las historias, se filtran desde diversas trincheras, de como José Antonio Yépez, el Marro, fue cercado por lo menos en un par de ocasiones, en 2013 y a principios de este año, sin que ello tuviera consecuencias.
La administración federal de Enrique Peña Nieto nunca lo consideró un objetivo y desde la administración central de Pemex nunca se intentó frenar la corrupción interna o la fragilidad ante las amenazas externas, que permitieron el saqueo de incontables millones de litros de hidrocarburo, los mismos que fincaron el potencial económico de este grupo delictivo.
Pero tampoco el gobierno estatal y la entonces Procuraduría General del Estado, con las fuerzas de la Secretaría de Seguridad, consideraron nunca seriamente enfrentar a este grupo delictivo que, en medio de la impunidad de la que gozaba, se dio el lujo de corromper a policías y administraciones municipales, como ya se ha evidenciado incluso en conversaciones telefónicas filtradas a los medios.
Contrario a lo que dice la vocera de seguridad del estado, un cargo inventado por Diego Sinhue Rodríguez para ayudar a Carlos Zamarripa con su mala prensa, pero que ha terminado por diluirse y contribuir a la desinformación, el objetivo del golpe de timón no es desmantelar al Cártel mediante un ataque a sus líderes de segundo nivel.
Más bien no hay objetivos, sino una reacción del gobierno federal, un tanto caótica, casuística y muy reactiva, para responder al desabasto de gasolina de enero y frenar un estado de cosas que había llegado a convertir a varias comunidades del centro del Estado, incluyendo cabeceras municipales, en tierras de nadie.
Sin el desabasto de enero, cualesquiera que hayan sido las razones, sin las mantas amenazando al presidente de la República y sin la masacre de Salamanca y el atentado a la comisaría de Celaya, probablemente ni siquiera estaríamos hablando de un operativo que en su primer efecto ya logró desmantelar al cartel que resultó ser una simple banda a la que engrandeció la impunidad.
Llama la atención como cada vez que Diego Sinhue quiere presumir que su gobierno está logrando restaurar el estado de derecho, se resiste a hablar de quien permitió que las cosas llegaran a ese nivel, su antecesor y principal impulsor político, el ex gobernador Miguel Márquez Márquez.
Un mucho como le pasa a Andrés Manuel López Obrador que todo el tiempo tiene críticas para el neoliberalismo y su corrupción rampante, pero que evita tocar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores.
Aquí es peor, sin embargo, pues los directamente responsables de la impunidad con la que actuó un cartel local que penetró las esferas políticas de media docena de municipios en el estado, siguen en sus cargos y han recibido la ratificación plena del nuevo gobierno y del nuevo Congreso de mayoría panista.
Por eso, el hecho de que el Titi se encuentre ahora en una prisión federal y haya sido sometido a proceso, sacándoselo de las manos a la justicia local, no puede dejar de ser significativo.
Puede ser que sus testimonios conduzcan al cerco y captura de el Marro, ese líder criminal que actuó a placer por un sexenio y medio en Guanajuato y de quien hoy se dice en el estado que “no es objetivo”.
Pero también puede ser que las palabras de Eliseo “G” ante un juez federal puedan iluminar algunas de las múltiples formas que asumió la protección que le ofreció a su grupo una estructura política que tiene aún muchas explicaciones por rendir.