* El poder empresarial detrás de los fracasos de SAPAL
* Morena se suma a la *mafia del poder* en Guanajuato
* Priistas creían que no caerían más bajo; se equivocaron
1.- Persiste visión privada en la gestión del agua, pese a fracasos
Es larga la lista de frustraciones que ha propiciado la gestión de corte empresarial en el organismo operador del agua más importante del estado.
De unos años a la fecha, los consejeros provenientes del sector privado han dominado la política administrativa y de inversión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en muchos casos imponiendo directivos ajenos al servicio civil de carrera, presumiendo que la lógica de negocios garantiza una gestión eficiente.
Los resultados distan mucho de avalar esa leyenda.
Ahí están para ejemplo el fracaso de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y su módulo de desbaste, entregados en una concesión de 20 años a una empresa a la que primero se presumió y a la postre se denostó, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento entre el concesionario y la paramunicipal.
También puede contarse en la cuenta negativa de los sucesivos empresarios al frente de los consejos de Sapal, la inadecuada gestión de la coinversión para el desarrollo del proyecto del Zapotillo, presa y acueducto, que se dejó a expensas de las circunstancias políticas coyunturales durante las gestiones presidenciales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con las consecuencias que hoy se padecen de cancelación del proyecto por parte de Andrés Manuel López Obrador.
Los dos últimos presidentes de consejo, Pedro González y Jorge Ramírez no pudieron escapar a los conflictos de interés y lejos de concentrarse en los retos de prever el abasto de agua del futuro, anduvieron tropezando en pequeños escándalos.
La desastrosa gestión de Pedro González, envuelto en una polémica decisión para construir una planta de tratamiento en una comunidad rural donde su familia poseía un fraccionamiento privado, obligó al gobierno estatal de Miguel Márquez a intervenir en 2018, justo en el periodo electoral, para relevar al director Leonardo Lino, un ex consejero sin experiencia técnica, para relevarlo por Angélica Casillas, ex directora de la Comisión Estatal del Agua, ante el riesgo de que el enojo popular contra el servicio de agua se reflejara en las urnas.
Casillas dejó Sapal al poco tiempo quejándose abiertamente de los múltiples intereses cruzados que se reflejan en el consejo directivo cooptado por los empresarios.
Jorge Ramírez tomó el relevo en 2019 y lo primero que hizo fue incurrir en otro conflicto ético al favorecer con una obra importante a su cuñado. Aunque el tema no llegó a tener repercusiones legales, lastró gravemente la gestión del ex presidente de Coparmex, quien llegó mermado a resolver la peor crisis interna del organismo tras la muerte de cinco trabajadores en la planta de tratamiento que había sido retomada con fuerza pública por Sapal, quitándosela al concesionario Ecosys en medio de un conflicto legal.
Con nula sensibilidad con sus propios empleados, Ramírez canceló sus posibilidades de tener continuidad en el organismo al convertir en un litigio el reconocimiento de la responsabilidad de Sapal en las muertes por inhalación de gases, bajo la postura de que el accidente derivó de negligencia de los propios trabajadores y no de la falta de protocolos y equipos a cargo del organismo.
Esas circunstancias no han sido suficientes para que la nueva administración municipal, de Alejandra Gutiérrez Campos, se anime a dar un golpe de timón en la conducción del sistema de agua de Léon, sino que a contrario, se enredó en su toma de decisiones a grado tal que hubo que modificar reglamentos municipales para resolver la designación del nuevo presidente del consejo, el contador y auditor José Antonio Morfín Villalpando, cuyo nombramiento como consejero en representación de otra entidad paramunicipal, el Implan, le dará 9 años en el órgano directivo, sentando un precedente nada prometedor.
Y no solo se trata de la legitimidad, sino también de la actitud. Morfín Villalpando llegó al comprometido cargo ratificando las equivocaciones de Jorge Ramírez y rechazando pedir disculpas a los deudos de los trabajadores fallecidos, escudándose en que no hay un dictamen de la Fiscalía hasta la fecha, pese a que existe ya una recomendación de Derechos Humanos.
Sin entender que el tema del agua es un asunto de derechos y no de simple gerenciamiento empresarial, Morfín en sus primeras declaraciones manda la señal de insensibilidad que tantos problemas ha traídos a los anteriores directivos de Sapal, al tiempo que se aleja de la visión que ha querido mostrar la alcaldesa panista de un mayor compromiso con la población gobernada.
Apuntalado por Juan Ignacio Martín Solís, otro ex tesorero estatal de la era panista cercano a Miguel Márquez y que en su gestión última consecuentó las maniobras corruptas del compadre del ex gobernador, el irapuatense Rafael Barba Vargas**, el Gallo, Morfín deja en claro que el cuidado de los intereses privados seguirá siendo el tema prioritario de Sapal, mientras se posponen las necesidades de la población.
Esa visión terminará por ser un pesado lastre en las alforjas de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien se vio carente de imaginación y recursos políticos para idear una solución más acorde a la sensibilidad que ha querido imponer a su administración. Lejos de renovar la visión del panismo sobre el servicio público y volverla por sus fueros humanistas, la nueva administración municipal se muestra como rehén de un aparato corporativo de fuertes intereses particulares.
Queda claro que por más que haya un crecimiento de la participación política femenina, en la gestión del agua de la mayor ciudad del estado, un tema que augura crisis en el futuro próximo, siguen dictando los mandarines empresariales representados por machos alfa, mayores de edad y de espaldas plateadas.
2.- Diputados de la 4 T en Guanajuato se unen al baile panista
En un lapso de poco más de 3 meses, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de Guanajuato analizaron, realizaron peritajes y resolvieron una permuta de terrenos entre la Compañía Periodística Meridiano, editora del diario A.M. y el gobierno del estado, mediante el cual una propiedad de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en la Calzada de los Héroes de León fue permutada por seis locales ubicados en un centro comercial en la periferia de Celaya y un predio rústico en Silao.
La operación no es extraña a un gobierno como el del panista Diego Sinhue Rodríguez que ha mantenido una relación cercana con los medios de comunicación para evitar afectaciones a su imagen, sobre todo ante muchas situaciones complicadas que vive su administración.
Que el Congreso atienda de manera expedita una instrucción del Poder Ejecutivo es la norma y no la excepción en Guanajuato, aunque su rezago en casi todas las materias sea proverbial.
Sin embargo lo que ya no cuadra es que en el paquete de legitimación de lo que, sin duda alguna, es una operación para beneficiar un interés privado por encima del interés público, los operadores del panismo hayan podido sumar a la bancada de Morena en el Congreso local, la cual había venido manteniendo un talante relativamente crítico.
Con relativa limpieza, el diario AM pudo concretar un viejo anhelo para ampliar su patrimonio inmobiliario con un predio ubicado en una de las zonas de mayor inversión pública en equipamiento, sin apenas despeinarse, erogando poco más de 200 mil pesos y dando a cambio locales comerciales devaluados en una zona de bajísima plusvalía en la complicada urbe celayense, asolada por la inseguridad.
Los legisladores lopezobradoristas no hicieron mucho caso a las prédicas diarias de su líder nacional sobre los privilegios que ha ejercido en este país la prensa corporativa, la misma que constituye la más consistente y constante oposición a la cuarta transformación.
Legisladores como Alma Alcaraz o David Martínez Mendizabal, explicaban a quien los quisiera oír que la información que les mostró el gobierno a través de la secretaría de Finanzas no mostraba ninguna irregularidad, que las peticiones de espacios de dependencias tan disímbolas como el DIF, el Sabes, la Comisión de Arbitraje Médico y la Secretaría del Migrante para ampliar oficinas estaban sustentadas y que el gobierno no perdía porque se trataba de precios equivalentes.
Con esa lógica, los legisladores de Morena seguramente le concederán crédito a todos los informes, explicaciones y reportes del gobierno en el futuro, sin cuestionar nada. Es decir, justo como lo hacen los diputados del PAN y del resto de los partidos satélites de Guanajuato.
¿Pasa algo nuevo? En realidad no, solo lo de siempre: el gobierno corporativo del PAN en Guanajuato, fiel a su lógica, suma nuevos aliados y liquida la posibilidad de que surja la mínima oposición en Guanajuato.
Naturalmente, también puede haber otra explicación, que los diputados de Morena decidan no confrontarse con un importante medio de comunicación en Guanajuato, aunque para ello deban volverse cómplices de decisiones cuestionables.
Es casi lo mismo: intereses localizados, unos políticos y otros económicos, por encima del interés general.
Es la historia de Guanajuato a lo largo de los últimos años: los privilegios primero, la ley después. Bienvenidos al baile, señores de la cuarta transformación muerta antes de nacer.
3.- PRI de Guanajuato toca fondo: Alito Moreno impone a Ruth Tiscareño
Los priistas de Guanajuato tienen tiempo socavando la viabilidad de su partido mediante una confrontación sórdida y permanente entre sus liderazgos a todos los niveles. Incapaces de dialogar para establecer un piso común o incluso para establecer con claridad sus diferencias, es más fácil que los priistas pacten complicidades con el gobierno del PAN o que utilicen otras franquicias políticas para socavarse entre sí, que entenderse internamente.
Una de las horas más bajas del largo historial de traiciones priistas lo protagonizaron Alejandro Arias y Ruth Tiscareño cuando fueron enviados a preparar una elección de dirigencia que debía favorecer a Yulma Rocha y, sin decir agua va, se quedaron con la posición como una dirigencia interina.
Arias estaba en un exilio político y trabajando a favor de intereses panistas en León, cuando lo rescató Yulma Rocha. Tiscareño no tenía lugar en la política potosina y debía ir a la banca, cuando le llegó el encargo de ser delegada en Guanajuato, sugerida por la priista irapuatense.
Y sin embargo, no tuvieron empacho e incumplir la encomienda y favorecerse a sí mismo, después de pactar acuerdos con el gobierno panista de Diego Sinhue.
Hoy, por comodidad y para no enredarse en una nueva disputa guanajuatense, Alejandro *Alito* Moreno, el dirigente nacional priista, ha decidido diseñar una transición a modo para darle permanencia a la potosina Tiscareño y reforzarla con David Mercado, ex alcalde de Santiago Maravatío. Es difícil pensar que una dirigencia con una fuereña y un político del municipio más pequeño de la entidad, representan algo más que a sí mismos.
En realidad, lo único que queda claro es el desdén, o más bien dicho, desprecio, que el campechano muestra por los priistas de Guanajuato que, con todo y su debacle, aún pueden aportar un cuarto de millón de votos a su causa.
Y aunque hay movimientos en lo que queda de bases priistas para rechazar e incluso impugnar el dedazo dirigido a Tiscareño, parece difícil que los liderazgos priistas, tan dependientes de sus «enchufes» en México, logren articular una resistencia frente a lo que ya no es solo humillante, sino absolutamente ignominioso.
Aunque la puntilla para el PRI otra vez proviene de su dirigencia nacional, como tantas ocasiones en el pasado, en realidad el nuevo tropiezo tiene su origen en la desmovilización, la indignidad, el sometimiento, las cotidianas traiciones y la ausencia de proyecto de los militantes locales de ese partido.
No parecen, son su peor enemigo.