* Ir a la reapertura en el peor momento será devastador

* Gabinete de Seguridad: se acaban las cartas o la vergüenza

* Ciudad de los niños, omisión impune de Miguel Márquez

1.- Crecen los contagios, la irresponsabilidad y también la confusión

Al contrario de los gobernadores rebeldes que se organizan contra la 4T y que han decidido operar localmente sus fórmulas de reapertura gradual de actividades, en Guanajuato el gobernador Diego Sinhue Rodríguez parece contagiado por la misma prisa que invade a Andrés Manuel López Obrador.

Guanajuato ha mandado la señal de que las actividades reabren pese a que estamos por entrar al momento de mayor propagación del virus SARS-CoV-2, si nos atenemos a lo que muestra la curva de casos que exhibe cada día el sector salud de Guanajuato.

La reapertura no se limitará a las empresas automotrices, mineras y constructoras, como marca el semáforo federal. El gobierno del estado autorizó el funcionamiento parcial de las empresas de calzado y textiles, sin embargo, los líderes del sector quieren que esa apertura se incremente más allá de las empresas que surten productos sanitarios. Es la misma situación de los centros de entretenimiento y hasta de los gimnasio, todos quieren abrir ya ante la fuerte presión económica.

Ante las exiguas medidas de control mantenidas por municipio y gobierno estatal, la mayor parte de los negocios se disponen ya a reactivarse, todos aseguran que cumplirán con las medidas preventivas necesarias, pero también hay que decir que la capacidad de supervisión es limitada.

Otro problema vendrá con el aumento en el uso del transporte público, como además las medidas de higiene son solo cosméticas y se limitan al gel, arcos sanitizadores, cuya utilidad está en duda, y un superficial control sobre los cubrebocas que regularmente se emplean mal.

Los transportistas no han mostrado una gran conciencia social. Cuando disminuyó el flujo retiraron las orugas y dejaron a los camiones de menor cupo, con lo que nunca se logró un distanciamiento entre los pasajeros. Se ve difícil que en la nueva etapa cambien esa mentalidad de privilegiar primero el negocio y no la seguridad de sus usuarios.

Otros países dictaron medidas drásticas de confinamiento cuando las curvas de contagio se aceleraron y cobraron conciencia de la alta capacidad de contagio del nuevo coronavirus. Después de un drástico distanciamiento social forzado por medidas de coerción, lograron frenar la incidencia no sin haber pagado un alto costo en vidas y desgaste del aparato sanitario y de sus operadores.

Aquí en México, sin aprender de esas experiencias, cuando la curva empieza a flexionar en vertical en lugar de aumentar el confinamiento vamos a la apertura, por lo menos eso estará pasando en Guanajuato a partir del próximo lunes al incrementar los gobiernos locales las medidas de relajamiento permitidas por el semáforo federal.

Y las autoridades de los tres niveles, rechazando la coordinación, aunque coincidiendo en su sometimiento a las presiones económicas, solo se limitan a un intercambio de acusaciones que a nadie beneficiará y tampoco a nadie convencerá.

Como decía un clásico “nadie es culpable cuando todos desatinan”. ¿A eso le estarán apostando?

2.- Reciclan Álvar y Zamarripa a funcionarios con más fracasos que méritos

Sin rendir cuentas a nadie, con una absoluta autonomía de operación que se antoja incluso inconstitucional, el fiscal general y el secretario de seguridad del estado forman en los hechos una unidad de operación que hace lo que quiere… menos dar resultados.

En lo que parece una operación perfectamente sincronizada, Carlos Zamarripa movió hace unas semanas al fiscal regional de Celaya para reubicarlo en Irapuato. Israel Aguado relevó a Claudia Mota, la funcionaria que se había burlado de los colectivos de familiares de desaparecidos y cuya mayor fortaleza era la de ser cónyuge del fiscal especializado en delitos de alto impacto, Manuel Ángel Hernández, incondicional del fiscal.

Aguado viene de atender la zona más conflictiva del estado, la región Laja-Bajío, donde hasta hace poco se enseñoreaba el cártel Santa Rosa de Lima y ahora se escenifica una batalla sangrienta entre éste y el cártel Jalisco, con enormes daños colaterales para la población de esa región y con terribles consecuencias económicos, incluso desde antes de la pandemia.

¿En base a qué evaluación de méritos, un funcionario que ostenta un enorme fracaso en la tarea de perseguir los delitos en la zona, con altísimo índice de impunidad, recibe una promoción y es trasladado a una fiscalía de mayor relevancia? Probablemente solo a la lealtad hacia el fiscal, pero no por su eficacia.

No es el único movimiento inexplicable en el sector. Esta misma semana, Alvar Cabeza de Vaca finalmente despidió a Nicasio Fonseca, el director del sistema estatal penitenciario al que se le venía incendiando varios de los Ceresos del Estado, principalmente los de Valle de Santiago y Celaya.

Sin embargo, la noticia no fue la salida de Fonseca, sino la llegada de Juan José González, el ex secretario de Seguridad Pública de Celaya, antes de Salamanca, quien no ha hecho más que ofrecer malos resultados allí donde ha estado, siempre bajo la protección de Cabeza de Vaca.

González dejó Celaya convertida en un auténtico cementerio, incluyendo numerosos asesinatos de elementos bajos sus órdenes en la corporación de seguridad municipal. Su incuria colmó la paciencia de la presidenta municipal, la panista Elvira Paniagua, hasta llevarla al límite de romper sus acuerdos con Cabeza de Vaca y Zamarripa y recurrir a la contratación de un secretario de seguridad proveniente de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental.

González ha hecho carrera de policía, no parece tener ni experiencia ni aptitudes para dirigir un sistema cuyo objetivo central debería ser la rehabilitación. En realidad, todo indica que va solo como administrador de la guerra que ya se libra al interior de los centros penitenciarios, en una extensión de que flagela al estado.

¿Porqué el premio a alguien quién también fracasó en la tarea de prevenir el delito tanto en Salamanca como en Celaya? Solo lo sabe Cabeza de Vaca, pero la respuesta muy probablemente quede encerrada en una sola palabra: complicidad.

Resalta el silencio de otros actores, como el responsable del “gabinete” de seguridad si es que algo así sigue existiendo: Luis Ernesto Ayala. Aunque ya no extraña pues rápidamente el ex alcalde leonés se ha convertido en uno de los secretarios de gobierno más ausente en la historia del panismo gobernante, incluso por debajo del anecdótico Antonio Salvador García.

Pero en medio de ese silencio resalta una voz: la del diputado panista Rolando Alcántar, titular de la comisión de seguridad del Congreso y ex integrante de la burbuja dieguista en los inicios de la precampaña del hoy gobernador, peor a la postre expulsado de ella por el poderoso Juan Carlos *Charlie* Alcántara. El legislador, que no encuentra como congraciarse con el gobernador, dijo que esperaba que González “regresara a Guanajuato el primer lugar que gozaba en el manejo de los Ceresos”.

Es decir, hay problemas.

Sin embargo, el perfil del nuevo titular no ayuda mucho. Pero eso no ya lo ve el servil legislador.

3.- Ciudad de los niños: omisiones criminales de Miguel Márquez… y de todos

Finalmente, la protección de alto nivel extendida al presbítero Pedro Gutiérrez Farías desde los gobiernos panistas de Guanajuato, de Vicente Fox al actual, rendirá frutos dejándolo escapar de la mano de la justicia, pese a las graves irregularidades y los hechos criminales que tuvieron lugar en el albergue Ciudad de los Niños de Salamanca.

La nueva recomendación de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhibe pormenorizadamente la larga cadena de complicidades que protegió a Gutiérrez Farías de ser investigado después de que se detectaron violaciones a derechos humanos y delitos llanos cometidos por quien se ostentaba como “protector” de la niñez y con esa careta conseguía donativos millonarios de instituciones públicas, donatarios privados y ciudadanos comunes.

La recomendación, sin embargo, parece bastante tibia cuando después de documentar “tortura, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos y homicidios”, apenas califica de “omisiones” a la flagrante inexistencia de investigaciones serias que lleguen hasta los responsables de esos hechos.

Porque si bien las autoridades señaladas por la recomendación, donde se incluyen tres gobernadores, dos fiscales, dos alcaldes y los titulares del DIF municipal de dos estados y los mismos dos municipios, pueden ser responsables de esa “omisión”, lo cierto es que tras ella hay delitos muy claros que quedarían impunes de no reabrirse las carpetas de investigación que la Fiscalía de Guanajuato cerró en el gobierno de Miguel Márquez, cuando todavía era Procuraduría de Justicia.

Queda a deber la misma recomendación al no señalar al municipio de Salamanca, desde donde se le operó una protección especial al sacerdote Gutiérrez Farías tanto pos los pasados alcaldes panistas, en el momento de los hechos a los que alude el documento, como en el presente, con la alcaldesa morenista (ex panista) Beatriz Hernández, quien incluso tuvo a Gutiérrez Farías como uno de sus principales invitados en su toma de posesión.

Al final del día, con o sin recomendación, queda claro que la protección de la infancia sigue postergada en la maraña judicial mexicana y que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes violentados solo son una moneda de cambio entre las élites políticas, incluso en la traqueteada Cuarta Transformación. Nada nuevo bajo el sol.