Pip: Guanajuato, donde la soberanía del Estado es un concepto filosófico que se debate con mucho entusiasmo y se pratica con menos.

Mara: En esta entrega repasamos el análisis de arnoldocuellar sobre el poder acumulado por una empresa de tecnovigilancia y el riesgo de espionaje político de cara a 2027. Empecemos con Seguritech y lo que su historia dice sobre la autonomía real del Estado en Guanajuato.

Seguritech y la soberanía que se rinde por contrato

Pip: El debate sobre soberanía suele apuntar hacia afuera: acusaciones de tribunales extranjeros, presiones diplomáticas, injerencias. Pero este análisis abre por dentro, preguntando qué pasa cuando el propio Estado entrega sus capacidades a una empresa privada y pierde la facultad de fiscalizarla.

Mara: El texto lo plantea con precisión: «La soberanía del Estado no existe desde hace por lo menos 3 sexenios cuando se trata de Seguritech. No hace falta una invasión norteamericana ni la cooptación de alcaldes o el control de territorios por bandas del crimen organizado, lo que también existe.»

Pip: O sea, el problema no llega desde fuera. Está firmado, sellado y prorrogado desde los despachos del propio gobierno estatal. Eso es lo que hace el argumento incómodo para todos los bandos.

Mara: Y los datos lo sostienen. Seguritech opera como monopolio de cámaras, software, centros de control y llamadas de emergencia desde 2012. Durante esos años, Guanajuato cayó en una espiral de violencia documentada. Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca promovían diariamente la «solvencia del Proyecto Escudo» mientras las cifras de homicidios se disparaban.

Pip: Sinhue prometió aquel famoso «golpe de timón» y no pudo remover a ninguno de los dos ni rescindir el contrato. Libia García condicionó su candidatura al cambio de esas cabezas, pero aceptó la continuidad de Seguritech. El análisis señala que a la propia empresa le convenía el relevo: los funcionarios desgastados absorbieron el desprestigio.

Mara: Y el contrato más caro de la historia llegó en mayo de 2025: 4 mil 719 millones de pesos, firmado ya por Libia García, sin desglose público de conceptos. Solo se conoció porque el escándalo de la Casa Azul de Sinhue en Houston obligó a revelar lo que de otro modo habría permanecido opaco.

Pip: La Secretaría de la Honestidad archivó el expediente. Ahora hay evidencia de nexos económicos entre Daniel Esquenazi y Seguritech que pone en entredicho esa investigación. La pregunta que deja el texto es directa: ¿será tomada en cuenta?

Mara: El análisis también advierte sobre 2027. Seguritech llega a las próximas elecciones reforzada con su mayor contrato, con antecedentes de uso político documentados desde 2015, cuando las cámaras del Escudo sirvieron para hostigar al Partido Verde de Beatriz Manrique y se conocieron grabaciones ilegales contra la alcaldesa del PRI Bárbara Botello. Un sistema que no detuvo el tráfico de combustible ni a las bandas de sicarios, pero sí registró a adversarios políticos.

Mara: El debilitamiento del PAN, sus pugnas internas y el hartazgo ciudadano tras décadas en el poder hacen crecer, según el texto, la tentación de usar el aparato tecnológico para fines electorales.

Pip: Y de la preeminencia de Seguritech a las complicaciones futuras hay un hilo directo: lo que no se revisa no desaparece, solo se acumula.

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Mara: Lo que queda es la pregunta sobre rectificación: el análisis reconoce que la administración de Libia García tiene tiempo por delante y que corregir sigue siendo posible.

Pip: Posible, sí. Aunque en Guanajuato el timón lleva años con las manos de otra empresa encima.