Condenado mediáticamente por la PGJE y el propio gobernador, el velador acusado de asesinar a sus tres hijos queda expuesto al filtrarse una declaración de autoinculpación dentro del proceso; antes se había desistido de la de por si endeble defensa de la PDHEG.
Si un hombre mata a sus tres hijos delante de su esposa y los primeros en llegar a la escena del crimen, a pocos minutos del hecho, son policías de élite; si, además, ese hombre empleó un arma que es localizada allí mismo y recogida por los mismos agentes expertos, pareciera que se trata del caso más sencillo del mundo.
Este no ha sido, sin embargo, el camino seguido por la investigación del triple homicidio de San Miguel de Allende, donde, paso a paso, la autoridad se ha encargado de sembrar de minas su propia credibilidad.
Primero, al tardar cuarenta horas en dar a conocer la información del operativo y su saldo fatal, así como la detención de Antonio Silva. Segundo, por la tajante afirmación de la PGJE de que el velador detenido era el asesino de los tres niños, olvidando la presunción de inocencia como base del nuevo sistema penal acusatorio.
El tercer evento que sembró dudas en el proceso fue la entrevista sostenida por el gobernador Miguel Márquez Márquez con el procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba, al día siguiente de que anunciara la apertura de una investigación sobre el tema, ante la denuncia de abusos policiacos en contra de Juana Luna, esposa de Antonio.
En cuarto lugar, ocurrió la intervención del alcalde panista de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal, para apropiarse de la representación de la familia y pagar de su bolsillo a un abogado de la ciudad de México, Rafael Heredia, sustituyendo al abogado local que había patrocinado el patrón de Antonio, encerrando el caso en un círculo de intereses políticos dentro de Acción Nacional.
Después ocurrió la rueda de prensa del procurador Zamarripa donde este dio a conocer un hecho lesivo de la integridad personal de Luna: el intento de infligirse daño a sí mismo, cuando esto no venía al caso, aclarando además que había sido en una sesión con los representantes de Derechos Humanos, algo que por definición no tendría que ser del conocimiento de la Procuraduría, justamente la instancia investigada.
Ahora, nos venimos a enterar de la declaración de Antonio Luna, donde confiesa la autoría del homicidio de sus tres hijos, realizada ante el juez y en presencia del abogado defensor en una sesión de carácter privado. El origen de la filtración, de acuerdo al diario que se prestó a difundirla, son “fuentes allegadas a la investigación”.
En estricto sentido, toda la investigación corre a cargo de la Procuraduría de Justicia de Carlos Zamarripa. No hay otra instancia que realice “investigación”, por lo que la filtración, como el caso de Florence Cassez, podría ser una abierta violación al debido proceso, de parte de la propia autoridad encargada de procurar justicia.
Sin embargo, en lugar de censurar o distanciarse del tema, la filtración que violenta el proceso y los derechos de Antonio Luna mereció una efusiva declaración del gobernador Miguel Márquez, quien tomó la versión de Milenio como la verdad “pura y dura” y salió con este discurso ante los medios:
«Yo se los dije desde un inicio, yo les comentaba que la verdad tendría que salir a flote y yo se los comenté siempre. Yo no quisiera hablar mal porque, pobre padre de familia, no es fácil para él ni para la misma familia que ha pedido discreción en el tema, ellos mismos han solicitado que las audiencias sean privadas y los mismos abogados.
Yo al final del día les digo que ahí queda muy claro que la Procuraduría actuó conforme a ley y actuó en consecuencia y eso sí también tiene que quedar muy claro a la luz pública porque fueron días de solicitar cabezas, fueron días de señalamientos políticos y fueron días que aguantamos, aguantamos candela porque así la ley lo establece y porque así es, pero yo siempre les decía que confíen y que la verdad tendrá que salir a flote».
Sin embargo, ante el embate de la Procuraduría de Justicia y del propio Gobernador del Estado, todo indica que Antonio Luna se encuentra indefenso, pues el mismo abogado defensor que parece haberlo convencido de autoinculparse es el que sugirió que la familia se desistiera de la denuncia puesta desde el primer momento ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Esto que ocurrió el pasado 10 de febrero se sabe ahora, después de que la misma filtración a Milenio adelantara dicho dato. Hasta este momento, la PDHEG consideró oportuno dar a conocer el desistimiento en una “tarjeta informativa”, modalidad que ha instrumentado el nuevo titular de ese órgano para eludir a la prensa.
Qué lamentable resulta que el defensor de los derechos ciudadanos oculte información de un caso que ha concentrado tanta atención, pretextando “atender la petición de discreción de la familia”, solo para que la decisión del desistimiento se conozca en una filtración donde al mismo tiempo se difunde la aceptación de culpabilidad de Antonio.
No se entiende, si todo ha sido tan claro para las autoridades desde el principio, porque han ocurrido todos estos hechos periféricos que han ensombrecido el caso.
Qué hace falta para que se comporten de una forma tan errática tantas instancias de poder, todas actuando en contra de un individuo encarcelado, devastado y carente de una defensa sólida y eficiente.
Solo lo explicaría la intención de ocultar un hecho grave. Como la posible equivocación de un grupo de policías de élite que nomás no dieron una y siguen tan campantes.