* Desaparecidos: cómo armar un conflicto por sordera

* Se queda Diego Sinhue sin instrumentos políticos

* Tarde la obligatoriedad del cubre bocas y sin sanción

1.- La tardanza en atender el problema de desaparecidos, origen de los conflictos

El estado de Guanajuato, fiel a la actitud refractaria del gobierno local a la atención de los temas de derechos humanos, legisló tardíamente en materia de atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, pese a existir ordenamientos constitucionales al respecto.

Igual que ocurrió con temas como los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; o sigue ocurriendo en los matrimonios de personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo, Guanajuato durante el panismo ha sido refractario a legislar para ampliar los derechos de las personas.

Esa tardanza generó que primero se generalizara la información sobre los descubrimientos de fosas y enterramientos clandestinos y la organización espontánea de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. El estado nunca fue proactivo en la materia y ahora está pagando las consecuencias.

La existencia de colectivos bien organizados, respaldados por redes nacionales y apoyadas por activistas con capacidad de interlocución y respuesta con las autoridades, obligaba al estado a entrar en diálogo y tomar en cuenta sus posturas tanto para la ley como para la integración de los organismos derivados de ella.

No fue así, como viene siendo costumbre, el compromiso del parlamento abierto en el Congreso de Guanajuato nunca ha dejado de ser solo un eslogan de propaganda, fiel al espíritu de la nueva clase política panista que pretende sustituir la política por el marketing, con pésimos resultados por cierto.

Insatisfechos con la ley, los colectivos participaron en la convocatoria para integrar la comisión de búsqueda de personas que también se convirtió en una simulación, pues el resultado no se explica: el perfil del comisionado seleccionado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, en un organismo creada por decreto, dista mucho de ser el idóneo para el cargo.

De carrera administrativa, el paso de Héctor Díaz Ezquerra por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, precisamente en el área de finanzas, no pareció suficiente a los colectivos que más presencia han hecho en el diálogo con las autoridades.

Las objeciones no se han dejado esperar y a ellas ha abonado la propia respuesta oficial que en lugar de tender puentes se ha esforzado en descalificar las críticas y en denunciar “intereses” de parte de los inconformes.

La defensa a ultranza de una mala decisión, que no tomó en cuenta la maduración del movimiento de colectivos de familiares y que se antoja como una medida de prepotencia oficial, llegó al extremo esta semana cuando una manifestación de dos colectivos fue tratada con una dureza que hace tiempo no se veía de parte de las fuerzas de seguridad del estado, bajo las órdenes del de por sí cuestionado Alvar Cabeza de Vaca.

Sin protocolos para contención de manifestantes, con brutalidad, los antimotines de las FSPE entraron en un zipizape con un conglomerado de mujeres, niños y adultos mayores, sin importar que había una transmisión en vivo, como si quisieran mandar una señal al mundo entero. Los resultados no se hicieron esperar y el gobierno de Guanajuato recibió condenas y exhortos a la civilidad de una abanico de organizaciones que incluyeron a la CNDH y a ONU-DH.

Si una semana atrás la noticia era la liberación de los familiares del Marro por deficiencias de la investigación y la masacre de 27 personas en un centro de rehabilitación de adictos en Irapuato; y dos semanas atrás el tema fueron los ataques de bandas delictivas a comercios y vehículos en Celaya y 13 municipios más, de muy poco abonan a la mejora de imagen del gobierno de Sinhue las fotografías de antimotines aporreando mujeres.

Incluso si atendiéramos a las paranoicas visiones de los sectores corporativos de la entidad, que en todo ven una conjura federal para desestabilizar al gobierno panista de Guanajuato, habría que ser muy ciegos para no advertir que en medio del incendio son las torpezas de los propios funcionarios estatales los que arrojan gasolina al fuego.

Guanajuato es hoy un estado que no ofrece ni tranquilidad ni estabilidad. Con sus carreteras sometidas a la criminalidad, con sus ciudades asediadas por delitos violentos, con sus policías escasamente confiables, y con una incapacidad estructural para dialogar con movimientos alternativos, justo en tiempos en los que la conflictividad social está por aumentar, el panorama pinta complicado.

La tarea de la autoridad tendría que estar centrada en remover obstáculos para la recuperación de espacios manejables de paz y de diálogo. Viendo lo que pasó esta semana, pareciera que este gobierno no quiere desactivar bombas, sino multiplicarlas.

2.- El gobierno de Sinhue renuncia a la política

El secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala llegó tarde al tema de la inconformidad de los colectivos. Ya es costumbre. Ayer solo salió de su mutismo para justificar la represión y mandar el mensaje de que está abierto al diálogo, justo después de los toletazos y las detenciones arbitrarias. Vaya manera de presentarse.

Para acabar de hacer inútil su intervención, Ayala lanzó la poco amable afirmación de que no había condiciones para el diálogo del gobernador con los inconformes y que sería, cuando Diego Sinhue Rodríguez quisiera.

Para acompañar la andanada de autoritarismo y soberbia digna del PRI más dinosáurico, desde la gubernatura se solicitaron posturas de respaldo a organizaciones empresariales que trataron de irse por en medio de la complicada situación: llamando al gobierno al diálogo y a las organizaciones a respetar el derecho “al libre tránsito”.

Lo llamativo es que estos grupos nunca intervinieron cuando se discutió la ley de atención a víctimas y la de búsqueda de personas. Tampoco se ha escuchado un solo pronunciamiento empresarial sobre la existencia de fosas clandestinas con restos de personas en Guanajuato, largamente negadas por la entonces procuraduría de justicia.

Con tales posturas, difícilmente se puede aceptar como intermediarios en la interlocución a organizaciones que solo ven por sus intereses y que en estos momentos están centradas en lograr apoyos económicos del gobierno para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria y cuya obtención los ha convertido en carne de acarreo mediático.

Tan sometidas están estas organizaciones, que esta semana se pudo conocer un largo e indigesto artículo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, en el diario A. M., que emprende la imposible tarea de defender a Carlos Zamarripa y a Alvar Cabeza de Vaca y de calificar las críticas a su desempeño como parte de la intención de Andrés Manuel López Obrador de desestabilizar a Guanajuato.

My lejos de aquellas posturas de exigencia para frenar la inseguridad, el Sánchez Castellanos de después de los programas de rescate empresarial por la pandemia le encuentra virtudes a funcionarios de los que hasta hace no mucho era altamente crítico y cuyas posturas le costaron insultos personales de uno de ellos en una entrevista de radio.

Mención aparte merecen los diputados al Congreso de Guanajuato, convertidos en porra oficial de Zamarripa y Cabeza de Vaca, como se vio en las recientes comparecencias. La disciplina vertical que han mostrado los anula como entidad autónoma y lesiona el equilibrio de poderes.

Refugiado en una burbuja de poder cada vez más reducida y alejada de los problemas que sufren los ciudadanos en las calles, el gobernador Diego Sinhue, se ausenta cada vez más de sus responsabilidades y empeña su mermada credibilidad en la defensa de dos funcionarios a los que no avalan sus resultados y cuyas fallas las resienten a diario miles de guanajuatenses.

Mover a todo el aparato político del sistema PAN y sus aliados para enfrentar la batalla originada por la debacle del dúo de la seguridad parece un absoluto exceso y solo queda preguntar: ¿qué les debe Diego a Carlos y Alvar?

Quizá la represión de la manifestación fue solo la exhibición de esa falta de mando y del sálvese quien pueda que parece ser la orden del día en un gobierno que parece estar pasando del pasmo a la decadencia a pasos agigantados.

3.- COVID-19: el gobierno se alarma y decreta cubreboca obligatorio

Con un desconfinamiento sin regulaciones prácticas, con una actitud de dejar hacer y dejar pasar de parte de una autoridad que ha abjurado de su obligación de conducir a la colectividad, esta semana el comité estatal para la seguridad en salud, encabezado por el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez emitió un acuerdo publicado en el diario oficial para volver obligatorio el uso de cubrebocas en el territorio estatal.

La medida no es coercitiva y no contempla sanciones. Puede ser un arma de doble filo y dejar a criterio de las autoridades policiales la vigilancia sobre los ciudadanos. ya en otras entidades se han visto abusos con ese tema.

Sin embargo, la medida deja en claro el nivel de alarma ante un propagación del virus que está superando las expectativas que se habían puesto en el control de la misma. Queda claro que dichas expectativas estaban más alimentadas por buenos deseos que por acciones reales de contención de la movilidad de las personas.

En Guanajuato y particularmente en León, el crecimiento de casos continúa al alza y también el relajamiento. Las autoridades han optado por los llamamientos a la responsabilidad individual en mensajes que no tienen la debida penetración, aceptando prácticamente su limitada capacidad para instaurar medidas de mayor eficacia aunque complicadas políticamente.

Lo que vemos hasta ahora no garantiza un freno al contagio. No pasó cuando la curva empezaba a despegar y no pasará ahora que los niveles han sobrepasado todas las previsiones, puesto que no se está haciendo anda diferente.

En ese sentido, el decreto de obligatoriedad para uso del tapabocas es papel mojado que cuando mucho se prestará a abusos de poder, pero no a una cabal concientización de la población. Nos esperan días difíciles.