- PAN: Libia toma el control, pero…
- Salvatierra y Seguritech: ni cámaras ni dinero
- CATEM: Los exverdes hacen de las suyas

1.- La Loma: el pasado nunca es pasado
En la política, como en la vida, nunca se sabe para quién se trabaja. El terremoto que se originó en la confluencia de intereses de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera ha dado paso al resurgimiento de una corriente que ya muchos creían extinta en Guanajuato: el grupo de La Loma.
Vamos por partes. El lunes pasado se produjeron dos hechos: la renuncia del dirigente panista Aldo Márquez Becerra a la presidencia del comité estatal y su relevo por la secretaria general Juana de la Cruz Martínez Andrade, cuyo puesto a su vez ocupó el exdiputado de San Luis de la Paz, Armando Rangel Hernández.
Aunque Márquez Becerra manejó su salida como una renuncia en el terreno del “juego limpio” para no estorbar la aspiración de su hermano Alan Márquez a la candidatura a alcalde de León, lo cierto es que el movimiento fue decidido en el despacho de la gobernadora y se le hizo coincidir con el segundo asunto relevante que se abordó ese 13 de julio: el arranque del programa para designar a los “defensores de la patria, familia y libertad” en 9 municipios del estado.
El programa, diseñado por el dirigente nacional, es una réplica a la decisión de Morena de elegir a los “defensores de la transformación”, un eufemismo para adelantar los tiempos electorales y burlar la ley, sacando a la calle personajes que estarán en campañas proselitistas disfrazadas.
La coincidencia de tiempos hace pensar que la gobernadora, quien tuvo un acuerdo con Romero apenas una semana antes, decidió que el proceso de donde surgirán los prospectos más viables para las candidaturas en los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, Silao, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón y Pénjamo, quede en manos de alguien de su entera confianza.
Y no me refiero a la nueva presidenta panista, Juanita de la Cruz Martínez; ni siquiera a Éctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Comisión Política que supervisará el proceso de designación de estos defensores a los que se les obligará a firmar una carta de “no vinculación” a la candidatura.
Quien tendrá en sus manos el filtro que cernirá a los aspirantes a defensores es la comisión técnica, conformada de forma exprés el mismo día 13 de julio por la recién nombrada comisión política y la cual es encabezada por quien ya definimos como un estratega electoral de salón: Fernando Macías Chávez. El que fuera asesor del grupo de La Loma trajo a su staff a su viejo compañero de armas, Antonio Alvarado Briones, a quien ha encargado los estudios de opinión bajo los cuales se medirá la rentabilidad de los candidatos.
Dos abogados tendrán en sus manos la legalidad del proceso y las precauciones para no violentar la legalidad electoral; curiosamente, se trata de los mismos que pusieron en aprietos a la propia Juanita de la Cruz y Aldo Márquez al llevar los litigios que planteó la exsenadora Alejandra Reynoso para impugnar la elección que decidió esa dirigencia: se trata de Óscar Ríos Pimentel y Everardo Rojas Soriano, ambos experimentados abogados en materia electoral que han actuado en el escenario nacional.
Complementan la comisión el comunicador Jorge Cano y la publirrelacionista Paola Enríquez.
Ahí ocurrirá la parte medular del proceso que concluirá a fines del mes de septiembre con la designación de la “persona defensora de la familia, la patria y la libertad”. Resultaría absurdo que a esas alturas se insista en que los elegidos “no tienen vinculación o relación con ninguna precandidatura o candidatura”, como reza el formato que los harán firmar, cuando es evidente que todos los participantes en el proceso han manifestado de forma reiterada su intención de participar en el proceso electoral próximo.
Sin embargo, más allá de la ambigüedad, la simulación y cierta hipocresía, lo que parece políticamente relevante es la presencia de demasiados cuadros que a lo largo de su trayectoria han tenido una gran vinculación con un personaje que a todos los efectos se encontraba desterrado de la escena pública de Guanajuato: Luis Alberto Villarreal García, cuyo último cargo fue el de alcalde de San Miguel de Allende, donde fue derrotado al intentar reelegirse.
Macías Chávez y Alvarado Briones han trabajado con y para Villarreal. Armando Rangel es su compañero de batallas desde principios de siglo y juntos trabajaron para la candidatura de Felipe Calderón. José Luis Oliveros es amigo y discípulo del sanmiguelense.
Resulta interesante que, tras haberse diluido después de dos derrotas en las elecciones internas de 2006 y 2012, la presencia de una corriente que muchos consideraban diluida vislumbre la posibilidad de una nueva oportunidad.
Villarreal ha optado por la prudencia en su nueva etapa vital y política, como cónyuge de la gobernadora de Aguascalientes, dedicándose más bien a actividades privadas. Sin embargo, es difícil pensar que se haya cortado la coleta en el tema de buscar nuevos cargos de representación.
La elección intermedia siempre es un parteaguas que trae sorpresas. Quizá esta vez tampoco sea la excepción. Veremos qué resulta del experimento de Jorge Romero, en el que Guanajuato parece haber asumido el plan piloto.
2.- Salvatierra: se esfuman 211 millones
En el último año de su gobierno, no contento con haberles entregado contratos por 4 mil 300 millones de pesos y haberles regalado obras por 120 millones para ornamentar su viñedo, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez entregó a Seguritech nuevos contratos a través de municipios gobernados por el PAN y sus aliados, que sumaron más de mil millones de pesos adicionales.
Mediante convenios entre el Estado y los municipios, se les otorgaron estos recursos multimillonarios del erario estatal, para contratar en exclusiva con la empresa de videovigilancia consentida de Guanajuato.
Cámaras y centros de control fueron instalados en las cabeceras de municipios como Dolores Hidalgo, los dos Apaseos, Valle de Santiago, Salvatierra, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz.
El apresuramiento para armar cada paquete de recursos otorgados a fondo perdido, pero bajo la condición de que se entregaran en exclusiva a Seguritech, está saliendo a la luz a causa de una auditoría realizada a la pasada administración municipal de Salvatierra, encabezada por el panista Germán Cervantes.
Los 211 millones de pesos otorgados de un plumazo por el gobierno de Sinhue, a través del secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda, pasaron de mano en mano para ingresar en las cuentas de la empresa de seguridad, pero nunca se completó la entrega y el funcionamiento de las cámaras y el centro de monitoreo.
Incluso una dependencia que de ordinario es benévola con las administraciones panistas, como la Auditoría Superior del Estado, no tuvo de otra que realizar las observaciones y reportarlas al Congreso del Estado, de quien dependen ahora el seguimiento de medidas para recuperar el daño al erario e, incluso, la posibilidad de fincar responsabilidades que podrían no quedar solo en la esfera municipal.
En efecto, la Secretaría de Finanzas también incurrió en una falta por la indebida supervisión de la inversión. El daño de 211 millones de pesos, detectado ya en una auditoría, es 10 veces superior al gasto que se revisará en el caso del municipio de León por denuncias periodísticas.
¿Veremos al Congreso tomando decisiones en favor de los recursos de los guanajuatenses o seguirá prevaleciendo el pacto de impunidad?
3.- CATEM: acto fallido
Justo cuando empieza a crecer como opción sindicalista, al haber logrado hacerse con el contrato colectivo de la armadora Mazda en Salamanca, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) da un paso en falso en Guanajuato, al fichar al exdiputado del Partido Verde, Gerardo Fernández, como su rostro público en Guanajuato.
Fernández fue un diputado de escasa trascendencia. Como aspirante a la alcaldía de León, quedó en cuarto lugar con apenas 23 mil votos, 3 veces menos que Movimiento Ciudadano, el partido que los desplazó del tercer lugar desde la anterior elección.
Su dedicación a hacer videos contra la alcaldesa Alejandra Gutiérrez le ganó denuncias por violencia de género, ante la falta de mesura en sus diatribas. Fernández fracasó también en el intento de convertirse en dirigente estatal del PVEM, impulsado por el diputado Sergio Contreras, terminando ambos fuera de ese partido.
Lo más delicado del nombramiento otorgado por el dirigente de CATEM, Pedro Haces, quizá provenga de la inclinación a trabajar de la mano del PAN de su nuevo dirigente estatal, al igual que lo hace su mentor Contreras, no obstante que esta central obrera se define como cercana al movimiento de la Cuarta Transformación.
Gerardo Fernández, quien de sindicalismo no tiene la menor idea, como se ha podido ver en sus primeras declaraciones públicas, lo único que puede hacer es frenar el crecimiento de la confederación en Guanajuato y darle un nuevo aire a la vieja CTM u otras opciones que ya surgen en el horizonte.
Allá cada quien con sus fichajes.
