Arnoldo Cuellar

Junta Directiva de la UG, nuevo Frankestein

In Botepronto, Zona Franca on septiembre 22, 2012 at 12:30 pm

Alentada por la aventura romerista-agripinista de apoderarse de la Universidad de Guanajuato, la Junta Directiva de la institución que comanda Enrique Navarro, ha decidido aumentar su protagonismo en la actual renovación de mandos divisionales.

Haciendo interpretaciones literales de giros gramaticales sin mayor significado en la ley, Navarro ha enviado oficios a las divisiones donde solamente se les propuso un candidato para director, exigiendo la reposición del proceso para incluir por lo menos dos aspirantes.

La sobreinterpretación de un órgano que sólo está para cumplir la función específica de culminar un proceso de elección de entre el candidato o los candidatos que le son propuestos, ya recibió una rotunda respuesta de por lo menos dos divisiones de la UG: la de Ciencias Sociales del campus Guanajuato y la de Ingenierías de Celaya.

Lo más delicado es que se adivina, detrás de las exigencias interpretativas de la ley de parte de la Junta,  la intención de trenzar una estrategia que configure una plataforma burocrática para dar lugar a un gobierno paralelo de la máxima casa de estudios, cuya culminación ocurriría en las elecciones de rector general del año 2015.

Las direcciones divisionales son indispensables para la designación de miembros del Consejo General Universitario, el cual es el encargado de nombrar a los integrantes de la Junta Directiva, 4 de cuyos 11 consejeros se renovarán el próximo año.

Con su excesivo accionar político, la Junta Directiva está tratando de prever su autoconfiguración, un supuesto que nadie pensó cuando se estableció ese mecanismo como forma de autogobierno.

Pero no es un activismo que carezca de estrategia, ya que detrás de él se advierte la presencia del ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks a quien responden las lealtades de la mayoría de los integrantes del órgano.

El plan romerista ya empieza a despertar reacciones en la tradicionalmente pasiva comunidad universitaria. Se trata de un riesgo excesivo derivado de luchas tras las que no parece latir otra cosa que el patrimonialismo de políticos que no se resignan a abandonar privilegios y que parecen creer que las instituciones no sobreviven sin ellos.

¿Valdrá la pena?

 

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