Definitivamente, se equivocaron de forma rotunda quienes pensaron que la disminución mediática del caso Lucero significaba la desaparición o el olvido de las omisiones en las que incurrieron las autoridades de procuración y administración de justicia; las actitudes de los funcionarios que incurrieron en la revictimización de la joven guanajuatense; así como del silencio de las instancias de derechos humanos local y federal que hasta el momento han evitado pronunciarse sobre el tema.
En un documento contundente por su argumentación jurídica, su soporte en la jurisprudencia derivada de los tratados y las convenciones internacionales y su asunción plena de la perspectiva de género, el Juez Primero de Distrito Arturo González Padrón, dejó en claro que en el caso de Lucero falló garrafalmente la justicia de Guanajuato.
En una sentencia que abarca 67 páginas, el juez González Padrón entra al fondo del asunto y encuentra que bajo los criterios vigentes de la justicia penal con perspectiva de género y amparado en jurisprudencia que ha derivado de los convenios internacionales firmados por el país, con los mismos elementos de que dispuso la agente del ministerio público, Blanca Raquel Ramírez, y la juez de control, Paulina Iraís Medina, la agresión sufrida por Lucero Salcedo amerita la vinculación a proceso del agresor Miguel Ángel Jasso, por los delitos de lesiones ya considerado, y los actualizados de privación ilegal de la libertad y tentativa de violación.
Ante ello, el mismo juzgador federal ordena dejar insubsistente el primer acto de vinculación a proceso, del 30 de septiembre pasado.
Pero las cosas no quedan allí. Otro cuestionamiento fuerte del juzgado federal surge para las instancias de derechos humanos, tanto la de Guanajuato, que pareció aceptar con alivio la atracción del caso por la instancia federal para evitar pronunciarse, como la propia CNDH, que contradijo su propia urgencia de hacerse presente, al haber omitido pronunciarse por más de seis meses.
El juez González Padrón, de forma explícita, señala en el cuerpo de su argumentación:
“Por consiguiente, ante tales limitaciones y omisiones de la autoridad responsable, deviene patente que la Jueza de Control, al emitir el auto de vinculación a proceso aquí combatido, transgredió los derechos humanos de la hoy quejosa (víctima u ofendida en el procedimiento de origen); pues con tal proceder, impidió que ésta pueda conocer la verdad de los hechos, que obtenga un adecuada reparación del daño y a que el presunto responsable de la comisión de un hecho tipificado como delito, sea juzgado por la conducta antijurídica realmente cometida en su contra.”
Es decir, de forma explícita, el amparo federal ya dejó atrás a la omisa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Raúl Plascencia Villanueva. Más rezagada quedó la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, de Gustavo Rodríguez Junquera, que después de anunciar su papel de coadyuvante, desapareció en el caso, al parecer aliviado de haber soltado una papa caliente.
A una semana de haberse emitido la sentencia sobre el amparo, el martes 11 de marzo, aún no se conocen posicionamientos del Poder Judicial de Guanajuato, a cargo de Miguel Valadez Reyes, al que le corresponde acatar lo dictado allí. Tampoco se ha escuchado la voz de la Procuraduría de Justicia, dirigida por Carlos Zamarripa Aguirre, por lo que le toca en sus procedimientos,
Mucho menos se tiene la postura del gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, impulsor forzado de políticas de equidad de género a través de modelos importados que aún no muestran concreción alguna, pero derivadas de forma directa de la exhibición en que los colocó precisamente este caso.
El tema, a final de cuentas, no es que una golondrina haya hecho verano, sino que la evolución del caso de Lucero Salcedo vs. Miguel Ángel Jasso, gracias a la tenacidad de la víctima, al acompañamiento de organizaciones como Centro Las Libres y la Clínica de Interés Público del CIDE, a la solidaridad de la sociedad y del grupo de apoyo que se formó en el entorno de Lucero, logró mostrar de forma fehaciente la precaria situación de nuestros mecanismos de aplicación de la justicia frente a los más avanzados protocolos de defensa de derechos humanos y la equidad de género.
Parece que no se vale querer evolucionar solo en algunos terrenos, mientras s persiste en el atraso en muchos otros. ¿Queremos ser una sociedad contemporánea de las más avanzadas del mundo? No se trata sólo de importar modelos de producción y capital de esas naciones, también habría que ponerse al día en políticas públicas y respeto a la sociedad organizada.
La mejor consecuencia del caso que nos ocupa sería que los responsables de las instituciones estatales retomen con humildad las lecciones derivadas de la sentencia de amparo y subsanen las fallas de sus protocolos. Sería inadmisible que la soberbia y el autismo ideológico los llevara a tropezar con la misma piedra en un futuro próximo.
