Escucho el discurso políticamente correcto de Luis Ernesto Ayala en torno al trato del gobierno estatal hacia los colectivos de familias de desaparecidos, en una conferencia de prensa posterior a una reunión donde no hubo acuerdos entre las organizaciones y el gobernador del estado, y me asaltan dudas fundamentales.
Si el estado está “tan abierto”, “tan sensible”, “tan cercano” y “tan comprensivo” con la situación de quienes han perdido a una persona cercana y no tienen noticia alguna de su paradero, entonces ¿por qué envió a los policías de Alvar Cabeza de Vaca con instrucciones de confrontar, desalojar y detener a los integrantes de los colectivos el viernes pasado?
Lo que hicieron los antimotines de las FSPE no fue una operación de contención limpia, fue una vulgar riña callejera donde unos tenían escudos y toletes y otros estaban completamente desprotegidos, en su mayoría mujeres y personas mayores. La superioridad numérica también estaba de parte de los uniformados.
Con mejores tácticas policiales, de esas que tanto presumen cuando se gastan el dinero en capacitaciones y certificaciones nada baratas, hubiera sido un operativo limpio de encapsulamiento que hubiera permitido el tráfico y respetado la protesta. Eso sí sería grandeza, no los jalones y empujones que se transmitieron a todo el país y generaron reacciones unánimes de repudio, salvo de los empresarios locales corporativizados por los programas de rescate financiero de la pandemia.
Alvar Cabeza de Vaca está convertido en un foco rojo de la administración estatal que solo Diego Sinhue no quiere ver. Sus policías han asesinado personas a sangre fría de forma impune (caso Leonardo Reyes Cayente); su vigilancia de la zona de Celaya y alrededores es muy eficaz… en Twitter, porque en las calles y carreteras de la región las bandas criminales se pasean como Pedro por su casa.
Los centros de readaptación social son nidos de corrupción, de violencia y de insalubridad y no tardaremos en saber de brotes de COVID-19 a su interior, porque muertes por homicidio ocurren constantemente y nadie las investiga, mucho menos las sanciona, sobre todo en Valle de Santiago.
Los mandos únicos del estado son un fracaso y exponen a los elementos de a policía estatal, como se vio en Jerécuaro con el asesinato de cinco elementos desarmados a principios de este mes.
Encima de todo eso, de su ineficacia y de los pésimos resultados de la prevención delictiva, señalados incluso por el Fiscal Carlos Zamarripa en su comparecencia ante el Congreso, Cabeza de Vaca mete en un conflicto político nacional a su jefe, si es que así se asume Diego Sinhue Rodríguez, el dotar al gobernador panista de un aura de represor de víctimas.
Fue de tal magnitud la crítica que se le vino encima al mandatario estatal, que ya de por sí había tenido semanas complicadas, que debió realizar una operación cicatriz este domingo visitando a la víctima de la golpiza de los policías estatales en su casa en Pénjamo, para luego reunirse de imprevisto con los colectivos que repudian al recién designado comisionado para la búsqueda de personas.
En cualquier otro gobierno, con un jefe del Ejecutivo cuidadoso de su investidura y de su capital político, el secretario de Seguridad tendría que estar entregando su renuncia, no como la cesión de una cabeza para calmar las aguas en un conflicto, sino por haber metido en problemas a quien confió en él para resolverlos.
No pasará. Mientras Carlos Zamarripa siga siendo el hombre fuerte del sistema PAN – gobierno en Guanajuato, Cabeza de Vaca tiene la chamba segura, más allá de sus errores y su evidente ineficacia. Y si se encuentra tan seguro, para qué esforzarse.
