• La seguridad no es lo que se presume. 
• Libia descobija a los viejos panistas
• Se reabre la investigación sobre Sinhue

1.- Aparecen fisuras en la estrategia de seguridad.

Es un éxito si nos atenemos a las redes sociales de la gobernadora Libia García y a los comunicados oficiales del estado y de la federación. La estrategia de seguridad viene dando resultados en Guanajuato y la cifra de asesinatos dolosos ha caído de manera consistente, comparada con los picos que alcanzó el sexenio pasado.

Sin embargo, es pronto para salir a festejar. Las ciudades del corredor industrial, excepto León, siguen sufriendo el flagelo de los homicidios y las extorsiones. No son extrañas las masacres y la percepción de inseguridad sigue en niveles altos. 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI en abril pasado, muestra cómo las ciudades de Irapuato y Guanajuato capital aumentaron 5 y 4 puntos, respectivamente, su percepción de inseguridad desde finales del 2025. El caso de Irapuato es trágico, pues 9 de cada 10 ciudadanos encuestados piensan que su ciudad es insegura. 

Pero ese no es el único problema. Dieciocho meses después de arrancada la estrategia Confía, a cargo del secretario de Seguridad Juan Mauro González, parece que la dependencia no acaba de depurarse y subsisten problemas de disciplina y falta de capacitación.

Hace unas semanas se hizo público el video donde unos elementos de la policía estatal de caminos detienen a un transporte de carga con un pretexto baladí, en la carretera Silao-León, solo para que minutos después aborden el camión dos personas que amagaron al chofer y tomaron control de la unidad, desactivando la cámara. La oportuna difusión del material hizo posible localizar al camión y al conductor con vida, además de permitir la detención de los policías implicados.

Esta semana, una acción poco clara de otros dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado concluyó con el asesinato, por disparos de los agentes, de un motociclista, aparentemente repartidor de tortillas. El parte que informa de los hechos consigna que el elemento quedó a disposición del Ministerio Público, pero trata de exponer excluyentes de responsabilidad, como que el hecho fue en defensa propia.

Se trata de avisos oportunos de lo que aún falta por consolidar en la policía estatal para combatir el enorme rezago heredado por los dos sexenios de descuidos que contribuyeron a la descomposición de la paz en Guanajuato, los de Miguel Márquez y Diego Sinhué Rodríguez. 

La simple presunción de resultados es un ejercicio de marketing, al que tan afecto es este gobierno, pero no es lo que se requiere para el cambio de fondo que amerita la seguridad. Funcionaría más para construir un nuevo espíritu de cuerpo basado en la disciplina y no en la complicidad y el encubrimiento, saber que los malos elementos no solo no tienen cabida, sino que reciben la sanción correspondiente a su falta.

Por otra parte, poco se hace ante el crecimiento de las adicciones y el peligro que entrañan para el reclutamiento, sobre todo de jóvenes, por el crimen organizado, además de su impacto en la salud, en la vida familiar y en los entornos laboral y escolar. Frente a ello, la tarea de la subsecretaria de Prevención, Elia Bárbara Lugo Delgado, se antoja absolutamente intrascendente.

Parece que en ese caso, el secretario Mauro González se dejó llevar por el compañerismo y la lealtad hacia su colega ex policía federal, pero no por el perfil del cargo y por la relevancia que debe otorgarse a esa área de la Secretaría de Seguridad y Paz. 

Nadie minimiza los resultados obtenidos hasta ahora y debe reconocerse el esfuerzo de coordinación que ha encabezado la gobernadora para alinear las acciones estatales con las federales. Sin embargo, el camino por recorrer es largo y aún está lejos la consolidación.

Sería deseable que el ansia de dar buenas noticias o de elevar la popularidad no choque con la actuación responsable, la visión de largo plazo y la paciencia que requiere un problema complejo.

2.- Los panistas de antes ya no son los mismos.

La larga trayectoria de Alfredo Ling Altamirano como prócer del panismo guanajuatense, desde las épocas de la oposición al todopoderoso PRI, quedó esta semana en el olvido cuando al exdirigente estatal y municipal del PAN, exlegislador federal y local y funcionario de larga data, le fue pedida la renuncia a la delegación de Educación en León por el secretario Luis Ignacio Sánchez Gómez, por instrucciones de la gobernadora Libia García.

El despido se aprovechó para despejar la plaza y entregársela a la ex comisionada presidenta del desaparecido Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, la abogada Mariela del Carmen Huerta Guerrero. Sin militancia partidista, pero con el antecedente de haber sido maestra de la propia Libia y del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, la exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle encontró acomodo en la nómina estatal, luego de un gris desempeño en el órgano garante de la transparencia, donde, por cierto, fue liquidada con generosidad.

El cese fulminante de Alfredo Ling, quien no recibió ningún tipo de cortesía desde la oficina de la gobernadora, con el estilo escasamente diplomático que caracteriza a Alejandra Rivera, trajo consecuencias. Su cónyuge, la maestra Leticia Chávez Muñoz, renunció a la dirección general del trabajo de la Secretaría de Gobierno, un nivel 15 con ingresos nada desdeñables de 80 mil pesos mensuales netos. Además, también se retiró de la presidencia de la comisión de elecciones del PAN estatal.    

Aún se recuerda cómo el PAN echó mano de Alfredo Ling Altamirano cuando sufrió la debacle electoral en León en el año de 2012, enviándolo a presidir el comité municipal y desde allí encabezar una creativa y exitosa guerrilla propagandística en contra de la alcaldesa priista Bárbara Botello.

Hoy a Ling probablemente se le esté cobrando su intención de llamar a unas jornadas de análisis tras la elección de 2024, en la que el PAN perdió su hegemonía en el Congreso local y en la bancada al Congreso federal, además de que la elección presidencial le fue ganada por la alianza en torno a Claudia Sheinbaum y también se perdió la fórmula senatorial de mayoría.

Las reuniones convocadas por el veterano panista no fueron atendidas más que por una escasa concurrencia, quizá porque no estaban avaladas por los nuevos equipos que arribaron al PAN y al gobierno estatal. 

El agravio infligido a Ling Altamirano, más allá de su pertinencia como funcionario educativo, algo que brilla por su ausencia también en la designación de Mariela o de la mayoría de los delegados de la SEG en el estado, puede tensar más la relación del gobierno de Libia y de la dirigencia de Aldo Márquez con un panismo tradicional que está siendo relegado sin miramientos.

Allí están personajes como Alejandra ”Wera” Reynoso y Leticia Villegas, en un total ostracismo; u otros como Humberto Andrade y Fernando Torres Graciano, en un estado de semi congelación.

Quizá muchos de ellos no acaben dando el salto a otros partidos, como pasó esta semana con Martín López Camacho, pero tampoco se les nota entusiasmo alguno para participar en las batallas que vienen.

La gran pregunta es si el PAN de la era de Libia Dennise García puede seguirse dando el lujo de descuidar a sus militantes históricos hasta el nivel de orillarlos a la defección o a la inacción.

¿Será acaso que, pese a su vehemente religiosidad, ven la tempestad y no se hincan?

3.- Diego Sinhue, un pesado lastre

La cómoda decisión de la secretaria de la “Honestidad”, la priista Arcelia González González, para archivar la investigación sobre las posibles irregularidades cometidas por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez al otorgar a la empresa Seguritech un contrato de 4 mil 400 millones de pesos por un servicio hasta ahora ignorado en sus detalles, además de favorecerla con inversión pública en el entorno del viñedo Omún, ha sido revertida.

El paso no se dio por las consideraciones de la gobernadora Libia García al reaccionar al reportaje sobre La Rentabilidad del Miedo, publicado por PopLab y Connectas, y retomado por otros medios de comunicación, cuando consideró “viable” reabrir el caso. Fue hasta que la periodista Kennia Velázquez tomó la decisión de presentar una nueva denuncia con las pruebas obtenidas en su investigación, sobre la clara y productiva relación entre Seguritech y Daniel Esquenazi, el casero de Sinhue.

El director jurídico de la Secretaría, el recién estrenado exmagistrado Roberto Ávila García, consideró al recibir la denuncia que esta venía a resolverles un problema técnico, pues estaban discutiendo cómo reabrir el caso.

En realidad, y más allá de que Ávila García tenga más herramientas que las de la secretaria Arcelia González para armar el expediente, todo dependerá de la voluntad de la gobernadora, si decide dar pasos firmes para alejarse de una herencia que le está complicando su voluntad de hacer un gobierno mejor que el de su antecesor o si se resigna a compartir el desprestigio.

Nada ocurrirá si la decisión política de alto nivel es no hacer nada, proteger a Sinhue y mantener incólume la relación con Seguritech, a quien este sexenio ya se le contrataron otros 4 mil 700 millones de pesos, una cantidad que supera a la que recibe del estado la Universidad de Guanajuato, que iguala a la que ejercen la Secretaría del Agua y la Fiscalía General del Estado, y solo es superada por las secretarías del Nuevo Comienzo y de Seguridad y Paz.

Sin embargo, eso no debe ser un obstáculo para seguir exigiendo transparencia y que rinda cuentas uno de los gobernadores de peor fama de la historia de Guanajuato.

Parece un lastre muy pesado para que el Nuevo Comienzo pueda salir a flote en los tiempos que vienen.