* Grupos criminales se asumen dueños del estado

* Distante discurso de clase política sobrevuela la realidad

* La sucesión como distractor será contraproducente

1.- La invasión criminal está en todo Guanajuato

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación no es nueva en Guanajuato. Sus enfrentamientos con el local Santa Rosa de Lima salieron a la luz a fines del gobierno de Miguel Márquez y se recrudecieron en los primeros años de Diego Sinhue Rodríguez.

Su discurso público, a través de narcomantas y videos hizo énfasis siempre en su respeto a la población civil, tratando de contrastar con los ataques de las huestes del Marro a centros de diversión, anexos y puntos de distribución de huachicol donde a menudo abundaron las víctimas colaterales.

Esa posición cambió el pasado martes 9 de agosto, cuando una orden emitida en Jalisco, tras un intento de captura de mandos de ese grupo, desató una ola de ataques incontrolados en al menos 11 municipios de Guanajuato, la mitad de los cuales ocurrió en Irapuato.

El pasmo inicial y el temor derivado de una jornada nocturna de caos y sobresalto, dio paso luego a otras reflexiones: los alrededor de 50 ataques contabilizados por diversas fuentes produjeron dos víctimas mortales, las cuales incluso fueron negadas en un principio por autoridades locales y federales, incluyendo al gobernador y al presidente de la República.

Se trató de conductores de dos tractocamiones interceptados en la carretera Pénjamo – Irapuato, los sicarios les dispararon y también trataron de incendiar los vehículos sin lograrlo del todo.

Toda pérdida es lamentable, sin embargo, luego de conocer el terrible saldo de los ataques a la población civil en Ciudad Juárez, con 11 muertos, entre ellos un niño, dos dependientas de una tienda encerradas antes de incendiar el local y 4 trabajadores de un medio de comunicación, queda clara la magnitud de lo que pudo ocurrir si la actitud de las células de sicarios hubiera sido diferente en Guanajuato.

La circunstancia nos lleva a pensar con claridad que todos estamos en riesgo ante la penetración de los grupos violentos en nuestras ciudades, su capacidad de acción y de movilización y la histórica inacción de las fuerzas de seguridad pública, bien por omisión bien por complicidad.

Vivimos de hecho en medio de una zona de guerra que puede manifestarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no existen espacios y tiempos “equivocados”, nuestras ciudades y carreteras completas lo son.

La negación de los gobiernos de los tres órdenes a la situaciòn de emergencia en la que vivimos y su empeño en convencernos de que “todo esta bien” y que “nos están en cuidando”, cuando en realidad no tienen control ni de sus policías ni mucho menos de las organizaciones criminales, resulta una mentira flagrante de posibles consecuencias homicidas.

Hemos sido complacientes como sociedad y ahora lo estamos pagando. Baste recordar como los organismos empresariales, los partidos de oposición, los diputados, los medios de comunicación y opinantes diversos le dieron su aval sin condiciones al ex gobernador Miguel Márquez Márquez para que invirtiera 2 mil 700 millones de pesos en Escudo, un programa de videovigilancia y prevención que nunca dio frutos.

A la postre se supo que la empresa beneficiada, Seguritech, construyó un imperio gracias a la complicidad con políticos y funcionarios públicos de todo el país que la favorecieron no solo como proveedor privilegiado sino para otro tipo de negocios, en el caso de Guanajuato la venta a precio especial de un terreno de ventajosa ubicación en el Puerto Interior, junto al aeropuerto de Guanajuato, para el desarrollo de un parque aeroespacial, que por cierto aún no cuaja.

Ninguna de esas cámaras, parece haber servido de mucho para frenar el surgimiento del Cartel Santa Rosa de Lima ni la llegada de Jalisco Nueva Generación, como tampoco sirvieron este martes, aunque los políticos gusten de retratarse frente a pantallas para vendernos la idea de que están “siempre en vigilia”.

Cuando la seguridad es tomada como pretexto para negocios de unos cuantos con la bendición de funcionarios públicos y el silecio cómplice desde la opinión pública, las cosas siempre se deterioran.

Aquí lo estamos viviendo hace años. Y el silencio sigue.

2.- El fotogobierno y su realidad alterna

Algunos días después de la violencia desatada el martes y miércoles de esta semana, los responsables de la gobernabilidad local se dieron vuelo subiendo videos, selfies y comentarios en sus redes sociales, asegurando, cual más cual menos, que están muy atentos a cuidar a sus conciudadanos.

Es lo que popularmente se define como tapar el pozo después de ahogado el niño. Lo interesante, lo delicado, es que las políticas y los políticos que entraron en esta dinámica, crean que pueden engañar, controlar daños, hacerse pasar por dedicados y esforzados servidores públicos, después de haber tenido graves ausencias cuando los hechos se suscitaban y la población buscaba más que nunca, saber qué estaba pasando.

Una funcionaria, la secretaria de Gobierno Libia García, fue quizá la única que salió en el momento a enviar un mensaje, el cual tuvo el mal tino de asegurar que la situación se encontraba “contenida y bajo control”, cuando la operatividad criminal continuó por varias horas más. Los riesgos de ser oportuno son entendibles, pero se aprecia más la decisión de salir a informar.

Diego Sinhue Rodríguez tardó algunas horas más, para informar que estaba atendiendo los incendios y recalcó que no había lesionados. Esas primeros apariciones, quizá por el mismo factor sorpresa, fueron relativamente sobrias.

Ese tono se abandonaría después para dar paso a comunicaciones que modificaron el tono informativo para caer en la franca propaganda, que es la peor manera de comunicar frente a situaciones que afectan a miles de ciudadanos.

Tras el estallido, incomprensible, caótico, atemorizante, el gobienro eligió el tono de la autocomplacencia y la justificación. Probablemente se detectó el impacto en la sociedad y se eligió la línea táctica del control de daños. El mensaje recurrente de que el estado ha hecho de la seguridad su prioridad, contrasta profundamente con la actitud previa a los actos violentos de eludir sistemáticamente el abordaje de los temas de seguridad.

Hubo casos particulares especialmente llamativos: el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, decidió que era tiempo de lucimiento y empezó a tomarse fotos desde temprano, cuando los ataques ocurrían en otros municipios, en el centro de comando y control de seguridad municipal; sin embargo de poco sirvió; la capital tuvo ataques de células criminales que no fueron previstos, detenidos o interceptados luego de realizados.

La situación generó una crisis de pánico en el centro de la ciudad, donde los bares estaban llenos por las bienvenidas universitarias en la semana de regreso a clases y las calles vieron estampidas de jóvenes que se alejaban de posibles lugares de riesgo en medio de rumores. Entonces Navarro decidió salir a las calles disfrazado de policía de élite y armado, lo cual pretendía abonar nada más que a su manejo desaforado de redes sociales.

Otro caso fue el de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrrez, a quien los acontecimientos la tomaron de viaje, en ciudad de México y de camino a Cancún a donde se dirigía a “promover el turismo hacia León”. La agenda debió ser modificada, no podía ser de otra manera si no se quería incurrir en un despropósito.

Sin embargo, el silencio de horas para dirigirse a sus conciudadanos, ya de por sí una falla, trató de ser compensado con videos producidos de una frialdad digna de mejor causa, carentes de empatía y de calidez comunicativa. La alcaldesa en un helicóptero de la policía con lentes de piloto de película y simulando una atención personal al tema de la seguridad, cuando se sabe que ni siquiera fue capaz de designar a su propio secretario de seguridad, no ayudan a superar el bache.

Frente a una realidad que no solo los afecta a ellos, salvo en su imagen y popularidad, pero que tiene consecuencias directas para la vida de las personas, el elegir modelos comunicativos chabacanos y de recetario político, evidencia frivolidad, incomprensión de la cotianidad y desprecio a la política como instrumento de conducción social.

Querer gobernar desde una burbuja es una mala receta desde los tiempos de Luis XVI.

Y para saberlo, hay libros de historia, diría la publicidad de la maás famosa librería de México.

3.- Y la violencia enfría el juego sucesorio

Esa mañana de martes, que en la noche exhibiría un infierno en una docena de municipios del estado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez seguía engolosinado con su juego de corcholatas, emulando las maniobras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pese a que su partido es persistentemente crítico del tema.

En las ceremonias del arranque del curso escolar 2022 – 2023, el rol estelar no corrió a cargo del secretario de educación, Jorge Enrique Hernández Meza, enredado en una serie de escándalos por la lenta atención a casos de violencia sexual contra niños en preescolares dependientes de su estructura.

Fueron la secretaria de gobierno, Libia Denisse García; y el secretario de desarrollo social y humano, Jesús Oviedo, los responsables de ir a entregar mochilas y útiles escolares a niños de diversos municipios, dentro del programa de subsidio con un costo de 100 millones de pesos que beneficiará a todos los estudiantes inscritos en las escuelas públicas del estado.

Más allá de las ayudas en tiempos de crisis, o del preselitismo a la marca panista, algo recurrente desde el gobierno de Juan Manuel Oliva y que tambiñen se ha prestado para negocios de personajes tristemente célebres, como el compadre de Miguel Márquez, Rafael Barba Vargas, la intención especifica del gobernador es la de continuar administrando el ritmo de su propia sucesión con los perfiles que él personalmente ha elegido como los punteros.

La irrupción de la realidad atroz que vive Guanajuato, horas después, borró lo que el mandatario quería enviar como señal para todo mundo, menos para uno que otro periódico y analistas políticos acostumbrados a ser correos del zar, que trataron de inflar el tema artificialmente, mientras Guanajuato entero se hundía en la preocupación, el temor y el enojo ante la violencia sufrida.

Parece una gran metáfora de los meses que se vienen. Mientras el gobernador quiere administrar los procesos palaciegos, afuera de los muros de sus minimalistas oficinas del G100, hay otros asuntos que se mueven bajo dinámicas distintas y de los que se ha elegido no saber, desconocer y negar.

No parece una forma muy sana de enfrentar el que quizá sea el momento central de un gobernante: evitar equivocarse en su sucesión.