Dentro de todos los males que ha significado para Guanajuato, contando vidas y deterioro de su paz, el líder criminal José Antonio Yépez también se convirtió en un instrumento de exhibición para la clase política que gobierna el estado.

Hasta hace un par de años, el Cartel Santa Rosa de Lima, que de 2019 al día de ayer vino en constante decadencia hasta lograrse la captura final de su principal cabecilla, los políticos del centro y sur de Guanajuato y también en la capital del estado hablaban del líder criminal con cierto temor reverencial.

El año pasado supimos que muchos alcaldes, jefes de policía y funcionarios de los municipios, estaban cooptados o coaccionados por el jefe del cartel huachicolero. Varios de ellos fueron blanco de atentados y no pocos han perdido la vida. Corporaciones enteras se vieron corrompidas por el manejo de efectivo de un delincuente que saqueó a placer los ductos de Pemex por casi una década.

Hasta antes de enero de 2019, cuando el gobierno lopezobradorista declaró la guerra al robo de combustible en la empresa que para el nuevo presidente significa un baluarte del renacimiento nacionalista, los políticos de Guanajuato, como el ex gobernador Márquez y el propio procurador Zamarripa, consideraban al CSRL un rival invencible y nadie osaba molestarlo en su reducto en Santa Rosa de Lima, en el corazón del Bajío guanajuatense.

Bajo los pretextos básicos de que la delincuencia organizada era un tema federal y de que había absoluta falta de colaboración de la paraestatal, ambas cosas ciertas, el gobierno de Guanajuato se tiró a la hamaca, cerró los ojos ante la cauda de delitos del fuero común que derivaban de la actividad del grupo criminal y dejó que la paz del estado se fuera por el caño.

No queda muy claro, por ejemplo, que la inacción federal frente al robo de combustible y frente al Marro, no motivara una sola crítica, reclamo o posicionamiento público de parte de Miguel Márquez hacia Enrique Peña Nieto. Todo lo contrario, se llevaban a partir de un piñón, Guanajuato tenía obra federal en abundancia y cada visita presidencial era una fiesta.

En cambio, hoy que desde los primeros meses en el cargo López Obrador mandó la señal para combatir la actividad delictiva en torno al robo de combustible, el gobierno del estado se ha montado en una campaña de confrontación y de desplantes frente al gobierno federal.

Parece entonces que el motivo del conflicto no es tanto el no hacer frente a la delincuencia, sino el hacer.

Los primeros golpes de fuerzas de la marina, el ejército y la policía militar en contra del cártel de Santa Rosa de Lima, evidenciaron la debilidad del grupo criminal. Fuera de los tumultos de mujeres y menores que salían al paso de las fuerzas policiales para entorpecer y provocar, no parecía haber mayor capacidad de respuesta. Los sicarios del Marro, eficientes para actos de barbarie terrorista como el ametrallamiento de bares, tortillerías, agencias de autos, inspecciones de policía o anexos, no parecían equipados para hacer frente a fuerzas tácticas profesionales.

Sin embargo, pese a mantenerse a salto de mata por más de un año, la captura de Yépez Ortiz se complicó, no solo por su mejor conocimiento del terreno, sino básicamente por algo que no puede ocultarse a estas alturas: las complicidades oficiales desde municipios y dependencias estatales de las que seguía siendo beneficiario.

No hay otra forma de explicarse el encontronazo del pasado 20 de junio, seis semanas atrás, cuando el operativo destinado a detenerlo fracasó y se convirtió en motivo de una disputa que llegó a los más altos niveles políticos entre la federación y el estado.

El individuo presentado a retazos en videos y fotografías filtradas a los medios y compartidas institucionalmente, es un personaje disminuido y sin mayor capacidad de acción, capaz de acciones desesperadas y sangrientas, pero ya no de poner en jaque la seguridad del estado.

Hasta donde se puede apreciar, más por signos que por información transmitida oficialmente, la captura fue realizada un esquema de coordinación que se exhibió en todos los detalles. Al parecer la visita de Andrés Manuel López Obrador y su encuentro con Diego Sinhue Rodríguez, hace dos semanas, tuvo el efecto de que las discordias operativas quedaran atrás.

José Antonio Yépez comparecía ayer en el búnker de quien durante la década pasada lo dejó trabajar a placer, según confirmó la Fiscalía del Estado en un despacho de prensa por la tarde del domingo. Ahí lo esperaba un helicóptero para trasladarlo al penal del Altiplano en el estado de México donde sería presentado ante un juez federal.

Los efectos que se esperan para Guanajuato son muchos: uno de ellos sería la acción política para depurar las policías municipales que fueron penetradas por el Marro. Otra sería la detección de las complicidades que permitieron el crecimiento de este poder criminal, inédito en Guanajuato. Finalmente, la coordinación debería durar un buen trecho, el suficiente para resistir el embate de otros grupos delictivos que quieran aprovechar el vacío que surge en el bajo mundo del territorio estatal, muchos de los cuales ya están aquí.

Eso será lo verdaderamente relevante y no el patético espectáculo de guerra de porras en las que se enfrascó la clase política el día de ayer, para apropiarse del crédito de una captura que debió haber sido hace muchos años.

La superficialidad que evidenciaron explica en buena medida porque hemos llegado a dónde estamos.