Arnoldo Cuellar

Guanajuato y la crisis de migración

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on febrero 23, 2017 at 3:42 am

No podemos saber qué proporciones alcanzará la manía antimigratoria de la administración Trump, pero si podemos impulsar políticas públicas que anticipen sus consecuencias aquí; aunque ya vamos tarde.

Miguel Márquez Márquez fue visionario cuando decidió en una de sus primeras medidas como gobernador crear el Instituto del Migrante Guanajuatense.

Sin embargo, la decisión fue mediatizada casi en automático cuando envió para dirigir al naciente organismo al exalcalde irapuatense Luis Vargas, quien a lo largo de tres años no hizo sino perder el tiempo y conflictuarse con los liderazgos de la comunidad guanajuatense en los Estados Unidos.

Cuando sacaron de allí a Vargas, premiado con una diputación nadie sabe en pago a qué, el tiempo se había venido encima y la posibilidad de crear un liderazgo del IMG para impulsar la organización de los paisanos en Estados Unidos, estaba fuertemente comprometida.

Hoy, armada solo de buena voluntad, pero sin recursos materiales ni humanos, la actual directora, Susana Guerra, se limita a ofrecer los acotados programas institucionales de reparto de becas y licencias de manejar guanajuatenses que son absolutamente irrelevantes en medio de la drástica modificación de las circunstancias.

Buenos para viajar a los Estados Unidos en la época de vacas gordas, a aprovechar la generosidad de los paisanos y el éxito de muchos de ellos en un territorio difícil cuando no hostil, los políticos mexicanos y los guanajuatenses, se encuentran sin respuestas ahora que la comunidad migrante requiere solidaridad, apoyos reales y alternativas si las cosas empeoran.

Sería el momento para un programa emergente transversal que pase por las Secretarías de Educación, de Desarrollo Económico, de Innovación, entre las principales, que prevea la llegada forzada de guanajuatenses víctimas de las deportaciones que amenazan con arreciar.

Muchos de esos migrantes tienen capacidades profesionales que les permiten devengar honorarios profesionales competitivos, las cuales no les serían reconocidas aquí o tendrían que empezar desde cero. Muchos de ellos no tienen certificaciones académicas, lo que en su tierra de origen les complicará su integración al mercado laboral en condiciones normales.

Aunque el gobernador Miguel Márquez “cree”, nadie sabe porqué, que las redadas no se incrementarán ni serán masivas, en varios estados de la Unión Americana ya se incrementan los operativos relacionados con el estatus migratorio, incluso por parte de otras corporaciones de seguridad.

Por si fuera poco, hace unos días, el presidente Donald Trump ordenó la contratación de 15 mil nuevos agentes migratorios “para reforzar el control y acelerar los procesos de deportación”.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly aseguro que el objetivo de estas medidas no son únicamente los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, si no también quienes hayan “abusado” de beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”, lo que deja abiertas todas las posibilidades y los riesgos para millones de mexicanos y guanajuatenses en los Estados Unidos.

En realidad, nadie sabe qué proporciones puede alcanzar la manía antimigratoria de la actual administración norteamericana y de una buena parte de su electorado. Pero lo que si podemos hacer es preparar los escenarios para el caso de que las cosas se compliquen más, desde ya.

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