*Un año de Diego Sinhue convierte a Guanajuato en campo de batalla

*La corrupción es la normalidad en municipios como Silao

*El ridículo del halconeo evidencia el populismo de los legisladores

1.- La guerra se agudiza y el Fiscal elige la confrontación

Como si el gobierno de Guanajuato no se debiera a los ciudadanos, como si no hubiera sido electo para representar a los guanajuatenses, la actual administración panista nos sumergió en una guerra que se abre hoy por distintos frentes sin que se dignen siquiera a informarnos de lo que pasa y de qué debemos cuidarnos.

El mensaje insistente del gobierno estatal, dirigido al exterior, es que aquí no pasa nada y Guanajuato sigue siendo una isla boyante de productividad, lista para recibir a los visitantes.

Mientras que, en el subtexto de la realidad, esa que está por debajo de los rimbombantes discursos oficiales y que es ineludible, las cosas ocurren de manera muy distinta: baja la afluencia de turistas y la ocupación hotelera, pero también empiezan a darse éxodos incipientes de ejecutivos extranjeros que ya han sido víctimas de la delincuencia en Irapuato, Salamanca y Silao.

La verdad es que la declaratoria de Diego Sinhue del restablecimiento del estado de derecho en Santa Rosa de Lima, Villagrán, fue un acto de temeridad ingenua, pues las guerras contra grupos delincuenciales no se ganan con ocupación de territorio, sino con inteligencia y anticipación.

No puede obviarse que si Santa Rosa de Lima, hoy convertida en una aldea estratégica como las diseñadas por los ocupantes norteamericanos en Vietnam, fue un territorio de impunidad donde sentó sus reales José Antonio Yépez (a) El Marro, eso solo puede explicarse por la omisión flagrante y criminal de los responsables de la seguridad en el sexenio pasado.

Pero, ¡oh paradoja! Resulta que esos responsables son los mismos de ahora: Carlos Zamarripa y su alfil Alvar Cabeza de Vaca. El empoderado Fiscal General incluso se atreve a hacer lo que ni siquiera Diego Sinhue hace: fustigar a un dirigente empresarial y al autor de un nuevo modelo de seguridad que se quiere instrumentar en León para articular la función de la policía preventiva, excluyéndose de cualquier responsabilidad en la tarea de mejorar el estado de cosas en Guanajuato.

El dueño del aparato de seguridad en Guanajuato, puesto que desde su oficina se mueven los resortes de la Secretaría de Alvar y hasta de la Secretaría de Gobierno a cargo de un incoloro Luis Ernesto Ayala, ha dicho que si hay alza al crimen en Guanajuato es por la deficiencia de los aparatos preventivos, pues a él le toca intervenir solo cuando los delitos se han cometido.

Sin embargo, no se hace cargo de que su trabajo también es de una deficiencia total, pues ya habiendo ocurrido los delitos tampoco hay muchos resultados. En realidad, todo indica que el entorpecimiento y la posposición de un trabajo coordinado con la policía de León y con otras corporaciones obedece al propósito táctico de no incrementar el número de denuncias que harían ver aún peor a la Fiscalía.

En Guanajuato ni siquiera se sabe cuántos agencias del ministerio público hay funcionando, pues Zamarripa negó los datos al INEGI y el estado no aparece en la medición del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019. En 2018, con datos del 2016, el índice reporta a Guanajuato en el lugar 19 de los estados del país, con apenas 8.8 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes.

Vivimos el peor de los escenarios posibles en seguridad: no funciona la tarea preventiva, mal funciona la persecución del delito y el Poder Judicial sigue operando en el siglo pasado. Pero, para complicar más las cosas, el Fiscal elige la confrontación con el modelo planteado por el principal municipio panista de la entidad.

Mientras las autoridades viven en esa Babel de confusiones, los que si parecen organizados y coordinados son los grupos delincuenciales que se pasean por el estado a placer fuertemente armados, planeando golpes para aterrorizar a la población, sin que nadie se les oponga.

Incluso la delincuencia parece dictar ya la agenda del gobernador Sinhue quien este viernes dejó de asistir a tres informes de gobierno, Jaral del Progreso, Salvatierra y Cortazar, presuntamente por una fuerte gripa, pero en realidad según versiones periodísticas, por el incremento de la violencia en municipios aledaños.

2.- Silao, paraíso del tráfico de influencia y el conflicto de interés

Todo parece indicar que el alcalde de Silao José Antonio Trejo Valdepeña decidió empezar a formar un cochinito que garantice su potencial reelección en 2021. Ya para evitarse la engorrosa complicación de los “moches” pedidos a constructoras foráneas, se decidió por impulsar a empresas locales cercanas a su grupo político, incluso al grado del parentesco, para que el armado el fondo quedase en familia.

Ninguna otra teoría puede explicar las decisiones para dar contratos de obra a empresas de cónyuges de funcionarios como la directora del DIF municipal, Selene Ruiz, y la esposa del director de Obra Pública, Alberto Ramírez Sánchez. Parece, además, que no son los únicos.

Resulta notable que los nuevos valores políticos del PAN renuncien tajantemente a ganarse el favor de los ciudadanos mediante un ejercicio de gobierno honesto y eficiente, pero que en cambio le apuesten de entrada a las triquiñuelas, a la corrupción, al aparato corporativo y al voto comprado.

Esa fórmula, como lo sabe el PRI, sirve hasta que se acaba, los ciudadanos despiertan y no hay dinero que logre comprar las voluntades suficientes. Sería cosa de preguntarle, por ejemplo, a Ramón Aguirre Velázquez, a Ignacio Vázquez Torres o a Gerardo Sánchez.

En contrapartida y mientras el alcalde Trejo se dedica a anteponer intereses personales a los de los ciudadanos de Silao, adoptando además la (anti)política de Diego Sinhue de no dar entrevistas a medios y volverse inalcanzable, la ciudad continúa su ruta de descomposición afectada por la inseguridad y por un desarrollo marcadamente desigual y carente de toda planeación.

Como además Trejo llegó al cargo golpeando a su antecesor y amarrándose con grupos políticos como el de Fernando Torres Graciano, hoy a la baja, su plan de reelegirse se antoja francamente difícil, aunque continúe engordando un cochinito que probablemente tendrá otros destinos.

3.- Leyes oportunistas y violadoras de derechos humanos, el colmo

La muy oportunista ley contra el “halconeo”, promovida por línea del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y asumida acríticamente en un Congreso convertido en la oficialía de partes del Ejecutivo, ya está [objetada por la CNDH](https://aristeguinoticias.com/2009/mexico/impugna-cndh-delito-de-halconeo-en-guanajuato-la-considera-ambigua-e-imprecisa-ademas-de-que-viola-derechos-humanos/ ante el Poder Judicial Federal, por su presunto inconstitucionalidad.

Son numerosos los especialistas en temas jurídicas y específicamente penales, incluso funcionarios públicos en Guanajuato, que aceptan la ociosidad de ese tipo de leyes que lo único que persiguen es simular ante la sociedad que se actúa con energía contra el delito.

En realidad, el marco legal mexicano y específicamente el de Guanajuato, es suficientemente potente para enfrentar los retos de la ilegalidad, siempre y cuando hagan su tarea los funcionarios encargados de aplicar la ley.

Dice la sentencia clásica que no hay buena ley ante mal juez, lo mismo opera cuando el ministerio público no hace su trabajo y la policía se colude con el crimen.

Resulta inconcebible que cuando un funcionario como el juez municipal de Valle de Santiago acusado de compartir información con una célula criminal para la realización de un ataque armado, se le pretenda acusar simplemente de halconeo. La felonía es mayor, además de la complicidad con criminales, se encuentra la deslealtad hacia la institución y el incumplimiento de obligaciones a las que se compromete un servidor público. El tipo penal inventado por los diputados de Guanajuato como copy/paste de otras leyes estatales, parece completamente anodino frente a la gravedad del hecho.

Sin embargo, los riesgos de que ese tipo penal pudiese ser aplicado a comunicadores o a ciudadanos que comparten en sus redes información sobre los hechos delictivos que ocurren a diario en Guanajuato, fueron valorados por la CNDH para interpone la acción e inconstitucionalidad.

Resulta francamente incongruente que los mismos diputados que otorgaron a Carlos Zamarripa el aval para asumir la Fiscalía General por 9 años, sean incapaces de exigirle que se aplique en su tarea y en cambio quieran simular su preocupación por la inseguridad, inventando leyes demagógicas y potencialmente peligrosas para los derechos de las personas.

En esa falta está incluida la oposición en el Congreso, que otorgó su aval a la iniciativa panista pensando que si se oponían serían señalados por no abonar a la lucha contra la inseguridad. Pues bien, fueron chamaqueados. Así andamos.