* López Santillana: Robin Hood al revés

* Jorge Ramírez complica la gestión del agua en León

* Justicia: Guanajuato lejos de ser “casi el paraíso”

1.- Quitar a los pobres para ayudar a los ricos: política social en León

Los dos millones de pesos que recuperó el municipio de León gobernado por Héctor López Santillana tras quitar el patio de juego a los niños de un kínder público en una colonia popular, para venderlo a un potentado, pronto fueron “reinvertidos” en una devolución de impuestos al exclusivo Club Campestre de León.

Ambas fueron simulaciones.

En el caso del jardín de niños, como ha quedado ampliamente documentado, se construyó falsamente un baldío donde había un espacio de esparcimiento para estudiantes de preescolar, a fin de justificar su venta en un bicoca al empresario Gabriel Padilla.

En el caso del Campestre, se incorporó a la ley de ingresos un subsidio especial a predios con actividades agrícolas, el cual no quedó a juicio de la Tesorería, sino de la periférica dirección de Desarrollo Rural, con la finalidad de elaborar una coartada, y aplicar el criterio de sembradío a un campo de golf.

El artífice de ambas operaciones y de muchas otras más que fueron saliendo a la luz, es el tesorero Enrique Rodrigo Sosa Campos, un funcionario que acompaña a López Santillana desde los tiempos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y que ha sido su operador en las buenas y en las malas.

De manera que no hay posibilidades de que en su defensa el ex alcalde que hoy busca acomodo en el gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, argumente que no estaba enterado de lo que realizaba su hombre de confianza.

Durante el primer trienio de López Santillana, Sosa Campos fungió como director de Desarrollo Institucional, ante la imposibilidad de acceder a la tesorería por el veto impuesto por los síndicos Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, que se decantaron por Gilberto Enríquez.

Ya libre de la influencia de los dos ex alcaldes y figurones panistas, en su segundo periodo Santillana tomó el control del municipio entre otras cosas, ahora se ve, para poder hacer favores a sus amigos.

En unos cuantos días de la nueva administración de Alejandra Gutiérrez Campos ha quedado claro que López Santillana ejerció una alcaldía de favoritismos por encima de sus facultades legales y que el responsable de esa agenda de “relaciones públicas” fue Enrique Sosa.

Ni siquiera el gasto publicitario exagerado y por encima de cualquier administración anterior, más de 80 millones de pesos anuales invertidos en imagen y en medios para favorecer la carrera política de López Santillana, han podido detener el desplome de la imagen de ecuanimidad, ponderación y honorabilidad con la que se manejó el hoy ex alcalde, para dar paso a un servidor público inescrupuloso, inequitativo y abiertamente abusivo.

Si con todo y esas circunstancias, Diego Sinhue Rodríguez mantiene su plan de incorporar a López Santillana a su administración a través del organismo Guanajuato Puerto Interior, que por cierto renta un espacio a Gabriel Padilla en el edificio G100 con una tarifa dolarizada, solo logrará agregar más lastre a su administración.

Aunque parece que eso no le preocupa tanto como honrar su compromiso con quien muy probablemente realizó la operación #KínderRobado siguiendo instrucciones de su futuro empleador.

2.- Sapal convertido en bomba de tiempo

Desde la llegada de Jorge Ramírez Hernández a la presidencia del consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, la gestión de los temas de la paramunicipal se han venido complicando por errores personales del ex dirigente de la Coparmex.

Primero fue aquella “distracción”, mediante la cual el consejo que encabeza asignó una obra a su cuñado, el constructor Enrique Aranda Anaya, donde pretendió excusarse de votar para cumplir una formalidad, pero dejando la impresión de que no había sido ajeno a la decisión.

No fue un buen momento, tomando en cuenta que su antecesor en el cargo, Pedro González, había resultado con una inhabilitación por un tema parecido, cuando autorizó una obra con subsidio para beneficiar a predios de su propiedad con el servicio de una planta de tratamiento de aguas.

La idea de que los dirigentes empresariales con cachuchas ciudadanas solo llegan a los cargos de responsabilidad pública para recibir beneficios personales o de negocios, se sostenía y aumentaba la crisis de credibilidad de esa sesgada participación ciudadana en el gobierno.

Pero las cosas empeoraron cuando luego de terminar con la concesión de la planta de tratamiento a la empresa Ecosys, y asumir la administración, cinco trabajadores de Sapal murieron intoxicados en un accidente de trabajo done se ha carecido de una investigación externa y profesional que determine el grado de responsabilidad del organismo.

Esta situación llegó al Congreso esta semana con el respaldo de la organización de defensa de derechos ambientales Acción Colectiva, y fue llevada a tribuna por el diputado morenista David Martínez Mendizabal, un académico serio a quien nadie puede acusar de oportunismo.

A Ramírez se le señala de una absoluta falta de empatía con sus trabajadores fallecidos y con las familias de ellos: no solo se ha negado a una investigación profunda y creíble, sino que ha regateado las indemnizaciones y ha contratado a un abogado cuyos honorarios superan considerablemente el monto con el que pretende saldar la responsabilidad de Sapal con las víctimas.

Insensibilidad, soberbia y falta de solidaridad parecen los atributos de un burócrata empedernido y no de un representante ciudadano que, además, no ha dejado de hacer activismo en las causas empresariales, señaladamente en las campañas de oposición a las políticas federales.

Pareciera poco atinado que mientras el Sistema de Agua negocia con una mano la posibilidad de recibir más apoyo federal para resolver los problemas de abasto de agua en el mediano y largo plazo, el presidente del organismo milite en las causas más críticas en contra de ese mismo gobierno.

En realidad, queda de lado la cachucha de “ciudadano” y prevalece la de militante y activista. Así, con la actitud de “repicar y andar en la procesión”, Jorge Ramírez compromete las políticas de diálogo de la administración que encabeza Alejandra Gutiérrez, que quisiera dejar atrás las trincheras en las que se posicionó su antecesor para buscar soluciones compartidas a los problemas de la ciudad.

En ese sentido, Jorge Ramírez parece haber dejado de ser útil a los objetivos del nuevo gobierno de León y los problemas que ha creado en Sapal difícilmente podrán ser defendidos por una administración que quiere despejarse el camino de los obstáculos reales sin sobrecargarlo con las herencias de quienes no entendieron su momento.

3.- Los litigios de Zamarripa o la antijusticia

No es solo el caso de los trabajadores que resultaron muertos en las instalaciones de la

planta de tratamiento de aguas de Sapal en León, donde los deudos reclaman la negligencia con la que trabajaron los servicios periciales de la Fiscalía General del estado, donde el levantamiento de los cuerpos lo realizó personal no calificado, se habla incluso de un chofer, lo que ha impedido conocer con exactitud las circunstancias de la tragedia y sus implicaciones legales.

La presunción constante de Carlos Zamarripa Aguirre de que su dependencia cuenta con servicios científicos de primer mundo para combatir el delito y para la búsqueda de la justicia, constantemente resulta desmentida en la realidad.

Así lo han reclamado los colectivos de personas buscadoras de desaparecidos, que constantemente han sufrido en carne propia la incompetencia de los peritos de la fiscalía, su falta de empatía y su escaso profesionalismo.

Ahora surge un nuevo caso, donde los elementos técnicos en los que tanto ha invertido el estado de Guanajuato en los laboratorios de la FGE, quedan nuevamente a deber.

Se trata de la denuncia de los familiares del ejecutivo bancario Jorge González Topete, sobre el dudoso dictamen de suicidio realizado por el ministerio público de Guanajuato de forma exprés, lo cual les ha llevado a presentar una denuncia por daño ante las numerosas evidencias de que en realidad se trató de un homicidio.

En este hecho se presenta además el agravante de que la víctima y su esposa conocían a Carlos Zamarripa y convivían con él. Extraña no solo la rapidez con la que se concluyó que se trataba de un suicidio, sino el hecho de que se haya procedido a incinerar el cuerpo con la autorización de un familiar en segundo grado.

El caso está siendo desahogado en la propia fiscalía, lo que la vuelve juez y parte, en una retorcida forma de esclarecer un diferendo en un caso criminal. Resulta altamente preocupante la ausencia de un tercero autónomo, como podría ser el Poder Judicial, en un caso donde se disputa el esclarecimiento de una muerte.

Contra lo que defienden los apoyadores del fiscal, sobre todo dentro del partido Acción Nacional, con su alta cauda de asesinatos, su infame panorama de violencia, su crisis de derechos humanos y con la opacidad de su fiscalía, Guanajuato dista mucho de ser casi el paraíso.