* López Santillana: de Pastas Finas al kínder robado

* Luis Ernesto Ayala hace pacto político con Romero Hicks

* Asume Alejandra Gutiérrez con equipo de “héroes de la nómina”

1.- Silencio cómplice de Sinhue y Luis Ernesto sobre alcaldada en León

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, responsable de la tarea educativa en el estado a través de su secretaría del ramo, no tiene opinión sobre el hecho de que se hayan recortado mil metros de un jardín de niños para venderlo a un empresario con el que departe a menudo desde que ocupa el cargo.

El diputado Luis Ernesto Ayala, votado en el mismo distrito donde se encuentra el kínder Juan Aldama, “no tiene postura sobre el tema”, lo que parece la peor respuesta: podría estar de acuerdo y defender la decisión del municipio; o podría estar en desacuerdo y plantear que la decisión debería ser revisada. Pero ni una ni otra, sencillamente evade, cierra los ojos e invisibiliza el hecho, sus protagonistas y sus víctimas.

Resulta muy elocuente, es casi una muestra de cómo se ha venido gobernando en los últimos tres años, los mismos que Ayala fue Secretario de Gobierno: apretando los ojos, barriendo los problemas bajo la alfombra, cobrando las quincenas, haciendo mutis. Y luego hay quienes se preguntan por qué las cosas no mejoran.

En realidad se trata de un pacto de silencio y de complicidad.

Héctor López Santillana cargó con la peor parte que fue la operación legal y administrativa para liberar el predio de su otorgamiento a la SEG, hacerlo pasar como baldío, justificar su venta en una subasta muy peculiar y permitir a Gabriel Padilla la anexión del terreno a su casa, violentando normas de Desarrollo Urbano que ningún ciudadano podría pasar por alto, teóricamente.

Sin embargo, está claro que no lo hizo por su voluntad, como lo denota el silencio del gobernador y del líder del congreso y diputado del distrito donde ocurrieron los hechos.

Todos están en la jugada y conociendo la disciplina de subordinación en el panismo de nuestros días, lo más viable es que la instrucción inicial haya venido desde Paseo de la Presa, por no decir desde el G100, es decir, desde el despacho del mismísimo gobernador.

Solo una orden de ese nivel lograría movilizar como lo hizo a la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, al tesorero de León, Enrique Sosa, al secretario del Ayuntamiento, Jesús López Gómez y a la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo, para que fluyeran modificaciones, aprobaciones y permisos.

Resulta increíble observar como el municipio de León se tardó más de una década en regularizar la situación del kínder Juan Aldama y otorgarle la propiedad de sus 2 mil 500 metros cuadrados, mientras que el recorte de mil metros y su entrega al influyente empresario Gabriel Padilla a través de su arquitecto Jorge Arnulfo Gutiérrez Álvarez Tostado solo tomó 14 meses: de agosto de 2019 a octubre de 2020.

Ni la pandemia fue impedimento para la operación relámpago realizada por el tesorero Enrique Sosa a pedido seguramente del alcalde Héctor López para complacer un compromiso privado del gobernador Diego Sinhue.

Por eso el silencio, por eso la falta de interés, por eso el esconderse detrás de las frases hechas: “no hay postura”, “es tema del municipìo y un particular”, “la SEG dio su anuencia”.

Lo que está detrás de estas actitudes y de estos hechos es un flagrante incumplimiento del compromiso de gobernar con apego a la ley y haciendo solo lo que esta permita. Es una falta mayúscula de ética pública y una conspiración del más alto nivel para favorecer un capricho frívolo de un particular. Romper la norma mediante excepciones toleradas desde el poder, es ácido puro para el estado de derecho, ese que tanto se defiende en los discursos.

La gran pregunta es: ¿porqué Gabriel Padilla puede pedir un favor que pasa por encima de un grupo de ciudadanos que tienen sus mismos derechos aunque no tengan sus mismos haberes, y ser complacido con tanta presteza por un gobernador y el alcalde de la mayor ciudad del estado y joya del panismo nacional?

La única respuesta que se me ocurre es que puede hacerlo porque seguramente le deben favores realmente importantes.

Pronto veremos a Héctor López despachando en el lujoso edificio inteligente propiedad de Padilla en el Puerto Interior, en oficinas pagadas en una renta dolarizada que no se justifica, máxime que ese órgano ha dejado de tener sentido al venderse prácticamente todos los terrenos del desarrollo, lo que debería dejar paso a un consejo de los condóminos.

Es un retiro dorado en el que seguramente podrá reflexionar sobre como todos los millones que gastó en publicidad quedan manchados por la afectación que le hizo a un puñado de niños y padres de familia a los que vulneró, invisibilizó y marginó.

El kínder robado se enlazará en la historia de la infamia de Guanajuato con la saga de Cereal y Pastas Finas, la empresa con la que el mismo López Santillana realizó el tráfico de terrenos para una hipotética refinería que nunca llegó, pero que le provocó al estado una sangría de mil millones de pesos, como lo documentaron reporteros del diario A. M. encabezados por Raúl Olmos, en un reportaje qe ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2009.

Queda claro que la simulación, la doble moral, la falta de escrúpulos y el uso de bienes públicos como si fuesen de su propiedad, no le han sido ajenos al primer alcalde de León que duró seis años continuos en el cargo, con más pena que gloria.

2.- En el Congreso de Guanajuato, Romero Hicks reina de nuevo

Nadie se explica la llegada de dos personajes absolutamente periféricos a los grupos políticos vigentes en el PAN estatal, como Samuel Alcocer Flores y Luis Mario Aguilar y Maya, a las coordinaciones administrativa y de asesores de la bancada mayoritaria, en una decisión unilateral del pastor Luis Ernesto Ayala.

Ambos fueron funcionarios en la administración de Juan Carlos Romero Hicks, hace tres lustros.

El priista Aguilar y Maya, de rancia prosapia por su abuelo gobernador, fue el secretario de Finanzas recomendado por José Luis Romero, hermano del mandatario y a su vez tesorero con Vicente Fox.

Alcocer Flores fue alcalde de Salamanca, subsecretario bajo el mando de Aguilar y Maya y un descolorido representante del estado en la ciudad de México, solo superado en intrascendencia por el actual, Luis Felipe Bravo Mena, un fantasma que solo existe en la nómina estatal,con un salario nada despreciable de 100 mil pesos al mes.

Tanto Aguilar y Maya como Alcocer fueron reclutados por Juan Carlos Romero a su paso por la coordinación parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, durante el pasado trienio. Esa aventura acabó en estos días, al elegir Marko Cortés y por ende sus diputados, a Jorge Romero Herrera, como nuevo jefe de bancada.

Sin embargo, lejos de ir al desempleo, el ex gobernador logró engatuzar a Luis Ernesto Ayala para que no dejara en el desamparo a sus fieles ayudantes y allá vienen de regreso de CDMX a Guanajuato para ponerse al servicio de una bancada panista en la que desconocen a la mayoría de sus integrantes.

Con Christian Cruz, fiel a Miguel Márquez, en la secretaría general del Congreso; con Jorge Cano, del grupo cero de Juan Carlos Alcántara, en comunicación social; y con dos romeristas históricos en el grupo panista, todo indica que Luis Ernesto Ayala está armando alianzas en busca de su proyección como candidato a la gubernatura, por enésima ocasión.

Lo que alguien debe decirle es que tantos y tan disímbolos ingredientes en el mismo guiso pueden dar lugar a un sofisticado manjar o a una bomba para los intestinos. Todo depende del cocinero.

3.- El gabinete de Alejandra Gutiérrez, premio al escalafón

No es un equipo de grandes nombres y Alejandra Gutiérrez, la primera mujer panista que gobernará León, lo presume como producto de la cultura del esfuerzo, frase que puso de moda Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, al esfuerzo se suman también favores políticos: una ex diputada federal panista por Jalisco, Lucía Susana Mendoza, viene a Medio Ambiente; una ex colaboradora de Rafael Moreno Valle, Cynthia Chávez, se encargará del transporte.

Tres funcionarios de la procuraduría de los derechos humanos de la época de Raúl Montero, paisano de Alejandra, se suman al primer equipo de la alcaldía: el nuevo comisionado de policía Víctor Aguirre, la directora de desarrollo institucional, Teresa Gutiérez Campos, también de San Juan de los Lagos; Edmundo Meza, en comunicación social. Pasan de una dependencia relativamente pequeña al mayor municipio del estado y de los primeros del país, un reto por donde se le vea.

Incomprensible el enésimo rescate de Guillermo Romero Pacheco en Desarrollo Económico, su paso por dependencias estaales en los últimos años ha sido cansino y poco productivo, la decisión no se explica sin influencia del ex alcalde Ricardo Alaniz.

Los que pasan de tareas operativas a dirigir las dependencias donde tiene años enfrentan un grave riesgo de no entender la dimensión política de ser titular de un área. En general puede pensarse que se han mantenido porque saben obedecer órdenes donde ahora tendrán que darlas, de ellos depende que una administración sobre la que habrá muchas miradas, crezca o quede por debajo de las expectativas.

Lo más decepcionante, como suele ocurrir, es el tema de la seguridad, donde Alejandra Gutiérrez fue incapaz de convencer a Diego Sinhue de un cambio. Se mantiene Mario Bravo, un secretario sin mando que resulta cómodo para el verdadero artífice de la corporación: Jorge Guillén Rico, director de la policía y verdadero hombre de confianza de Alvar Cabeza de Vaca.

Parece que en ese terreno nada cambiará, ni siquiera con el comisionado Víctor Aguirre, pues hay que recordar como ya este equipo logró resistir y desechar el intento de cambio protagonizado por Bernardo León Olea.

Y eso es mala noticia para la ciudad y para la alcaldesa.