Este sábado un rayo cayó en cielo despejado: el periódico Correo, propiedad del corporativo VISE, publicó una nota de portada donde se informa de la presunta responsabilidad del ex consejero del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Alejandro Zermeño Padilla, en la adjudicación de tres contratos irregulares por un monto de 45 millones de pesos durante los años 2017 – 2019, a una empresa de seguridad privada.

La nota apareció en la edición impresa, pero en Internet fue retirada del portal a las 9:30 de la mañana, cuando tenía pocas horas de estar circulando. No hay que ir muy lejos por las razones de la autocensura: el CEO de grupo Vise, Santiago Villanueva Martínez, es uno de los 17 integrantes del consejo directivo de SAPAL, por lo que muy seguramente la publicación estaba provocando rebotes impensados.

Zermeño Padilla es empresario y miembro de una familia prominente de industriales de León dedicados al negocio del acero desde generaciones atrás. El ex consejero está casado con una hermana del ex presidente Vicente Fox, es hermano del ex regidor Federico Zermeño y es también cuñado del propietario del diario A. M., Enrique Gómez Orozco.

Así que la auditoría realizada por el contralor de León Leopoldo Jiménez y encauzada como procedimiento administrativo por el director de responsabilidades Ramón Patlán, pega directo en la línea de flotación de un organismo que se ha convertido en coto privado de la élite empresarial leonesa, quizá aún más que la investigación previa que retiró del cargo al ex presidente Pedro González, por cierto también involucrado en este nuevo caso.

Lo llamativo no son los hallazgos de la auditoría ni la cita, aún dentro de un proceso en marcha, a un ex consejero, por tres contratos anuales que sumados superan los 45 millones pero que nada tienen que ver con las multimillonarias asignaciones que ese organismo realiza todo el tiempo.

Lo verdaderamente notable es que esa información haya llegado a un medio de comunicación y que el medio seleccionado pertenezca a otro integrante del consejo de Sapal. ¿Estamos ante un inminente cisma en la rancia aristocracia empresarial leonesa, siempre tan discreta en sus cosas?

Conociendo al abogado panista Leopoldo Jiménez y su absoluta sumisión al presidente municipal Héctor López Santillana, sería imposible pensar en una filtración intencionada que no tuviera el visto bueno del alcalde.

La exhibición de Zermeño Padilla ha sido vista en algunos círculos como un mensaje nada críptico hacia el entorno del ex consejero: su hermano Federico, su amigo Carlos Medina Plascencia y su cuñado Enrique Gómez, ante las fuertes críticas que ese grupo ha emitido a la decisión del gobernador del estado y del alcalde de León de comprar el estadio León a Roberto Zermeño y Héctor González, quienes lo ganaron en un juicio que ha sido calificado como una estrategia inmoral para despojar a la ciudad de León de un bien considerado de uso público.

De acuerdo a esta versión, la decisión de Diego Sinhue Rodríguez empujada por un grupo de empresarios en su entorno, sobre todo los directivos de la feria Juan Carlos Muñoz y Jorge Torres, está tomada: pagarán por el estadio los más de 700 millones que les han pedido quienes son considerados como los despojadores, más allá de sutilezas legales, de un recurso de utilidad social.

Habría tres razones para hacerlo, ninguna de las cuales parece defendible.

La formal y más superficial sería la integración de un distrito turístico y de esparcimiento que no parece prioritario en los actuales tiempos de pandemia, emergencia social, crisis  económica y galopante inseguridad.

La motivación intermedia es una consideración electoral: conquistar el ánimo de los aficionados del club León y ganar su favor para las campañas panistas que están por iniciarse, sobre todo la de Alejandra Gutiérrez por la alcaldía, en una jugada que parece desesperada e incluso puede ser contraproducente, como advertía recientemente el analista Carlos Arce.

La tercera y más preocupante explicación a una decisión tan precipitada puede ser sencillamente la corrupción, algo que no resulta nada extraño en México ni en Guanajuato. Que la compra se realice para motivar la entrega de recursos a particulares como “comisión” por la operación, las cuales tarde o temprano podrían regresar a los funcionarios que cubrieron legal y políticamente la innecesaria adquisición. Sería sumar una inmoralidad peor a la que se quiere remediar y constituiría un escándalo de proporciones.

Una situación así, una batalla política y mediática en el seno de la élite de los negocios en León, motivada por razones inconfesables de políticos y de empresarios, hace tiempo que no se veía. Quizá como dice el personaje de Clemenza en El Padrino a propósito de la guerra entre familias de la Cosa Nostra: “Estas cosas tienen que suceder cada 5 años, más o menos, diez años, ayuda a deshacerse de la mala sangre”.

La gran interrogante es si el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quizá el menos dotado políticamente en la era panista, podrá gobernar una situación como la que pudiera estar incubándose desde Sapal, un organismo enfrentado a sus propias crisis y donde pronto se repetirán los reclamos por las fallas del servicio que trae la temporada de estiaje.

Podríamos estar ante una reedición de el aprendiz de brujo de Goethe, que buscando aliviar la carga de acarrear agua provoca una inundación.

Los clásicos aún tienen cosas para enseñarnos, más allá de la mercadotecnia y la “mentefactura”.