Guanajuato es una entidad con innumerables riquezas turísticas, tanto en el renglón de las bellezas naturales como en el de la historia y la cultura. Desde hace algunos años, los gobiernos locales han tratado de potenciar esas posibilidades, aunque no siempre con una visión que busque los equilibrios.

Hoy se discuten en la entidad dos proyectos detrás de los cuales parecen latir grandes bondades, pero que en los hechos afrontan dificultades precisamente por la carencia de una gestión que respete los valores de las comunidades a las que se busca impactar.

Las preguntas son las mismas desde hace tiempo: ¿el progreso debe ser impuesto? ¿Unos cuantos son los que saben qué es lo que nos conviene a todos? ¿Las resistencias deben ser vencidas a cómo de lugar?

Ya en Guanajuato hemos tenido muestras de que la mala conducción de proyectos, presuntamente portadores de grandes beneficios, no pueden pasar cuando renuncian a las armas del convencimiento.

A principios de la década de los noventa un intento de crear una nueva ciudad en el municipio de Guanajuato, que buscaba concentrar los servicios de gobierno como punta de lanza de un desarrollo turístico ambicioso, respaldado políticamente por el gobernador panista Carlos Medina, y contando con el visto bueno del poderoso secretario de Desarrollo Social Luis Donaldo Colosio, se topó con una ciudadanía decidida a la que nunca se consultó y que logró frenar el proyecto denominado Guanajuato Nuevo Horizonte.

Parece que esa historia no la han revisado los actuales responsables de dos nuevos intentos de intervenir con proyectos modernizadores en sitios poseedores de valores culturales arraigados, como lo son el Mineral de Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz y la rica zona arqueológica otomí entre San Miguel Allende y Guanajuato.

En el primer caso, se trata de un desarrollo turístico y residencial de lujo que persigue atraer a jubilados extranjeros, con campos de golf, , hoteles y zonas de esparcimiento campestre. Para ello, se han realizado maniobras legales a fin de involucrar a ejidatarios como hombres de paja y se ha realizado una extensa acción de compra de tierras, con métodos que ya empiezan a recibir cuestionamientos.

En el segundo caso, se ha avanzado en el proyecto de licitación de una nueva carretera de cuota concesionada a particulares, que unirá San Miguel de Allende con el aeropuerto internacional de Guanajuato, la cual aún no cuenta con la validación de impacto ambiental, además de que afectaría una rica zona arqueológica, próxima al centro ceremonial de Cañada de la Virgen, rescatado hace pocos años y cuya  exploración ha venido a replantear muchas de las hipótesis en torno a las culturas precolombinas del Altiplano mexicano.

El proyecto turístico de Pozos es encabezado por un inversionista del Distrito Federal, Daniel Esquenazi Beraha, quien hizo sus primeros acuerdos con el ex gobernador Juan Manuel Oliva, llegando incluso a conformar una Fundación para el Desarrollo de Pueblos Mineros, en la que por cierto también se encontraba incluido un empresario que hoy es diputado priista, Jorge Videgaray Verdad.

En esa medida, el desarrollo de Pozos es otra más de las herencias incómodas recibidas por el nuevo gobernador, Miguel Márquez Márquez, quien ya ve como las alianzas de Oliva se resquebrajan, como ocurre con el diputado Videgaray convertido en la actualidad en uno de los más entusiastas promotores de la presentación de demandas penales contra el ex gobernador.

Sin embargo, los mayores problemas del proyecto no vienen tanto de la descomposición política, como de los inicios de una resistencia entre los aparentes beneficiarios del proyecto: los ejidatarios de Pozos, quienes ya empiezan a acudir a los medios de comunicación para exponer sus objeciones a que la ancestral comunidad minera sea convertida en la escenografía de un parque de retiro para extranjeros.

Los cuestionamientos también llegan por la aportación de recursos públicos para un negocio privado, situación que inició en el gobierno de Oliva, pero que continúa en el de Márquez.

Algo similar ocurre con la carretera a San Miguel de Allende, cuya principal intención es acercar el aeropuerto a una ciudad que ya cuenta con una importante comunidad extranjera, principalmente norteamericana. Parece un completo contrasentido descuidar a tal grado la planeación de la nueva vía que precisamente puede resultar en una afectación de todo aquello por lo San Miguel ha resultado atractivo para sus residentes foráneos.

Porque hasta ahora, la carretera no cuenta con la aprobación de su estudio de impacto ambiental, aunque ya se están comprando los derechos de vía. Tampoco está clara la autorización del INAH en el caso de las afectaciones a zonas arqueológicas.

Ambos aspectos, el medio ambiente relativamente preservado y la riqueza cultural de la zona, forman parte de los atractivos que más valoran los residentes y visitantes que han convertido a San Miguel Allende en un peculiar espacio de mestizaje cultural en las últimas décadas.

La autorización que se entregó durante la anterior administración está cuestionada a causa de que la entonces delegada del instituto, Guillermina Gutiérrez Lara, hoy es funcionaria del gobierno estatal panista, quien le creo un cargo que no existía, el de directora de vinculación en asuntos arqueológicos.

Por ello, los investigadores del INAH, directamente involucrados con las exploraciones en la zona, aseguran que el dictamen fue influenciado por razones políticas y no científicas.

En ambos casos están ya prefigurados los escenarios de conflicto entre sectores de la sociedad y el gobierno local.

También, en ambos casos, lo que no se aprecia es voluntad de diálogo desde la autoridad para buscar sumar apoyos a los proyectos, haciendo las concesiones pertinentes, sobre todo tomando en cuenta que hay debilidades que pueden poner en riesgo la viabilidad de ambas inversiones,

¿Podrán imponer su criterio, autoridades e inversionistas, en ausencia de diálogo? Cada vez se antoja más difícil.