Muchos políticos estatales no parecen darse cuenta de que la pradera se está secando cada día más y que está lista para prenderse aquí y allá.
Ellos, mientras tanto se ocupan de gastarse los fondos públicos, pagarse buenos salarios, darle empleo a parientes y amigos.
Ah, pero también tienen tiempo para mandar mensajes moralilstas a unos ciudadanos que quiseran verlos tomando decisiones y no dándoselas de predicadores.
Por ejemplo, en Guanajuato explota el desempleo y la miseria de los trabajadores mineros desplazados por las compañías canadienses, a muchos de los cuales no les ha quedado otra opción que dedicarse al trasiego clandestino de mineral, es decir, convertirse en uno de esos famosos lupios, característicos de la cultura minera guanajuatense, donde son considerados una especie de «buenos ladrones», que roban a los ricos para paliar la miseria de sus familias.
Es eso o morirse de hambre.
La respuesta de las empresas extranjeras ha sido la de contratar verdaderas guardias blancas, disfrazadas de empresas de seguridad, que ya han asesinado a dos presuntos lupios.
La situación se tensó ayer al máximo, cuando alrededor de cien excooperativistas tomaron las instalaciones de la planta de Bustos, en las cercanías de Guanajuato,con una demanda que no sólo es la del cese de la violencia armada contra los presuntos ladrones de minas, sino también en reclamo del regreso de los fundos mineros a manos de mexicanos.
¿Dónde están las autoridades, tanto las municipales como las estatales que debieron pensar en medidas paliativas para atenuar la pobreza y el desempleo de las comunidades mineras, tras la venta de las empresas a compañías extranjeras? ¿O solamente las grandes trasnacionales ameritan la entrega de subsidios?
¿Dónde están las autoridades procuradoras de justicia para sancionar y poner freno a una empresa privada que ha tomado en sus manos el castigo a presuntos delitos y aplicado de facto la pena de muerte, por cierto inexistente en México?
Es un asunto grave que no puede quedar solamente en el lavado de manos de todos los responsables. Las empresas extranjeras que invierten su capital en México, tomarían como una pésima señal la existencia de conflictos que afecten a una de ellas y paralicen sus actividades.
Pero también la sociedad de Guanajuato y de México, en sus estratos más activos, vería de forma condenatoria que se privilegie a las empresas extranjeras con un trato de excepción, como el que se observa con el uso de cuerpos de seguridad violentos e impunes, o con la creación de ínsulas de riqueza en medio de guetos de pobreza.
En su reciente informe de gobierno, Miguel Márquez insistió en mostrarse como un político «con valores», una característica que habla más de su persona que de su papel como estadista, donde el valor supremo debería ser el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, concedamos que en verdad lo mueven los valores típicos de la cultura cristiana occidental, uno de ellos altamente considerado es el de la solidaridad y mucho de lo que pasa hoy en Guanajuato podría ser atendido, en un principio, desde esa perspectiva.
Para ello, habría que estar allí donde las cosas pasan y, también, transitar de las palabras a los hechos.