Poco duró la idea del «parlamento abierto»; hoy se nos quiere hacer creer que una sentencia judicial en contra de un diputado, que además implica un inédito embargo de la dieta, es «asunto privado».
La información proporcionada por un abogado litigante sobre un caso ganado a un diputado local por el incumplimiento de un adeudo y la decisión de una juez de embargar un porcentaje de las dietas del legislador implicado, ha propiciado un nuevo debate sobre la pertinencia de publicar determinados aspectos de la vida de los personajes públicos.
El diputado en cuestión, Luis Vargas, exalcalde de Irapuato y exfuncionario público de alto nivel en las administraciones de Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, ha dicho que no debe nada, que pagó la deuda de 500 mil pesos “en efectivo, con billetes de 500 pesos, en una bolsa negra de plástico”, aunque no tiene testigos ni recogió un pagaré con su firma.
El jefe político del diputado Vargas, el coordinador panista Éctor Jaime Ramírez Barba, ha expresado que el tema no es de interés público, puesto que los medios no le dan ese trato a todos los deudores, a todos los juicios y a todos los embargos.
Desde luego, el legislador probablemente no recuerda algunas de las consideraciones contenidas en el amparo en revisión bajo número de expediente 2044/2009, cuyo ponente fue el ministro José Ramón Cossío Díaz, el cual otorgó la protección de la justicia federal a un periodista de Acámbaro, Guanajuato, ante una demanda de un alcalde que consideró afectada su honra por una publicación realizada en un periódico local, La Antorcha.
Ahí, entre muchos otros argumentos, el ministro Cossío Díaz considera que:
“Los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente, y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública.”
La resolución va incluso más allá, al declarar inconstitucional el artículo primero de la Ley de Imprenta del estado de Guanajuato, que contiene el tipo penal que encuadró la conducta mediante la cual se quería penalizar al periodista. Dicha ley ya se encuentra en capilla y a punto de ser abrogada por la propia representación parlamentaria del PAN.
Por eso, no se entiende la reacción de Ramírez Barba para responsabilizar a los mensajeros de las malas noticias que le trae su correligionario: los periodistas nada tienen que ver en la solicitud del préstamo del diputado, ni en las pruebas que valoró la justicia para condenarlo a pagar, mucho menos en la decisión novedosa de embargar su salario.
¿Es ese un tema público? Desde luego que sí, sobre todo porque involucra recursos públicos, como lo son los emolumentos que recibe el legislador y que ahora deberán ser descontados en una parte para liquidar el adeudo más los intereses y las costas judiciales.
Pero incluso, de concederle validez a la versión del diputado irapuatense, de que pagó los 500 mil pesos en billetes de 500 pesos en una bolsa negra, sería muy interesante preguntar de dónde provino ese efectivo, pues no es muy usual en operaciones convencionales.
Por donde se le vea, es un asunto de interés público, aunque los promotores del “parlamento abierto”, hoy quieran regatear nuestro derecho a saber.