* Diego Sinhue lanzó semáforo propio, pero culpa a Gatell de movilidad

* Las 20 mil pruebas rápidas, ¿para qué?

* Contagios en dependencias gubernamentales en la opacidad

1.- Diego Sinhue, atrapado entre dos discursos

El lunes 25 de mayo, en un evento que se quiso espectacular, con sofisticada producción y transmitido en vivo desde el Teatro del Bicentenario, ante la prensa y algunos pocos invitados especiales el gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez anunció el semáforo estatal de reactivación, que amplió de los lineamientos establecidos por su homólogo federal.

La señal de reapertura enviada con la activación de tres nuevas ramas industriales, automotriz, minería y construcción, fue potenciada con autorizaciones para funcionar parcialmente a los sectores calzado, textil, hospedaje, alimentos preparados y centros comerciales.

La movilidad, de por sí nunca frenada al nivel deseable, se disparó y en esta semaa pareciera que todo ha vuelto a la normalidad, con la excepción de las escuelas, lo que también complica las cosas, pues los menores en las casas sin adultos que los cuiden, están sujetos a situaciones de riesgo y no solo por la pandemia.

Fue notorio como la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, decidió terminar el curso el 5 de junio, con un comunicado emitido a la media noche del martes 2 de junio, lo cual no parece “grandeza”, sino improvisación y atropello.

Sin embargo, en materia de ordenamiento de la movilidad ni siquiera se ha dado la improvisación, sino que sencillamente hay ausencia del estado en la materia. Los transportes urbanos de la ciudades del corredor industrial y el transporte industrial, circulan atestados por todas las arterias de ciudades y por las carreteras, facilitando la circulación de los contagios.

No por nada, durante la semana que cierra el número de casos confirmados por día se mantuvo sobre un promedio de 170 diarios entre lunes y viernes, por 71 de la anterior semana. Ese incremento proviene de una circulación anterior a la producida por la reactivación, así que podemos esperar que lo visto en esta semana en materia de movilidad se refleje en cifras hacia mediados del mes.

De nada sirven los llamados del sector salud, si desde las esferas económica y política el discurso va enfocado en la reapertura de negocios, sobre todo si se toma en cuenta que el confinamiento siempre fue parcial.

Quizás es ante esa previsión y la decisión política de asumir los costos de la repaertura en crecimiento de la pandemia y pérdida de vidas humanas, que ha empezado la disputa política de a quien cargarle la responsabilidad.

Ayer se reunieron siete gobernadores en Tequila, Jalisco, en una operación de respaldo a Enrique Alfaro, cuestionado por sus medidas de prevención draconianas pero ineficaces, que ya provocaron una muerte y el estallamiento de protestas violentas en Guadalajara. Además de ese objetivo, también se lanzaron en contra del subsecretario de salud Hugo López-Gatell, responsabilizándose de las fallas en la coordinación de los semáforos de reapertura y del crecimiento de la movilidad.

Es decir, al responsabilizar a un funcionario de influir sobre las multitudes con simples discursos, por conradictorios y confusos que puedan ser, los gobernadores, jefes políticos de sus territorios, están tratando de justificar su inacción y su fracaso, sin mostrar la menor autocrítica.

La disputa está planteada y no cederá, además ya está embonada con la batalla preelectoral del 2021. La salud de los mexicanos será a partir de ahora un rehén más de la disputa entre las élites políticas.

Nuestro gobernador, que no se ha atrevido a romper lanzas contra López Obrador ni contra López-Gatell, se suma tibiamente a la alianza rebelde, como ya lo había hecho antes cuando en su evento de reactivación invitó al dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Jose Arturo Sánchez Castellanos, a lanzar un duro ataque contra el gobierno federal, casi al grado de llamar al separatismo, mientras el mandatario se reservaba los mensajes conciliatorios que se vieron opacados por la beligerancia del líder empresarial.

La disputa política está teniendo consecuencias que nos afectarán a todos: ni se combate al virus con eficacia, ni se reactiva la economía con “inteligencia”, como quería el gurú del plan Marshall de por acá, Eduardo Sojo. Parece el peor de los mundos.

2.- Veinte mil pruebas rápidas para COVID-19: ¿qué utilidad tendrán?

Esta semana, el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó de la adquisición de 20 mil pruebas rápidas (serológicas), por parte del gobierno de Guanajuato para incrementar la detección de casos de COVID-19.

La dimensión pude aquilatarse si se toma en cuenta que del 15 de marzo, inicio de la pandemia en Guanajuato, hasta hoy, se han realizado 15 mil 100 pruebas PCR en Guanajuato, de las que han resultado 2 mil 940 casos confirmados y 12 mil 160 descartados.

La aplicación de 20 mil nuevas pruebas permitiría duplicar el universo revisado. Sin embargo existe una limitante, pues la prueba rápida detecta anticuerpos y solo será efectiva en aquellas personas que hayan padecido COVId durante un periodo suficientemente amplio para haber generado una reacción inmunológica.

En ese sentido y como la propia Secretaría de Salud lo ha reconocido, la prueba serológica no sirve para diagnóstico, sino más bien para conocer quien se ha recuperado ya de COVID.

Las 20 mil pruebas han sido contratadas a la empresa Intermet, proveedora de los servcios de diagnóstico clínico y de banco de sangre desde hace varios años y en ese sentido, viejos conocidos de Fernando Reynoso Márquez y de María del Rosario Sánchez Navarro, el poderoso tandem que controla las finanzas de la secretaría y el laboratorio estatal, ambos cercanos al ex gobernador Miguel Márquez.

Se aclara que la erogación no se hará de un solo golpe sino que cada prueba tiene un costo aproximado de 250 pesos y se pagarán conforme se vayan utilizando.

Queda claro que las 20 mil pruebas no servirán de mucho para rastrear la propagación de la pandemia, donde lo más eficaz seguirá siendo el examen de reacción en cadena a la polimerasa (PCR), de la que solo se practica un número limtado cada día. En León, por ejemplo, cada centro de toma de pruebas aplica 25 al día, ni una más.

Queda la sospecha de si no se están empleando las urgencias de la pandemia para seguir ahciendo jugosos negocios con las mismas empresas que han monopolizado la venta de insumos al sector salud de Guanajuato desde el sexenio pasado.

3.- Brotes de COVID-19 en oficinas gubernamentales que nunca pararon

En las últimas semanas del confinamiento han surgido casos de propagación de SARS-CoV-2 en dependencias de gobiernos municipales y el estatal, donde la constante ha sido el intento de ocultar la información.

En el centro telefónica del C4 de León, el cual nunca disminuyó su actividad ni mejoró las condiciones de contigüidad entre el personal, se dio un brote que llegó hasta 23 contagios reconocidos oficialmente, los cuales se multiplicaron por los que tuvieron lugar entre las familias de las personas infectadas.

El tema surgió a la luz pública por denuncia de los propios afectados, ante la falta de solidaridad y apoyo de sus directivos, el titular del C4, Víctor Aguirre, y el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona.

En la televisora estatal, TV 4, fueron también versiones extraoficiales propagadas por empelados y familiares de ellos, los que dieorn la voz de alerta sobre otro brote, donde solo se reconocieron 4 contagios entre los que está un hombre fallecido este jueves, pero donde se conoce de varios casos positivos más.

En el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que regula las oficinas de urgencias médicas de los municipios desde el C5I en el Puerto Interior, se reportan extraoficialmente al menos 5 contagios más.

El brote de TV 4 pudo haberse propagado al Teatro de Bicentenario en ocasión del evento de lanzamiento del plan de REactivación estatal del pasado 25 de mayo. Por lo pronto, de forma preventiva se realizaron ya exámenes a los técnicos de ese espacio.

Este viernes, los viandantes del Centro Histórico de León se dieron cuenta de un desalojo intempestivo de las oficinas del Gobierno del Estado en la calle Juárez, a una cuadra de la presidencia municipal, aparentemente por una sanitización de emergencia ante la detecciónd e un caso de COVID-19. Esa fue la versión que corrió entre los desalojados, peor que no tiene ninguna confirmación oficial, como si no hubiese existido.

El argumento central de la Secretaría de Salud para no dar a conocer el lugar y el número de afectadas es que existe discriminación y hostigamiento hacia las personas que trabajan en las dependencias con presencia del virus y que dar esos datos peude prestarse a discriminación, ppor lo que se amparan en la legislación al respecto.

Sin embargo, ocultar esos datos también vulnera el derecho de las personas que trabajan en esas mismas dependencias para tomar previsiones y hacer lo propio con sus familias.

Por otra parte, el hecho de que los brotes de COVID-19 se presenten en oficinas donde se trabaja sin distancia y a veces compartiendo los mismos equipos, nos habla de lo peligroso que será en regreso a la actividad laboral en el sector privado.

Queda en evidencia también que muchos de los gastos realizados por dependencias públicas para establecer medidas preventivas, como los arcos sanitizantes, no sirven absolutamente de nada y pueden incluso ser contraproducentes.

Contrario a lo que se ha marcado como una línea eficiente para controlar la pandemia: la identificación y seguimiento de casos, aquí parece apostársele a la vieja táctica priista del avestruz: meter la cabeza en el agujero y dejar que el virus campee sin limitantes.