Arnoldo Cuellar

SCT: delegados federales de Osorio Chong o como pescar a río revuelto

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on marzo 13, 2014 at 3:32 am

Mientras Enrique Peña Nieto se embarca en una batalla de absoluta sobrevivencia por regresar a su cauce a los desatados poderes fácticos acrecentados por 12 años de gobiernos panistas complacientes e ineficientes, en su propio gobierno comienzan a formarse los embriones de los monstruos del futuro.

Recién tomaba posesión el priista ganador de las elecciones de julio de 2012, cuando se vino el recambio de delegados federales en los estados de la República. El orquestador de la limpia que debió echar fuera a un ejército de operadores panistas en todo el territorio nacional, fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El palomeo de las listas de delegados en cada una de las entidades no se realizó en las coordinaciones que para ese efecto tiene cada dependencia, sino directamente en Bucareli, donde se eligieron perfiles, se decidieron prioridades y se otorgaron premios y recompensas, buena parte de ellas relacionadas con el reciente comportamiento en la campaña.

Los nuevos delegados del gobierno federal en los estados tienen menos que ver con la idea de impulsar programas de gobierno, que con el pago de méritos de campaña y la planeación de futuras gestas electorales.

Así, vemos en la responsabilidad de importantes secretarías de estado a ex candidatos perdedores, a alcaldes salientes o a prospectos para próximas campañas.

En Guanajuato, donde además se da el caso de que el gobierno local está en manos del PAN, los delegados se han convertido en una fuerza de tarea que tiene como misión cercar al gobierno y otorgarle recompensas y castigos de acuerdo a su comportamiento.

En esa lógica política, hay una interesante excepción. Se trata del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quizá la dependencia federal con mayor presupuesto, tanto para nuevas obras como para mantenimiento de las existentes. Este año, por ejemplo, casi llega a los 4 mil millones de pesos de ejercicio anual.

Pues bien, el funcionario encargado de aplicar ese presupuesto es un ex alcalde de Hidalgo y, además, colaborador de Miguel Ángel Osorio Chong en su paso como gobernador: Leoncio Pineda Godos.

Se trata de un abogado que fuera de su paso por la alcaldía de Tepeapulco, no tiene mayor experiencia en asignación  y gestión de obra pública. Sin embargo, ya logró imponer un record en el manejo de los concursos de obra realizados en 2013 en Guanajuato, donde de la noche a la mañana el estado se vio inundado por empresas constructoras nativas de Hidalgo. ¿Casualidad?

En 2013, por ejemplo, de 301 millones de pesos asignados a obras de conservación carretera en la entidad, un 44 por ciento de ese monto, alrededor de 131 millones de pesos, fue ganado por tres empresas originarias del estado de Hidalgo.

Por si fuera poco, el resto de las obras fue asignado a empresas provenientes de Querétaro, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal.

La situación provocó una protesta pública de la Cámara de la Industria de la Construcción en Guanajuato, a través de su presidente Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, quien defendió la capacidad de las empresas guanajuatenses para realizar las obras que se concursan en el estado.

Enfrentado a esta situación, Pineda Godos, con una franqueza rayana en el cinismo de quien se sabe bien apoyado desde la ciudad de México y no precisamente por sus superiores de la SCT, señaló que las empresas locales no ganan las obras “porque no pueden o no quieren participar”.

La pregunta que salta a la vista es ¿para qué quiere el Secretario de Gobernación a un hombre de confianza en una delegación de Comunicaciones y qué sentido tiene favorecer empresas hidalguenses en otras entidades del país?

Por una parte, en un gobierno que busca la eficiencia de la administración pública, la modernización del país, el control a los cotos de poder y, sobre todo, la erradicación de los grupos de poder fácticos, no parece la mejor estrategia la existencia de dobles agendas, con funcionarios que están mezclando las prioridades del presidente con las suyas propias.

En Guanajuato, los constructores empiezan a recibir mensajes de que cualquier rebelión contra el delegado de SCT será mal vista por la Secretaría de Gobernación, tratando de espantar con un mensaje que pudo haber tenido impacto y vigencia en la época de Luis Echeverría, aunque aún haya algunos que se dejan atemorizar con ese cuento.

Una parte importante de la consolidación del PRI en su regreso a la presidencia de la República pasa por la posibilidad de ejercer un liderazgo moderno del país y no por la de pretender restaurar el autoritarismo como escudo de defensa de los intereses patrimonialistas y la corrupción simple y llana.

Por lo pronto, en poco más de un año, el ex alcalde hidalguense enviado a Guanajuato a crear algún tipo de caja chica para futuras aventuras políticas, o quizá simplemente a aprovecharse del cargo sin mayores proyecciones, ya se ha logrado significar como epígono de los vicios del viejo PRI.

Por esa misma causa ya debieron de ser removidos dos delegados en este mismo lapso: el de Conagua, Octavio Mijangos, a quien lo persiguió hasta Guanajuato su historial de corrupción en Tabasco y Guerrero, sobre todo tras el paso del huracán Manuel; y el de Infonavit, sorprendido en el trance de pedir “moches” a proveedores dizque para la Cruz Roja, que evidentemente nunca tuvieron ese destino.

Si Leoncio Pineda Godos, un funcionario confrontado con el sector que debería ser su principal aliado en Guanajuato no se convierte en el tercer delegado relevado en la entidad, será otra prueba viviente de que la modernización que busca Enrique Peña Nieto está enfrentado resistencias no sólo en los grupos de presión externos, sino también en el seno de su propio gobierno.

Son el tipo de contradicciones que hicieron estallar en pedazos el proyecto salinista a mediados de los años noventa del siglo pasado. ¿Hará falta reiterar el clásico “no se hagan bolas”? ¿Servirá de algo?

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