• Minorías: los votos que drena el PAN
• El fiscal ineficiente que quiere legislar
• Hackers acechan dependencias estatales

1.- Políticas de inclusión solo para la foto

Una nueva falla de coherencia exhibe esta semana el desconcierto que se vive en el PAN de Guanajuato, donde la conducción brilla por su ausencia y los diversos liderazgos institucionales no parecen estar hablando entre sí.

La negativa de la mayoría panista (menos uno), apoyada en sus incondicionales del PRI y ex verdes, para exhortar a la gobernadora Libia García a que garantice la pensión a las personas que padecen discapacidad que no están cubiertas por los programas federales, originó una disidencia que resulta altamente significativa: la del diputado Jesús Hernández, un medallista paralímpico que arribó al Congreso como acción afirmativa de población vulnerable dentro de la bancada panista.

Hernández subió a tribuna para deslindarse de la posición de su bancada, que proponía acotar el exhorto a la Secretaría de Derechos Humanos, dependencia de nueva creación que hasta ahora ha sido completamente irrelevante. Ya en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el atleta guanajuatense había votado en contra de sus compañeros de bancada.

La actitud del legislador panista, que en posteriores declaraciones a los medios ha dejado en claro que su compromiso es con la población que representa y no con el partido que lo hizo diputado, exhibe la falta de compromiso del PAN con las poblaciones vulnerables y pone en evidencia que las cuotas solamente son un requisito cuyo contenido es irrelevante para las dirigencias partidistas.

Qué decir de la representación de la comunidad LGTBIQ+, donde el espacio lo asumieron Aldo Márquez y Óscar González, quienes, más allá de sus preferencias personales, no tienen ninguna militancia en los colectivos de la diversidad, no mantienen interlocución con ellos, ni se les conocen iniciativas en su favor, como ahora que se hace público el retraso de la construcción de una clínica especializada para ese sector de la población.

Y tampoco la comunidad migrante, muy activa políticamente, se siente representada por la diputada Yesenia Rojas Cervantes, quien se ha mostrado más como una disciplinada panista que como una vocera del millón de guanajuatenses que viven en los Estados Unidos. 

La legisladora originaria de Pénjamo y migrante desde corta edad en California ha optado por acciones asistencialistas, en lugar de impulsar modificaciones legislativas, pero aun en esa tarea hay señalamientos sobre desatenciones a casos puntuales, según reportan líderes migrantes a los que se consultó para este tema. Sin embargo, lo que más se le critica es su nula disposición al diálogo y su rechazo a los señalamientos en torno a una mejora de su desempeño.

Ante ese panorama de simulación, destaca doblemente, la congruencia y la valentía del diputado Jesús Hernández Hernández, quien también es Premio Nacional del Deporte, para romper la disciplinada unanimidad panista y poner por delante al sector por el cual se convirtió en diputado incluyente. 

Por otra parte, la decisión de Jorge Espadas, líder de la bancada panista, para ordenar, incluso a sus aliados, minimizar el tema y derivar el exhorto destinado a la gobernadora a una petición de información a la secretaria Liz Alejandra Esparza, viene explicada sobre todo por una decisión desde el poder ejecutivo para posponer al máximo esa discusión, sencillamente por un ahorro de recursos.

Presionadas las finanzas estatales por el gasto de la Tarjeta Rosa, 4 mil 280 millones de pesos en este 2026, los mil 800 millones de pesos que importaría la pensión a la población discapacitada entre 30 y 64 años ya no están al alcance del erario guanajuatense.

Sin embargo, como en otros casos de desafecciones entre panistas, lo que mayor enojo provocó en el legislador fueron las formas, la ausencia de diálogo interno, la línea evidente y, para colmo, hasta las felicitaciones que le hicieron algunos de sus colegas que votaron en contra de su postura. Incluso de haberse producido el pronunciamiento dirigido a la gobernadora, habría sido más bien simbólico, pues podría haber seguido con posposiciones y ganar tiempo para reorganizar los recursos de cara al siguiente ejercicio.

Tampoco hubo contención desde la dirigencia estatal del PAN, con un Aldo Márquez que no parece estar orientando líneas políticas en el partido, ni ha entrado en los grandes temas pendientes que debería abordar la fuerza política mayoritaria en Guanajuato.

En general, los liderazgos panistas hoy vigentes parecen sobrados en su apreciación de que son dueños del pandero y no corren riesgos al desatender demandas, desemplear militantes y posponer decisiones. Lo que no se sabe es si se trata de simple descuido, de soberbia galopante o, sencillamente, de signo de los tiempos.

2.- Vázquez Alatriste: el ilusionista 

Año y medio después de que asumió la Fiscalía General del Estado con una votación dividida y en medio de la polémica por el archivo de un caso que hizo como fiscal federal para favorecer a un integrante del gabinete estatal, Gerardo Vázquez Alatriste emprende una aventura para buscar una reforma del marco legal del país que modifique el papel del ministerio público del fuero común.

Parecía un despropósito cuando cerró con ese mensaje su informe de labores a principios de año, aquel que trascendió en los medios por haber encerrado a los periodistas en un corralito para estorbarles su trabajo en el evento. Allí le pidió a Libia que le apoyara para intentar la reforma que permitiera a la fiscalía estatal perseguir y llevar a tribunales los delitos de delincuencia organizada.

Habrá que ver la famosa iniciativa que llegará con la firma de la gobernadora panista al Congreso del Estado, donde no será difícil que pase sin el cambio de una sola coma, dado el control que ejerce Jorge Espadas sobre su bancada y los diputados satélites del PRI y los ex verdes.

Surgen preguntas: ¿propondrán judicializar los delitos ante los juzgados federales o se incluirá a los estatales? ¿Se proponen ajustes organizativos y presupuestales para darle fluidez al nuevo esquema? ¿A quién le tocará el cabildeo en el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Delincuencia Organizada? ¿Están de acuerdo otros gobernadores con adquirir esa carga en sus estados?

El tema parece una aventura sin destino, mediante la cual Vázquez Alatriste tendrá una nueva coartada para seguir justificando su falta de resultados, porque las que tenía ya se acabaron.

Lo delicado, lo preocupante, es que haya convencido a la gobernadora Libia García de ser parte del proyecto. ¿Dónde está la asesoría política y jurídica que debería blindar a la mandataria? ¿No sería responsabilidad de Jorge Jiménez Lona y de Alejandro Sierra Lugo cuidar las espaldas de la jefa del Ejecutivo?

Si la gobernadora lo que quiere es darle su respaldo a Vázquez Alatriste para demostrar que no se equivocó al apoyar al ex fiscal federal en la coyuntura del relevo de Carlos Zamarripa, lo que puede ocurrir es que esté adquiriendo sin necesidad una responsabilidad en las próximas pifias de este personaje, que al día de hoy no ha mejorado ni un milímetro las deficiencias de la procuración de justicia que padecimos por dos sexenios y medio.

Llevar la iniciativa al nivel federal también atraerá una sobreexposición en los ámbitos político y mediático, justo cuando Guanajuato sigue encabezando las mediciones de homicidios dolosos, con todo y la disminución de las cifras.

Se sabe que la gobernadora de Guanajuato tiene popularidad y capital político en la mayoría de las encuestas, pero no por ello hay necesidad de dilapidar. 

3.- La sombra de la intrusión digital

La cadena de ciberataques que han sufrido instituciones guanajuatenses como la Fiscalía del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y la Secretaría de Seguridad de León, entre los principales, tiene nerviosos a muchos titulares de dependencias y de organismos autónomos que saben que sus sistemas son vulnerables.

La inversión que el gobierno estatal y los gobiernos municipales realizan en ciberseguridad es paupérrima y no siempre se contrata a los mejores en una materia donde la actualización y el aprendizaje son permanentes.

Preocupa sobre todo que el área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Secretaría de Finanzas esté planeando una licitación donde concentraría un contrato único para la protección de todos los servidores gubernamentales.

La política de Héctor Salgado Banda, para concentrar la contratación de servicios abajo el argumento del ahorro de recursos, también concentra el poder y disminuye la autonomía de las entidades gubernamentales, sobre todo aquellas que no están en el sector central y que prestan diversos tipos de servicios al público.

Otro problema es la tardanza, pues ya está por concluir la primera mitad del año y la famosa licitación aún no ocurre, en tanto que muchos de los servicios de seguridad contratados en lo particular ya caducaron. La exposición está en su máximo nivel de riesgo.

El tema no parece preocupar al empoderado titular de las finanzas estatales, quien goza de un margen de maniobra que nunca tuvo en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, aprovechándose de la inexperiencia del equipo que arribó con la administración de la gobernadora Libia García. 

Mientras tanto, hay más de un responsable de sistemas en dependencias del gobierno, prendiendo veladoras para que los hackers no volteen a verlos.