La señora Marilú Zamora, joven madre de Villagrán, Guanajuato, es usuaria del Seguro Popular, lo cual no le valió mucho durante un embarazo complicado que culminó el pasado lunes 3 de marzo, con un parto difícil tras el cual su pequeña hija solo sobrevivió dos horas, sin ser atendida con solvencia, ni tampoco canalizada a otra institución.

Marilú Zamora fue maltratada durante su embarazo por personal del Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales en Salud (CAISES) de Villagrán, como el ginecólogo Rodrigo Servín, empleado, quien le reprochaba de forma hostil y grosera su sobrepeso; o una enfermera de quien solo recuerda el nombre, Elvira, que de forma despótica le negaba credibilidad a sus síntomas y no aclaraba sus inquietudes.

Sin programación alguna, pese a su insistencia en que el embarazo llegaba su término lo cual percibía por su anterior experiencia como madre de otro niño, Marilú llegó con contracciones al servicio de urgencias del CAISES, donde debió pasar varias horas en una espera para la que no tuvo explicaciones.

Desde semanas antes le habían diagnosticado un irregular latido del corazón de su hija, pero el síntoma no fue tratado.

Sin información, sin trato digno, sin calidez, el parto tuvo lugar hasta la madrugada y entonces fue cuando se vino el mundo encima, tanto a Marilú como a los médicos y enfermeras que la atendían. La bebe aparentemente ingirió líquidos, presentó una situación crítica y le fue solicitada su autorización para un traslado a otro nosocomio que nunca ocurrió. Después supo que la única explicación fue “que la ambulancia no llegó”.

La bebé de Marilú murió a las dos horas de haber nacido. Ella ni siquiera se enteró, postrada en la sala de expulsión, abandonada por el personal médico que aparentemente entró en pánico. Expulsó la placenta sin asistencia y no fue tratada hasta varias horas más tarde.

Entretanto, el cuerpo de la pequeña era entregado a la madre de Marilú sin documentación alguna. Sin certificado de nacimiento y de defunción, el personal del CAISES urgió a la familia para que se llevara el cuerpo por razones “higiénicas”.

Ese mismo día, otro niño murió en el mismo centro hospitalario de Villagrán. En las siguientes semanas se sabría que hay por lo menos siete casos de recién nacidos muertos en esas mismas instalaciones, presumiblemente

La inconformidad de Marilú Zamora motivó que otras madres de bebés fallecidos se sumaran: Sanjuana Enríquez Muñiz, Adriana Santarrosa Tierrafría y Daniela Cervantes Mendoza, fueron otras de las denunciantes.

Hay ya expedientes abiertos en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Guanajuato. Desde abril se presentó una denuncia en la propia Secretaría de Salud que no produjo ningún resultado y que más bien exculpó a los médicos y a los jefes del hospital de cualquier responsabilidad.

La manifestación de 150 personas acompañando a estas madres el pasado jueves 24 de julio, provocó que el Coordinador General de Salud Pública, Luis Carlos Zúñiga Duran, accediera a reunirse con las afectadas, solo para abrir una nueva investigación antes de lo cual “no pueden hacer nada”.

Por su parte, la Comisión de Arbitraje Médico, a cargo de Elia Lara Lona, ya propuso “un procedimiento conciliatorio”, mediante el cual y luego de carear a Marilú y a las otras madres con los médicos que las atendieron, se llegara a acuerdos económicos de compensación. La oferta fue rechazada.

Llama la atención que en un estado cuyo gobierno ha dejado de lado las políticas públicas para impulsar campañas de “valores”; que ha hecho un himno de la buena voluntad y un humanismo discursivo, la respuesta ante un reclamo tan elemental, tan humano, tan profundamente adolorado como el que nace de perder a un hijo por causas que pudieron evitarse, no reciba la menor atención del gobierno.

Llama la atención que un gobierno que postula la prohibición absoluta del aborto y que en el pasado ha llegado a encarcelar a mujeres por abortos, incluso accidentales, no investigue la muerte de niños recién nacidos a manos de médicos y enfermeras ineptos o negligentes.

En un estado donde el PAN modificó el artículo primero de la Constitución para garantizar el derecho a la vida “desde la concepción” mueren niños perfectamente viables, nacidos ya, sin que eso le preocupe a los adalides de la vida ni se castigue a los responsables.

Al igual que en el caso de la violencia contra las mujeres y en los de ataques sexuales contra alumnos del sistema de educación pública, en el caso del sistema de salud vuelve a asomar el arraigado talante autoritario que rechaza creerles a las víctimas y que solapa a quienes abusan del poder.

En esa línea, Ignacio Ortiz Aldana no hace más que sumarse al coro donde ya están Carlos Zamarripa y Eusebio Vega, dirigidos todos por Miguel Márquez: se gobierna para ideas abstractas, no para personas concretas.

Y eso no es ni humanismo, ni honestidad ni defensa de los valores. Es simple hipocresía.