* MC o cómo explicar el enriquecimiento inexplicable de su nuevo valor

* Otro militante partidista sin recato en un órgano jurisdiccional

* La realidad se impone a la manipulación: regresamos al aislamiento

1.- Arroyo Vieyra compra la franquicia de Movimiento ¿Ciudadano?

La política está agotada en Guanajuato y en México.

Los partidos, que monopolizaron la representatividad de la sociedad y plegaron a sus designios a la mayor parte de las organizaciones civiles, hoy no tienen nada para ofrecer y su mayor apuesta son las alianzas pragmáticas que buscan “sumar votos”, más como esperanza que como estrategia.

Carentes de un proyecto de construcción de cuadros, los privilegiados dirigentes partidistas, subsidiados por cuantiosos recursos públicos, ponen sus esfuerzos en “piratear” nombres y trayectorias, a cual más desgastadas.

Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano, el partido que quiso erigirse como una alternativa a la polarización, evitando las alianzas, pero que en Guanajuato vendió sus colores como franquicia a un político rodeado por un aura de corrupción.

Francisco Arroyo Vieyra eligió no explicar con claridad la cuantiosa fortuna acumulada en un cuarto de siglo de cargos legislativos, cuyas dietas sumadas son ampliamente rebasadas por su “cochinito” en Andorra y su imperio inmobiliario en la capital del estado. Como Manuel Bartlett o como Genaro García Luna. O más cercanos: como el Gallo Barba, o Gerardo Sánchez.

En algún texto perdido en una revista de bajo tiraje dirigida a “abogados”, el embajador del gobierno de Enrique Peña Nieto en Uruguay solo aclaró que su fortuna provenía del “libre ejercicio de su profesión”.

No se sabe cuales fueron los redituables litigios realizados en su tiempo libre como diputado, senador, presidente del Congreso de la Unión o de la junta de coordinación política del Congreso de Guanajuato, pero en todo caso existiría la fundada sospecha de que esas actividades “abogadiles” probablemente incurrían en los viejos y normalizados vicios de la política mexicana: el tráfico de influencia y el conflicto de interés.

Pero más allá de las cuitas morales del político, exoneradas de facto por la disposición de la 4 T a darle la vuelta a la página y no investigar casos notorios de enriquecimiento inexplicable, lo que resulta aún más inexplicable es que los líderes nacionales y locales del partido político Movimiento Ciudadano pretendan hacer creer a alguien que su alianza con Arroyo Vieyra representa un mensaje de modernidad política, de renovación institucional o de una mejor forma de hacer las cosas.

Dante Delgado, otro político ex priista, puede muy bien llegar a acuerdos estratégicos con sus congéneres de antaño para tratar de recuperar espacios de poder, pero eso no significa una apuesta de evolución política en un país harto de la corrupción.

Resulta lamentable que políticos frescos y esforzados como Rodrigo González y Ariel Rodríguez, que rescataron a MC de sus cenizas en la entidad, sean desplazados por un dedazo centralista para convertirlos en simples alfiles al servicio de un político autoexiliado del PRI que nunca construyó nada más que opciones personales y familiares, que renunció a representar a sus conciudadanos para aprovecharse de sus cargos en su provecho.

¿Eso es lo que nos quiere proponer el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado: simulación política, deshonestidad, impunidad y traición al electorado? Vaya novedad.

Por cierto, Arroyo y su grupo ni siquiera han renunciado al PRI, pero ya juegan con la cachucha de otro partido que le compite directamente y que sabotea sus trabajosos empeños por recuperar viabilidad mediante alianzas en los municipios.

Tampoco se espera una expulsión. La fragilidad y el cortoplacismo de la dirigencia encabezada por Alejandro Arias y Ruth Tiscareño, en ese orden si se atiende al peso en la toma de decisiones, no permitirá un deslinde claro.

A final de cuentas, como decía el viejo tango los políticos de hoy parecen vivir a gusto “revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados”.

“Que falta de respeto, que atropello a la razón”.*

2.- La partidización de los tribunales no es buena noticia

El 16 de diciembre el Congreso del estado elegía a Vicente Esqueda Méndez como el primer procurador de derechos humanos con militancia panista. No era lo único registrable en ese sentido. En la misma sesión se eligió a Jesús Maciel Quiroz y a Arcelia González González como magistrados del Poder Judicial del estado, el primero panista en activo y la segunda destacada priista.

hasta dos días antes, Maciel Quiroz, abogado ligado profesionalmente durante toda su carrera al ex gobernador Miguel Márquez Márquez, se desempeñaba como uno de los comisionados del CDE panista para procesar los registros de los candidatos a cargos de elección, con varios de los cuales se fotografió y se exhibió en redes sociales.

La ex diputada priista irapuatense Arcelia González, también fue una novedad. Su padre, José Aben Amar González Herrera tuvo una destacada carrera política en gobiernos priistas del estado y el municipio, pero además es un notario prestigiado cercano a un importante factótum político que se mantiene a la sombra pero muy activo: Luis Mariano Hernández Aguado, el primer jefe de Diego Sinhue Rodriguez en su carrera de abogado.

Parece un empate: una posición para Márquez que la cede a su amanuense de cabecera quien fuera su jurídico en la Gestión Pública y en Desarrollo Social y su secretario técnico como gobernador. Una posición para Diego, cedida a una alianza partidista gestionada por su mentor.

Además allanar complicaciones políticas en Irapuato para favorecer la candidatura de Lorena Alfaro, que no las trae todas consigo, no parece salir sobrando.

La pregunta que subsiste no es menor: ¿Y la justicia, qué culpa tiene?

Queda claro que no los derechos humanos ni la labor judicial son prioridades, ante la urgencia de los enjuagues políticos y el pago de favores.

3.- Un semáforo rojo complaciente no servirá de mucho

El gobernador del estado no salió a anunciar el semáforo rojo ni a conminar a la población a frenar la movilidad, salvo por videos en redes sociales. Fue el titular de salud el encargado de anunciar el adelanto del cambio de semáforo del 28 al 25 de diciembre.

Viendo las cifras al alza de contagios y muerte, parecía muy difícil explicar porque se retrasaba hasta el 28 de diciembre la decisión de frenar actividades no esenciales. la respuesta, no dicha, parecía estar en la presión del comercio organizado para no frenar las ventas de temporada, no obstante que esa actividad parece estar en la raíz del comportamiento de la pandemia.

Al igual que el criticado gobierno federal, el estado también se encuentra atrapado en la contradicción de cuidar la salud o cuidar la economía.

La situación es complicada, pero lo peor que puede ocurrir es la indefinición, el optimismo ingenuo y los mensajes confusos.

Aún se recuerda como en los inicios de la pandemia, en el ya lejano marzo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez decidió adelantar el confinamiento y anticiparse a la displicencia con la que parecía estar afrontando la circunstancia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la misma lógica de propaganda del “viaje por gasolina” a Texas, que solo existe en la mente de los publicistas oficiales, Guanajuato quería mostrar determinación frente al peligro aún incierto que se cernía sobre nosotros.

Esa definición parece haber cambiado. Hoy lo que priva es el abandono de obligaciones de municipios y estado para conminar a la población a frenar la movilidad y a detener las actividades innecesarias.

Faltan acciones y orientación masiva, sobran discursos festivos, sentimentaloides y un optimismo sin anclaje en la realidad.

Resulta un contrasentido que el gobierno se limite a inyectar ánimo cuando su verdadera función es la tomar decisiones. Es como si en lugar de seleccionar futbolistas, un equipo se preocupara solo por elegir porristas.

Jueguen ya, señores. Dejen al público las porras o los abucheos y cuiden su actuación.

Y, por lo pronto, a cuidarnos todos.

*Tomado de Cambalache, tango de Enrique Santos Discépolo