* ¿Relleno o confinamiento en Aldama? El gobierno contra los ciudadanos
*De las fiestas COVID al Festival el Globo: ¿dónde tienen la cabeza?
*Fiel a la corrupción, reparte PRI consejo político entre Arroyo y Sánchez



1.- Mucha Secretaría de Medio Ambiente, pero persiste desastre ecológico
Una empresa de procesamiento de residuos urbanos e industriales del norte del país, largamente consentida por los gobiernos panistas de Guanajuato, Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), pretende instalar un sitio de confinamiento de residuos cuya naturaleza parecen desconocer incluso las propias autoridades que le han otorgado permisos, pero que ya puso en alerta máxima a los vecinos de la zona, por lo menos tres comunidades rurales de Irapuato.
Pasa tiene la concesión del relleno sanitario de León, un lugar anticuado que no procesa separación de basura y que pretende ganar imagen de sustentabilidad por un aprovechamiento de biogas cuya verdadera eficiencia se desconoce públicamente.
El gobierno priista de Bárbara Botello le otorgó una ampliación de la concesión del relleno a cambio de que no objetara la asignación de la recolección de basura a otra empresa regiomontana, Red Recolector, muy cuestionada por la oposición panista.
A la vuelta de los años, al llegar al poder Héctor López Santillana, un litigio ante el Tribunal de Justicia Administrativa permitió el retiro de Red Recolector y la asignación, casi en automático, a PASA, que así logró monopolizar recogida de basura y confinamiento.
Ahora, PASA aparece en Irapuato, de la mano de la secretaria de Medio Ambiente, Isabel Ortiz Mantilla, otra de las grandes decepciones del gabinete dieguista, pues no ha logrado darle cuerpo a un verdadero proyecto de rescate ambiental de Guanajuato, ante el desastre provocada por la falta de regulaciones ancestrales y las complicadas competencias local y federal que solo producen vacíos que agravan la situación.
Frente a ello, queda claro que solo el activismo ciudadano puede lograr frenar, así sea parcialmente, la agenda depredadora impulsada por inversionistas inescrupulosos y funcionarios omisos.
Es lo que está ocurriendo en Aldama Guanajuato y sus comunidades aledañas, donde la información sesgada, los rumores y las versiones incompletas sobre un tema que debería ser puesto en conocimiento de los ciudadanos afectados antes que de nadie más, ya produjo un importante movimiento de inconformidad frente a la inminente instalación de una planta cuyos verdaderos propósitos permanecen ocultos.
Si el boletín del municipio, emitido solo después de las primeras protestas, tiene razon en que se trata de un “sitio de disposición final de residuos de manejo especial”, entonces la explicación de la dependencia a cargo de Ortiz Mantilla que solo habla de un “relleno sanitario privado”, constituye un indicio preocupante: o la desinformación es deliberada, lo que incurriría en dolo, o existe ignorancia que quizá sería peor.
Por lo pronto, ha sido la voz de las comunidades la que ha permitido obtener estas primeras “aclaraciones” oficiales y el surgimiento de las preocupantes contradicciones que hacen más urgente que nunca contar con información clara y detallada del proyecto.
Si la empresas PASA, que se presenta como un corporativo serio y con firme compromiso ambiental, no quiere ver afectada su imagen en Guanajuato y el país, más les vale entrar ya en contacto con las comunidades y transparentar su proyecto. Igualmente, Ricardo Ortiz debe tomar en cuenta que se trata de una zona que ha tenido una gran lealtad al PAN y a él en lo particular, entrar en barrena con su electorado puede complicarle la vida a su partido en los meses que vienen.
Quien de seguro ni preocupada está es Ortiz Mantilla, la secretaria poblana que trajo Diego Sinhue Rodríguez a ocuparse de uno de los más graves y profundos problemas de Guanajuato, solo por recomendaciones partidistas. Si las cosas se ponen color de hormiga la funcionaria golondrina sabe que más temprano que tarde estará lejos de aquí.
2.- Emergencia sanitaria a la mexicana: movilidad, fiestas y hasta Festival del Globo
Daniel Díaz, el secretario de Salud de Guanajuato, parece el mejor promotor de la reactivación económica, pues su relajado discurso ya ha permitido que la mayor parte de Guanajuato se encuentre distendido, como si no pasara nada. Con su disminución de pruebas palpable en sus propios registros durante las últimas tres semanas, se ha producido una meseta artificial que ya permite a muchos pensar en una reapertura plena.
Lástima que el Secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, no se dedique en contrapartida a vigilar que las empresas cumplan estrictamente con protocolos de salud mientras les facilita una apertura controlada, sino que se opta por el prohibir de palabra y hacerse de la vista gorda en los hechos.
Y por si algo faltara, los personajes con responsabilidad pública contribuyen al mal ejemplo al tolerar las reuniones sociales de sus cuates y de sus familiares, aplicando la mano dura solo para los sectores económicamente relegados.
Con ese escenario, influyentes promotores de eventos que han aprovechado paraguas institucionales para espléndidos negocios privados, como Escandra Salim Allé con el festival internacional del globo, alientan esperanzas de que la nueva normalidad no sea para ellos.
Esa ilusión parece alimentada desde las cúpulas oficiales, como lo mostró la reunión del pasado mes de julio encabezada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y varios de sus funcionarios, con la directiva del FIG, donde no se decidieron a definir la posposición del evento, sino que solo se acordó “monitorear” la emergencia sanitaria.
Resulta absurdo dejar correr la idea de que un evento cuya principal característica y perfil de negocio es la afluencia masiva de visitantes, pueda tener oportunidad de realizarse en el actual escenario. Mas pronto que tarde se sabrá que un acontecimiento como el del “Buen Fin”, que coincide en fechas con el FIG, pasará a la modalidad virtual y al comercio electrónico, lo que difícilmente puede ocurrir con un evento cuya naturaleza esencial es la presencia de multitudes.
Sin embargo, el conjunto de actitudes de funcionarios públicos y empresarios, muestran que Guanajuato no se ha tomado en serio una estrategia colectiva para frenar el contagio y minimizar el impacto de la pandemia. Muy a la mexicana, todos parecen instalados en la negación, el “a mí no me pasará”, y en el autoengaño que hace a la “nueva normalidad” sospechosamente parecida a la vieja.
3.- El PRI, esa reminiscencia de tiempos idos, sin cuadros en Guanajuato
Sin imaginación, sin cuadros, sin recursos, el PRI de Guanajuato trata de reorganizarse echando mano de lo que puede: los liderazgos inodados de corrupción que trazaron la rutal al despeñadero de ese partido político en los últimos años en Guanajuato.
Presumiendo la capacidad de conciliación, en estos días se anunció la configuración de una planilla “única” para renovar el consejo político estatal. La encabezan Erika Arroyo Bello y David Mercado: es decir, representantes de dos políticos a los que se identifica ampliamente con el PRI corrupto y patrimonialista que sobrevive de las migajas del poder que el panismo les ha dejado: el magnate hotelero Francisco Arroyo y el casateniente y próspero agricultor Gerardo Sánchez.
Ambos potenciaron sus respectivos negocios aprovechando los cargos públicos que desempeñaron en el último cuarto de siglo, como se estiló en el PRI.
Aunque la dirigencia que encabeza la potosina Ruth Tiscareño y el reivindicado Alejandro Arias quiera presumir de habilidades insospechadas para la conciliación política entre contrarios, lo único que trasluce la fórmula es que en el PRI se acabaron los cuadros, la imaginación y los recursos políticos.
Tanto Arroyo como Sánchez tuvieron ya en sus manos la dirección del PRI de Guanajuato, la cual aprovecharon para sacar ventaja a negociaciones con los gobiernos panistas que se tradujeron en ventajas personales.
En 2012, Arroyo Vieyra peleaba la candidatura a gobernador y a las primeras de cambio se retiro para ceder su lugar al extinto Juan Ignacio Torres Landa, a cambio de una diputación federal para sí mismo y una local para su hija Érika, dejando en la estacada a toda su estructura, incluyendo al propio Alejandro Arias.
En 2018, Gerardo Sánchez logró la candidatura solo para tirarla por el caño con una de las peores campañas que ha visto el PRI en Guanajuato, lo que ya es mucho decir, a resultas de lo cual ese partido cayó al tercer lugar y por poco lo empata el Verde.
Tener la más remota esperanza de que políticos como esos signifiquen algo para los nuevos electorados de Guanajuato, en realidad es no tener idea de nada. Lo otro es hacerse a la triste realidad de que en el PRI ya no quedan más que políticos corruptos y entonces con esa yunta hay que arar.
Por lo pronto la posición de su hija le servirá a Arroyo para vender algunas ilusiones entre panistas de que todavía se puede negociar algo con él, quizá a cambio de algunos cuantos contratos para sus alicaídos hostales.
Gerardo Sánchez por su parte hace los dobles juegos de siempre y mientras mantiene la posición de David Mercado en la vía negociadora, envía a Jacobo Manrique y a Armando Uribe Valle a tomar las instalaciones del PRI y erigir una dirigencia “alternativa”.
El hecho de que, a estas alturas, el PRI de Guanajuato deba reconstituirse recurriendo a padrinos como Arroyo y Sánchez, ejemplos claros de corrupción, impunidad y negocios con el poder desde la careta de la oposición, nos habla de una postración terminal.
En todo caso, lo que no se le puede regatear al tricolor es su coherencia extrema: fieles a la corrupción hasta la extinción.