• Agripino I, el rey ha muerto
• Sucesión panista de Guanajuato a cuchillo limpio
• Fidesseg: filantropía privada con dinero público

1.- El turbulento fin del rectorado agripinista

En los ocho años de su gestión al frente de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino ejerció un estilo unipersonal que vulneró como nunca antes los órganos colegiados de dirección de la Universidad de Guanajuato. 

Si bien es cierto que la apatía y la comodidad de una comunidad universitaria escasamente participativa nunca ha logrado volver funcionales los espacios de decisión colectiva de la Universidad, evidenciando que la inexistencia de una cultura democrática también habita en las élites académicas, no puede obviarse el absolutismo despótico de la etapa de ocho años como rector del penalista originario de Silao, quien gobernó la institución a capricho mediante una pequeña camarilla que obtuvo grandes beneficios de su cercanía.

El complejo entramado de consejos universitarios que creó la reforma descentralizadora de la casa de estudios, quedó en un caro e infuncional adorno. Los campus carecen de la menor autonomía y todo se decide desde Lascurain de Retana.

Desde el entorno inmediato del rector, personajes como el coordinador de asesores Benjamín Valdivia, el despedido asesor Julio César Kala, la secretaria general Cecilia Ramos, el arquitecto Osvaldo Chávez y su esposa, la secretaria particular Dolores Gallegos, los secretarios académico y de gestión, Sergio Silva y Salvador Hernández el director de infraestructura Eloy Juárez, la abogada general Alejandra Bernardino y la defensora de derechos universitarios Margarita López, se han conformado como la verdadera maquinaria de toma decisiones y manejo del enorme presupuesto universitario.

Por eso el proceso de elección de la nueva persona rectora general de la UG se ha convertido en una obra de teatro isabelina, con golpes de mano, giros en la trama, cambio de lealtades y batallas a campo abierto, como la ya famosa e inusitada “toma del Correo”.

Todo eso, que suena descabellado y confuso, se entiende con claridad cuando se piensa en un conjunto de individuos beneficiarios del poder y el presupuesto que se maneja desde rectoría, que enarbolan una feroz resistencia para mantener sus prebendas.

El propio Guerrero Agripino, que podría jubilarse con sueldo de rector, aspiraría a regresar a algún cubículo de investigación, a la vez que deja instalados a todos los que le han sido leales con plazas de privilegio y beneficios como la cláusula de “costo de oportunidad” que les permitiría seguir cobrando sueldos de la alta burocracia por dos años, aún cuando regresaran a sus plazas académicas.

Para mantener ese plan y seguir constituidos como un grupo de presión al interior de la Universidad, la camarilla requiere alguien a modo en la rectoría general. Cuando vieron la complicación de mantener la candidatura de Cecilia Ramos, por su acotado perfil académico, se dio el cambio de “corcholata” a favor de la economista Claudia Susana Gómez López, con mejores credenciales. 

Sin embargo, la frialdad y la mesura parecen estarse perdiendo. 

Lejano de la cúpula panista del gobierno estatal desde la huelga estudiantil de 2019, Agripino se movió a un acercamiento de última hora a personajes como el director de Profeco Ricardo Sheffield y el delegado de Bienestar  Mauricio Núñez, quienes mantienen el control de Morena en Guanajuato, para protegerse en el trance sucesorio.

Probablemente esa circunstancia se encuentre en la raíz de la petición de información realizada desde el Congreso para ponderar la objetividad e imparcialidad del proceso de designación de la nueva persona rectora de la UG, la cual fue respaldada por la mayoría panista en la Comisión de Educación, sin la cual no se mueve una hoja en el Legislativo.

Y con ese antecedente, puede ser explicable el nerviosismo supremo que produjo el garrafal yerro de acudir en tropel, con alumnos acarreados, administrativos sin voluntad propia y la plana mayor del agripinismo, a tomar el edificio de un medio de comunicación para ejercer un hipotético “derecho de réplica”, que solo disfrazaba una intentona intimidatoria y porril de censura.

Parece algo peor que una ilegalidad, es un error en el medido y calculado camino por el cual Agripino tenía que transitar para lograr su objetivo supremo de imponer una sucesora que le permita mantener a su grupo unido y beneficiado con privilegios económicos y administrativos.

Las escasas setenta “abejas” que tomaron el diario El Correo con gritos y consignas podrían estar muy lejos de la épica que imaginaron al incurrir en el ejercicio arbitrario del propio derecho. Probablemente estén más cerca de haber entonado el cántico funerario a las pretensiones de trascendencia de un rector que se creyó monarca.

2.- PAN: contienda sin árbitro y sin reglas

A nivel federal estamos observando un proceso controlado y férreamente gobernado desde Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador. Aún así, no todas las variables están sujetas y pueden producirse sorpresas y hasta una ruptura, pese a todas las previsiones. 

Pero en Guanajuato ocurre algo muy distinto, lo que parece garantizar una alta conflictividad. Para empezar no hay árbitro o conductor del proceso, pues el gobernador Diego Sinhue Rodríguez decidió tomar abierto partido por una de las aspirantes e impulsarla con todos los elementos a su alcance.

López Obrador ha sido señalado por tener una aspirante favorita, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo esa determinación no se ha expresado de manera pública y hasta ahora es solo in péctore. 

No ocurre así en Guanajuato, pues Sinhue avanzó a Libia Denisse García como su alfil sucesorio al ubicarla en la cartera de Desarrollo Social y enviarla a una gira por los 46 municipios del estado en menos de dos meses. Además, ya es de dominio público la larga comida campestre en la cual el gobernador intentó infructuosamente convencer a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez de deponer sus aspiraciones.

Sin un presidente del PAN con personalidad, autonomía y autoridad, pues Eduardo López Mares no ha superado su papel de “muchacho de los recados”, Diego ha debido emplearse a fondo en orientar la decisión en un solo sentido y ha quedado en una posición muy comprometida, al no conseguirlo.

De llegar a una contienda, incluso a una mesa de negociación previa, el gobernador no podría presidir como árbitro, pues está de forma evidente cargado a una de las partes.

Sería necesario un factor externo, como el jefe nacional panista Marko Cortés, que aunque tiene sus simpatías depositadas en la alcaldesa de León, ha mantenido la neutralidad formal e, incluso, hace unos días recibió a la secretaria de desarrollo social en México.

Las normas tampoco están claras, en la medida que el partido estatal y el nacional permanecen ajenos a acontecimientos que todos los guanajuatenses pueden ver cotidianamente: giras por todo el estado de ambas aspirantes, bardas pintadas, campañas disfrazadas de programas de gobierno, manejo agresivo de redes sociales, movimientos de funcionarios con claro tinte proselitista.

Sin árbitro y sin reglas parece que todo vale. Y esa es la mejor receta para complicar las cosas al extremo.

3.- La filantropía privada se financia con dinero público

La diputada de Morena Hades Aguilar Castillo, de origen sonorense, había pasado desapercibida en el Congreso salvo por sus eventuales inasistencias y su costumbre de conectarse a sesión de manera remota. Sin embargo, hace unas semanas detonó una bomba política al exponer el manejo del fideicomiso para obras de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg) fondeado con un aumento al impuesto estatal sobre nóminas.

De acuerdo a la investigación de Morena, el fideicomiso ha otorgado apoyos a organizaciones vinculadas a familiares de políticos panistas. Destacan nombres como Martha Sahagún, Felipe Calderón, Jesús Oviedo, Héctor López Santillana, Antonio Morfín Villalpando.

Además, esos recursos no han sido justificados, hay asignaciones para obras incompletas y, lo principal, se desconocen los reportes obligatorios mediante los cuales las organizaciones beneficiadas deben comprobar que usaron los recursos para lo que fueron solicitados.

El embate de Morena en el Congreso agarró con las manos contra la puerta al pastor panista Luis Ernesto Ayala, quien tuvo al Fidesseg sectorizado en la Secretaría de Gobierno en su arranque. El diseño del fideicomiso dejó la asignación de los recursos en manos de comités empresariales, que para empezar se asignaron un presupuesto a sí mismos.

Hoy todo el manejo de un impuesto pagado por los guanajuatenses ha ingresado en una zona de opacidad total, la misma de que se queja el PAN nacional con respecto a obras estratégicas de la 4T. El gobierno estatal ha decidido reservar por tres años la información, lo que sin duda aumenta las suspicacias sobre el manejo.

Lo más grave de todo este desaguisado ha sido señalado con claridad por uno de los promotores de la idea de que fueran actores privados los responsables de manejar esos recursos bajo la tesis de que eran “más sensibles y más transparentes” que los funcionarios públicos. 

El ex dirigente empresarial y hoy síndico en León José Arturo Sánchez Castellanos puntualizó en sus artículos periodísticos la necesidad de que se actúe sin dobleces: 

“La postura es muy simple: defendamos el modelo, transparentemos su operación, y sancionemos a quienes hayan, en su caso, abusado. Así de sencillo.”

O lo que es lo mismo: pa’ qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo.