La política mexicana es incomparable, el multimentado “estado de derecho” es tan flexible, la opinión pública es tan maleable. Lo pienso y lo ratifico cada día: el gen de la antidemocracia, el corporativismo, la censura y la corrupción que el PRI construyó, ha sobrevivido en el PAN que nos gobierna hoy en Guanajuato.
Bastó que pasaran horas tras el fin del mandato constitucional de Héctor López Santillana, para que el muro de lealtades construidas con dinero público se derrumbara peor que el cono del volcán de La Palma en Las Canarias.
No fue suficiente repartir casi 250 millones de pesos a los medios de comunicación para que el escudo de protección se extendiera un día más allá del 9 de octubre. El velo que tendía el dinero público sobre la realidad empezó a derrumbarse y surgió el atropello cometido a los alumnos y los padres de familia del jardín de niños Juan Aldama en la colonia Mirador Campestre.
Ni siquiera el contralor que cuidó 3 años a López Santillana, no de la corrupción sino del desgaste, el mismo Leopoldo Jiménez que hoy busca ser nombrado consejero ciudadano en el Comité Anticorrupción para seguir en la nómina pública, mantuvo la lealtad que lo caracterizó en su gestión: a las 8 de la mañana ya estaba escribiendo a una reportera radiofónica para explicar que abrió una investigación desde hace 15 días, de la que por cierta nada se supo hasta hoy, cuando ya es ex contralor.
El entramado de la operación mediante la cual se “recuperó” el terreno del kínder para el municipio, para hacerlo pasar por un baldío ante el ayuntamiento y propiciar una tramposa subasta pública justificada por los estragos de la pandemia, para finalmente entregárselo como ganga a Gabriel Padilla Cordero, solo pudo realizarse con respaldo del más alto nivel.
No me parece posible que funcionarios de segundo nivel como Enrique Sosa, hombre de las más absolutas confianzas de López Santillana, o el delegado de educación Fernando Trujillo Jiménez, catoliquísimo militante del Yunque, hayan conspirado por su cuenta para cometer esta tropelía.
Es más probable colegir que recibieron órdenes, al igual que el director de Control Patrimonial del municipio, Jesús Álvarez Navarro; y el director de lo contencioso del Jurídico de la SEG, Juan Manuel Ruelas Santoyo.
Al proceso no pueden ser ajenos Héctor López Santillana ni Yoloxóchitl Bustamante Díaz, alcalde y secretaria de Educación cuando se tomaron las decisiones que condujeron a la mutilación y venta del predio.
Y desde luego, nada de esto hubiera ocurrido sin una voluntad superior, la del político que es amigo de Gabriel Padilla, aunque ahora lo niegue: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien le renta sin necesidad una suite del lujoso edificio G100 al empresario, que le evita ir a la sede del Poder Ejecutivo y de paso le permite ayudar al arrendador a paliar costosos gastos de mantenimiento de un inmueble que no por inteligente deja de ser oneroso.
Porque, de no ser así. De resultar que todo se debió a una conspiración de funcionarios menores que cometieron el atropello por su cuenta y ocultaron la verdad a sus superiores, el escenario seria aún más preocupante: ¿se trata de un patrón? ¿Cuantas operaciones más como esta han ocurrido en estos tres años?
¿Qué hacen entonces la Secretaría de la Transparencia, de Carlos Martínez o la Auditoría Superior de Javier Pérez? ¿Sirve de algo el Sistema Estatal Anticorrupción?
¿Será posible que en el estado que postula la innovación como bandera, la corrupción adopte un halo de legalidad para desfalcar a niños desprotegidos en beneficio de un potentado, sin que nadie se de cuenta?
De ser así, que poca m…entefactura.
