Todavía no termina de salir a la luz pública todo lo que se encuentra detrás de los manejos fraudulentos de la Caja Libertad de Querétaro, mucho menos las múltiples operaciones que involucraron a distinguidos guanajuatenses, más allá de los que han sido señalados en los medios de comunicación hasta ahora.
Los manejos realizados por el profesionista salmantino José Antonio Rico Rico, tienen consternada a la clase política y empresarial del vecino estado de Querétaro, por la cantidad de nombres y empresas que se asocian con el financiero que se presume como prófugo a estas alturas.
Sin embargo, en Guanajuato solo ha saltado el nombre del ex gobernador Juan Manuel Oliva, quien otorgó obra pública a un asociado de Rico, el arquitecto José de Jesús Martínez Tejada, durante un tiempo dueño del club Irapuato y de una constructora.
La obra en cuestión fue un hospital en el sur del estado que quedó inconcluso y por debajo de las especificaciones pactadas. El tema fue investigado por Miguel Márquez y subsanado sin escándalos.
Y es que no era para menos, como asociados destacados de Pepe Martínez son señalados en la denuncia de hechos que derivó en la detención del prominente abogado Juan Collado Mocelo, dos irapuatenses que han tenido una intensa actividad en la esfera política y social del estado durante los últimos dos sexenios.
Uno de ellos es el director regional de la Organización Editorial Mexicana, Alejandro Herrera Sánchez, quien en la página 53 de la denuncia realizada por el empresario Hugo Bustamante, ex socio de Rico en Caja Libertad, aparece equivocadamente como “Francisco Herrera, director de El Sol de Irapuato e hijo de un reconocido abogado en esta ciudad”.
El otro que aparece es el empresario restaurantero Guadalupe Centeno, quien junto con Rico y Martínez planeó un negocio en el sureste de comederos industriales para plataformas petroleras, el cual fue financiado con un crédito de 50 millones de pesos, nunca reintegrado a la Caja. Centeno es el propietario de uno de los comederos políticos más famosos de Irapuato: el restaurante de carnes Argentino Steak House.
La trama de operaciones irregulares no es ajena a operaciones políticas. Hay que recordar que Alejandro Herrera, director de los periódicos de la OEM fue un personaje por demás cercano a Rafael Barba Vargas, el financiero de la campaña de Miguel Márquez.
Juntos, Rafael Barba, Alejandro Herrera y su padre el abogado Manuel Herrera Moreno conspiraron para impulsar a la titularidad del Poder Judicial de Guanajuato a la magistrada Claudia Barrera, fracasando en su primer intento, pero lográndolo en el segundo con pleno apoyo de Miguel Márquez Márquez.
La fracasada empresa de comedores industriales en el sureste no parece ajena a la influencia de la que gozó durante el gobierno de Vicente Fox el hijo de Martha Sahagún, Manuel Bribiesca Sahagún, de probada cercanía a Amado Yáñez el dueño de Oceanografía, y que fue durante unos años concuño de Alejandro Herrera.
Y en medio de todo ese entramado otro político guanajuatense podría hacer su aparición. Se trata del priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra, cuyo despacho trabajando en paralelo a su actividad como senador y diputado entre 2006 y 2015, le permitió amasar una fortuna de varios millones de dólares, reflejados en cuentas en paraísos fiscales y en la compra de importantes mansiones históricas en la capital del estado, hoy convertidas en hoteles y restaurantes.
La conversión de la Caja Libertad de sociedad cooperativa en Sociedad Financiera Popular, lo que amplió su margen de maniobra y permitió operaciones de alto riesgo, ocurrió precisamente en 2008, cuando Arroyo gozaba de gran influencia desde su posición de senador. La cercanía de Arroyo y Alejandro Herrera se acentuó en esos años.
Un periodista queretano dice en su columna de esta semana que hay decenas de notables políticos y empresarios de esa entidad rogando porque José Antonio Rico no sea capturado y empiece a cantar.
En Guanajuato debe haber hasta novenarios dedicados a lo mismo.
