* López Obrador se enoja con la persona equivocada

* La mano protectora de Diego Sinhue sobre López Santillana

* Ivermectina, el pecado científico que también cometió Guanajuato

1.- En la confrontación con Loret, AMLO rebaja la institución presidencial

Andrés Manuel López Obrador ha dicho incontables ocasiones que puede tener adversarios no enemigos. Esta vez, sin embargo, ese mantra quedó evidenciado como una impostura al utilizar los poderes del estado mexicano para exhibir los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, en un despliegue que solo puede catalogarse como una venganza personal.

Con esa acción, que incurre en violaciones a la Constitución que juró defender, el presidente de la República no solo parece haber cometido un delito, sino algo que en política es aún peor: un error descomunal.

El centrar sus baterías en un periodista, más allá de su historial y de sus descomunales ingresos, López Obrador ha dado un paso decisivo para abandonar el talante democrático y reformador bajo el cual llegó a la presidencia y con el que gobernó la primera mitad de su sexenio.

La intención de modificar vicios ancestrales de la política mexicana, como la corrupción construida mediante las complicidades entre empresarios, líderes de opinión y funcionarios públicos, queda en entredicho cuando ningún responsable de abusos de poder o de malversación de caudales públicos ha sido sentenciado, pero si se emplea el poder del estado para exhibir a un comunicador que se ha convertido en el mayor crítico del presidente y que ha logrado exhibir que muchos de esos vicios persisten en el nuevo gobierno.

López Obrador ha señalado que Loret se encuentra al servicio de intereses presuntamente espurios, como los monopolistas de contratos de medicamentos de sexenios anteriores. Sin embargo, no parece haber ninguna investigación seria sobre las complicidades entre esos empresarios y funcionarios o ex funcionarios, lo que deja la denuncia sin sustento.

Al declarar la guerra a Loret, el presidente parece distraerse con el señuelo y olvidar a quien está detrás, lo hace además violentando mandatos legales y lesionando su investidura, se trata de un movimiento en falso que puede llegar a constituir un punto de inflexión en su narrativa, en su gobierno y en el movimiento de transformación que quiso encabezar.

Hoy, un periodista de élite, amigo y cómplice de muchos de los miembros de la rancia y desprestigiada clase política que el obradorismo quiso erradicar, al menos en el discurso, es el paladín de la libertad de expresión de la defensa de derechos ciudadanos frente a abusos del poder.

Además, el tiempo y la dureza de los calificativos en contra de Loret y otros periodistas como Carmen Aristegui distan mucho, en tono y energía, de los tibios enunciados que ha empleado el presidente para condenar y lamentar la muerte de cinco periodistas de diferentes estados del país, lo que deja en evidencia la escasa valoración en que se tiene la labor de los comunicadores desde la presidencia que pretende transformar al país.

Resulta paradójico que la exhibición realizada desde la tribuna presidencial de los exorbitantes ingresos de Carlos Loret concite mayor repudio en la opinión pública que la pérdida de la vida de periodistas que enfrentan duras condiciones en su desempeño y una gran precariedad salarial.

Lo peor de todo es que a esa inequidad contribuya el propio líder de un movimiento que se quería reformista y que parece retroceder a pasos agigantados.

Al fracasar en cumplir el anhelo de un cambio profundo en la política mexicana, la promesa que logró aglutinar a una mayoría nunca vista en la historia moderna de México, López Obrador puede conducirnos a un retroceso aún peor: el regreso de la cleptocracia política que con todos sus defectos y su cinismo, puede erigirse como un mal menor frente a los excesos de un líder mesiánico y sin rumbo.

Esa polarización deja pendientes múltiples y urgentes debates: la depuración del periodismo cómplice de los poderes fácticos, la refuncionalización de nuestra taimada democracia, la pérdida de territorios frente a las bandas criminales, la militarización del gobierno, la crisis migratoria, la quiebra sanitaria y el derrumbe de la economía.

Por donde se le vea, estos son tiempos oscuros.

2.- Kínder robado y condonación de predial del Campestre: «no me preocupa»

Confirmando lo que muchos sospechábamos, que se encuentra protegido al más alto nivel por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el exalcalde de León y actual director de Guanajuato Puerto Interior, Héctor López Santillana, reapareció esta semana para declarar oficialmente que las dádivas en especie que su área de personal le pedía a los proveedores que presuntamente ganaban licitaciones públicas «no son moches, sino contraprestaciones».

Imaginen a un agente de tránsito que pide un soborno por no levantar una infracción, como ocurre regularmente en León: «no es mordida, es contraprestación».

Dice López Santillana que es un manejo perverso imaginar que esa especialísima situación, no contemplada en la ley, donde se convenía la entrega de bienes de proveedores, es una ilegalidad.

Bien, si la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, sería bueno saber en que norma se basó el hombre de todas las confianzas de López Santillana, Enrique Sosa Campos, para establecer esa especie de horcas caudinas por la que deberían pasar quienes quisieran verse favorecidos por contratos de la administración municipal de León en el sexenio 2015 – 2021.

Claro que López Santillana tiene experiencia en ese tipo de manejos, lo hizo tempranamente en el gobierno de Juan Manuel Oliva cuando inventó una empresa fantasma, Cereales y Pastas Finas, para intermediar la compra de los terrenos destinados a una refinería que nunca se construirá, alrededor de mil hectáreas que hoy deben rentarse a agricultores exportadores para que sean una carga menos gravosa al erario.

En aquella época, Santillana recibió como premio un lapso de seis meses como gobernador interino, lo que a su vez le permitió negociar su regreso al cargo de Secretario de Desarrollo Económico, con un Miguel Márquez que se resistía a designarlo.

Hoy, cobra encomiendas menos gravosas pero igual de irregulares, como convertir el patio de un kínder en terreno baldío, mediante un procedimiento de blanqueo burocrático, para después favorecer a un amigo del gobernador al que le faltaba un alberca en su residencia; o abaratar el pago del predial al club donde se solazan los notables de la ciudad, simulando que es un predio agrícola.

Gracias a que Santillana aplica el viejo mantra yunquista de que «el que obedece no se equivoca», hoy se muestra confiado de que nada ocurrirá con las flagrantes violaciones legales que cometieron sus subordinados.

Ahí estará Diego Sinhue los próximos dos años y medio para protegerlo. Con su «confianza» en violar la ley sin consecuencias, el exalcalde solo pone en evidencia que las decisiones que le llevaron a la ilegalidad no fueron suyas, sino de quien hoy le cobija con su manto protector, junto con sus principales operadores: Enrique Sosa y Gonzalo León, que subsisten en la burocracia de la Secretaría de Desarrollo Económico a ciencia y paciencia de Mauricio Usabiaga, otro funcionario que parece que aún no toma posesión de su cargo.

3.- ¿Mengele también en Guanajuato?

Ahora que se ha señalado con gran fuerza el despropósito de los servicios de salud de la ciudad de México al prescribir el fármaco Ivermectina a los enfermos de Covid-19, incluso con denuncias penales de por medio realizadas por legisladores del Partido Acción Nacional, sería muy bueno voltear a otras entidades, como Guanajuato, donde se hizo exactamente lo mismo.

En marzo de 2021 se pudo conocer un documento titulado *Lineamiento Técnico para el Uso de la Ivermectina en casos leves de pacientes con SARS-COV 2* propiedad de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), mediante el cual se ordenaba a los servicios médicos entregar muestras del medicamento propiedad de la dependencia, a la vez que se solicitaba llevar un registro de los resultados del tratamiento.

En esos días fue posible saber que la autora del lineamiento era la doctora Elia Lara Lona, asesora del Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez y colaboradora por muchos años del médico – político Éctor Jaime Ramírez Barba, hoy diputado federal por el PAN.

Hoy, el doctor Ramírez Barba publica un documentado artículo en el diario A.M. donde compara a los autores de un ensayo clínico con Ivermectina en la ciudad de México con el médico nazi Josef Mengele, al tiempo que solicita todo el peso de la ley para los responsables de ese despropósito.

Quizá el gobierno de la ciudad de México no le haga caso al diputado panista de Guanajuato, sin embargo, sería mucha más factible que su opinión pesara de manera más contundente en Guanajuato, donde la Secretaría de Salud del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, encabezado por Daniel Díaz Martínez y bajo la directriz científica de la doctora Lara Lona, adquirieron de forma oficial el tratamiento del antiparasitario y lo aplicaron a pacientes de forma indiscriminada.

Pedir sanciones para funcionarios de un origen partidista diverso, pero no hacerlo para los del propio color y más cercanos, no sonaría congruente ni ético, mucho menos científico, Sería simplemente oportunista, hipócrita e intrascendente.