* Guanajuato sigue violentado por una guerra de cárteles

* Ejecución de alto impacto en Celaya, respuesta del cártel local

* La violencia soslayada tiene que ser enfrentada por el estado

1.- Las calles del estado son zona de guerra

Más allá de lo que las autoridades quieran creer, por debajo de los pueriles discursos de quienes se ostentan como voceros oficiales y que solo demuestran no tener idea de lo que está pasando, Guanajuato vive amenazado por una confrontación de dos grupos criminales fuertemente armados, que circulan a placer y que no tienen límites para mantener su control en los negocios ilegales que dominan.

En medio de esa batalla hasta ahora no habían estado los responsables de la clase política que domina el estado, pero si los ciudadanos, los policías municipales y estatales y, lamentablemente, la población más joven del estado víctima directa de la proliferación del mercado de drogas y de la violencia asociada.

Hasta hace no mucho, los políticos convivieron con la presencia del crimen organizado en las ciudades, se creyeron las versiones interesadas de personajes como Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca.

Gobernador, alcaldes, funcionarios, diputados, líderes de sindicatos patronales y capitanes de empresa trataron de creer que no pasaba nada, que los peores momentos de la inseguridad ocurrían lejos de sus esferas personales, que sufrían consecuencias quienes “se involucraban”, quienes corrían riesgos o circulaban por lugares equivocados en momentos equivocados.

Así se fue extendiendo el cáncer. Así surgió un cártel local en el corazón del Bajío, a escasos kilómetros de donde Juan Manuel Oliva quiso construir una nueva refinería y solo logró crear un latifundio que hoy se arrienda a poderosos capitalistas agropecuarios, no sin escándalos de corrupción de por medio.

Miguel Márquez y sus voceros aseguraban que la seguridad no era materia del discurso oficial porque “no vende”. Sin embargo, la aprovecharon muy bien para sus propósitos personales al inaugurar el sexenio con el contrato de 2 mil 700 millones de pesos a una desconocida empresa de seguridad del estado de México, Seguritech, para instalar miles de cámaras y cientos de arcos carreteros en un gasto que a la postre se reveló inútil, salvo para quienes engordaron sus cuentas de banco con las comisiones derivadas.

La seguridad también fue el gran pretexto para que Miguel Márquez construyera su relevo sucesorio: eligió con gran tino al único político que podía sostenerle la promesa de mantener en su cargo a Carlos Zamarripa, su seguro de vida y su fuente de poder para seguir influyendo en la política estatal. La continuidad de Zamarripa fue el factor determinante para la candidatura de Diego Sinhue Rodríguez.

Así el tema de la inseguridad volvió a ser aprovechado por Márquez para infiltrarlo en las decisiones políticas y contaminar de forma decisiva a su partido.

Los diputados del PAN debieron convertirse en serviles aplaudidores del procurador hoy fiscal. Un congreso, el encabezado por Jesús Oviedo, lo aupó como fiscal autónomo asegurando que no era un cheque en blanco No fue en blanco, hipotecó con él la tranquilidad de Guanajuato y llevó su paz a la bancarrota.

Hoy cuando los políticos se preguntan qué está pasando y cómo llegaron las cosas a la situación actual, solo dejan ver dos cosas: hipocresía suprema y desmemoria selectiva.

Es preciso decirles que la violencia que ha hundido a Guanajuato a los peores momentos de su historia no tiene que ver con la invasión de hordas criminales provenientes de otras geografías, sino con su reiterada inacción, su corrupción y su grave irresponsabilidad para cuidad a los ciudadanos que les han refrendado su confianza en las urnas una y otra vez.

¿Hay solución?

Pienso que sí, pero no podremos recuperar el buen camino si persisten las mentiras, el ocultamiento, la ausencia de política y el ansia de popularidad, algo inverosímil en medio de la situación que estamos viviendo.

Ya lo único que nos falta es que alguno de estos políticos invite a la revista Vogue para retratarse en los helicópteros o con las pistolas.

Y son capaces.

2.- Se radicalizan las células sobrevivientes de CSRL

Tras la noche de los cristales rotos, el pasado 9 de agosto, la violencia ha continuado en Guanajuato. Los eventos criminales de alto impacto no cesan y parece haber una competencia entre grupos criminales para sembrar el terror con acciones que incursionan en territorios nuevos de agresividad y amenaza a la población.

El asesinato a mansalva de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya Javier Mendoza Márquez, ha sido reconocido por células del cártel Santa Rosa de Lima que han sobrevivido a la detención de su líder, José Antonio Yépez “El Marro”.

La acción, inexplicable en sí misma, solo puede ser atribuida a una acción de propaganda de ese grupo que no quiere quedarse atrás de sus competidores, después de la jornada de violencia de una semana antes en una docena de municipios del estado.

Si la justificación es la posible complicidad entre policías municipales de Celaya y el cártel de Jalisco, no se explica un atentado contra una persona que nada tiene que ver en ese tema y que atraerá la atención del entorno político no solo local sino también nacional.

La ejecución del empresario celayense, quien se encontraba desprovisto de protección y en un vehículo común parece perseguir una sola cosa: mandar el mensaje de que el grupo criminal local sigue actuante.

Ante ese reto y el que ya planteó el cártel Jalisco tras la reacción a acontecimientos ocurridos en Jalisco, lo que resulta más que claro es que la política de dejar hacer y dejar pasar del gobierno estatal, tiene que dar lugar a una mayor proactividad y a una coordinación profunda con el gobierno federal, extremando el trabajo político para que no quede solo el discurso sino que trascienda a las acciones.

Continuar solapando la actuación del crimen organizado en cualquiera de sus vertientes, solo conseguirá una intensificación de la violencia, como ya se ha visto en las semanas recientes.

3.- El control de la violencia por encima de las rivalidades partidistas

A menos de 24 meses de las elecciones donde se renovarán todas las autoridades locales así como el gobierno federal, resulta de la mayor importancia iniciar un proceso distinto de contención del crimen organizado en el país y en Guanajuato.

A nivel del gobierno de la República parece estar cambiando la política original de no atacar cabezas de grupos criminales, como se ha visto en las semanas recientes y como se ha podido registrar por las reacciones violentas de esos mismos grupos.

Han habido acciones fallidas, como la de Jalisco que repercutió en Guanajuato, pero lo relevante parece ser el cambio de estrategia.

Ahora falta una mejor coordinación entre fuerzas federales y locales, tanto en el terreno de la inteligencia como en el de la prevención de las represalias que se puedan suscitar.

La semana pasada se vio al gobernador Diego Sinhue Rodríguez reunido con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Esta semana, las fotos difundidas fueron con los generales Enrique García Jaramillo y Francisco Ortega Luna, comandantes de la 16ava. Zona Militar y de la XII Region Militar, para acciones de coordinación.

Es de esperarse que más allá de las fotos, a las que tan afecto es este gobierno, la coordinación y el intercambio de información baje a los niveles operativos y se mantenga, además de que cese el intercambio de acusaciones que se lanzan entre sí los políticos panistas y morenistas.

La lucha contra un fenómeno criminal desbordado como el que nos aflige, debe estar por encima de las rivalidades coyunturales de líderes partidistas y legisladores que poco han abonado a combatir ese flagelo y más bien han sido omisos en sus responsabilidades.