* Gabriel Padilla, el peligro de asociarse a un empresario sin escrúpulos

* Desarrollo urbano de León, la cloaca que nunca se limpió

* Secretaría de Educación desprotege a los niños puestos bajo su cuidado

1.- El ejemplo del Gallo Barba se establece como patrón y se agrava

Pareciera el segundo capítulo de lo que ocurrió con Miguel Márquez y su compadre Rafael El Gallo Barba. Gobernadores que adoptan empresarios para favorecerlos en sus transacciones, seguramente a cambio de favores recíprocos.

En los corrillos empresariales y políticos de León y el estado ya circula el chiste: Miguel tuvo un gallo y Diego tiene un ganso.

Es el apelativo cariñoso con el que conocen sus compañeros de escuela a Gabriel Alfonso Padilla Cordero: el gansito.

Hace unos pocos años Padilla andaba escondiéndose de sus acreedores después de quebrar Max Zapatos, una empresa distribuidora de calzado, enfrentó incluso procesos penales. Algo parecido a lo que había ocurrido con Rafael Barba en Irapuato que debió entregar la casa familiar para garantizar adeudos, aunque después la rescataría, ya en la época de auge con Miguel Márquez en el gobierno.

La mezcla de poder político y ambiciones económicas ha terminado por corromper profundamente al PAN de Guanajuato y a sus máximos exponentes: los gobernadores.

Hasta un político con halo de honestidad como Luis Ernesto Ayala terminó manchado cuando optó por vender su fábrica de calzado al empresario Francisco González Espejel, quien ha sido ubicado por investigaciones periodísticas y por la UIF del gobierno federal como el prestanombres del fiscal Carlos Zamarripa.

La cercanía de Diego Sinhue Rodríguez con Gabriel Padilla venía redituando productivamente para el empresario quien, para empezar, pudo llenar sus cupos de arrendamiento en el edificio G100 del Puerto Interior, con el alquiler de una oficina alterna para el gobernador y para el propio Luis Ernesto Ayala.

Sin embargo, el paso en falso dado al apoderarse del predio aledaño a su residencia en Campestre El Refugio sin importarle que fuera parte de un jardín de niños público, parece una acción más ruin que cualquiera de las realizadas por el Gallo Barba.

Con esta mancha en su expediente, probablemente Padilla ha vulnerado sus posibilidades de convertirse en el gran promotor de proyectos inmobiliarios atados a los megaproyectos que quiere desarrollar Sinhue, como el bulevar de la Independencia entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende o la carretera concesionada de Silao a Dolores Hidalgo.

El tráfico de influencia al que se mostró anuente el alcalde saliente de León también tendrá consecuencias. Es muy probable que Héctor López Santillana vaya a dar a la dirección de Guanajuato Puerto Interior como jubilación política, donde se encontrará de nueva cuenta con Gabriel Padilla como su arrendatario, pues ahí se encuentran las oficinas de esa entidad, en otro favor realizado por Luis Quiroz al empresario inmobiliario. Huele a conflicto de interés.

La falta de decoro de todas estas relaciones peligrosas entre ambiciones empresariales y desfiguros gubernamentales tendrá consecuencias en el futuro, en lo que parece una terrible declinación ética del PAN, como antecedente de la quiebra política.

Así le pasó al PRI, aunque muchos ya no lo recuerden.

2.- León sigue siendo una ciudad clandestina

Los desarrolladores inmobiliarios de León son enormemente exitosos, tanto que muchos políticos han derivado hacia ese sector por la enorme plusvalía que genera, máxime cuando las normas y las instituciones se pliegan a los deseos de los hombres de empresa.

Hoy, por ejemplo, existen grandes presiones sobre Alejandra Gutiérrez, la alcaldesa electa de León, para que permanezcan en su cargo los funcionarios relacionados con el sector inmobiliario. particularmente interesa la posición de Desarrollo Urbano a cargo de la arquitecta Teresita del Carmen Gallardo Arroyo.

Y cuando se observa de cerca lo que ocurrió en un caso puntual como el del kínder Juan Aldama de la colonia Mirador Campestre, queda claro que esa dependencia ya solo constituye un caro adorno para la misión de normal el crecimiento de la ciudad.

El empresario Gabriel Padilla empezó a construir en la primavera de 2020 seis meses antes de la subasta donde su arquitecto compró el predio y un año antes de que le fuera transmitida la propiedad. Para edificar se amparó en un permiso de construcción sobre el domicilio vecino dentro de un clúster. ¿Cómo se puede edificar en un predio con un permiso otorgado para otra dirección? ¿Cómo se puede construir en un terreno sobre el que no se tiene la propiedad?

Sólo siendo influyente, sólo con corrupción, sólo con una dirección de desarrollo urbano permisiva y omisa a la aplicación de la ley.

Gabriel Padilla no solo construye una terraza de fiestas en el terreno que fuera del jardín de niños Juan Aldama. También es el propietario del desarrollo La Valenciana que se presenta como “la comunidad mejor planeada del bajío”, la cual está situada en una área protegida y donde el desarrollo debe contemplar unidades de gestión ambiental.

Visto ya lo que Teresita Gallardo le permitió a Padilla en su nuevo jardín trasero, puede resultar otra verdadera cloaca lo que que encuentre la administración que toma posesión el próximo 10 de octubre en ese y otros desarrollos autorizados bajo favoritismos en los 6 años de Héctor López Santillana.

3.- los valores no guían la política educativa

Cuando los padres de familia del kínder Juan Aldama y los vecinos del Mirador Campestre pidieron información sobre la obras que se realizaban en la escuela y que cercenaban dos quintas partes del terreno, la respuesta vino con un plano dibujado por el ingeniero Pablo Alejandro Espinoza Álvarez, del departamento de bienes inmuebles de la Secretaría de Educación de Guanajuato, entonces a cargo de Yoloxóchitl Bustamante.

En el documento, que conservan los peticionarios, el patio anexo al kínder y donde ya se construía una imponente pared limítrofe, aparece como “propiedad particular”. ¿Qué sabían los funcionarios de la SEG que nadie más sabía a esas alturas?

En enero de 2020 acababa de realizarse la sesión de ayuntamiento donde se modificó el acuerdo para ceder el terreno del jardín de niños a la SEG y los mil 50 metros recortados quedaban como propiedad municipal, no de un particular. El terreno pasaría a propiedad del arquitecto Jorge Arnulfo Gutiérrez Alvarez Tostado, funcionario del corporativo de Gabriel Padilla Cordero hasta septiembre de 2020.

Hoy, sin embargo, la SEG se niega a opinar sobre el tema, aduciendo, como lo hace el vocero del gobernador, que todo se limita a una operación de “el municipio y un particular”, pretendiendo invisibilizar su intervención donde dieron anuencia al recorte sin que se conozcan las causas, salvo al peregrina explicación de la síndica Leticia Villegas de que se trataba de “regularizar” a una escuela que, por cierto, ya era perfectamente regular.

El tema es delicado, porque la SEG es la depositaria de miles de hectáreas de terrenos cedidos por municipios, adquiridos o recibidos de herencias históricas, donde se asientan escuelas y centros administrativos en todo el estado. Si la normatividad para renunciar a derechos sobre esos terrenos es tan laxa y la pueden autorizar funcionarios de niveles inferiores en la estructura, lo que queda en entredicho es la seguridad jurídica de ese patrimonio.

Si, por el contrario, se trató de un hecho excepcional derivado de instrucciones de alto nivel que debieron acatarse, sí o sí, el asunto es doblmente grave, pues se trata de una disposición extralegal del patrimonio público por un tráfico de influencias penado por la ley.

En cualquiera de los dos casos, se afectó el derecho de los niños del preescolar Juan Aldama a disponer de espacios educativos de los que ya gozaban desde varias generaciones atrás y ahí deberían intervenir instancias como el Sistema Integral para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de la ex diputada panista Sagrario Villegas.

Es de dudarse que eso ocurra, ante la nula independencia de todos esos organismos, sometidos por el chambismo con el que Acción Nacional ha invadido a la administración pública, sin importar los perfiles de los puestos.

Queda clara la indefensión de la sociedad y de sus actores más vulnerables frente a un estado que se ha vuelto mafioso y sectario. El botón de muestra es poderoso.