La descomposición de un régimen político suele ser caótica e imprevisible. Cuando se pierden los controles y se antepone la ambición personal a los objetivos institucionales, la pus parece brotar de todos lados. No es la primera vez, no será la última.

La sociedad anónima que conformó en Irapuato en 2011 el empresario chiapaneco Fernando Balboa D’argence, en sociedad con su esposa Michelle Mollinedo Chávez, se dio a conocer rápidamente en el ambiente de contadores y fiscalistas. Su principal actividad fue la venta de facturas, una actividad prohibida, aunque muy extendida en el Bajío guanajuatense.

Aunque eso lo saben los representantes de despachos y empresas, nadie quiere decirlo en voz alta, quizá porque en la inestable vida de las empresas en México nunca está de más conocer a quien pueda ofrecer dichos servicios.

F.B. M. Comercializadora, operando en un despacho que casi nunca se abre al público en uno de los centros de oficinas más conocidos de Irapuato, el Conjunto Florida, logró prosperar y fue aumentando su objeto social para abarcar nuevas y diversas actividades.

¿Qué clase de empresa es aquella que puede comercial toda clase de artículos y asesorar en toda clase de disciplina;, exportar, importar, transportar y distribuir lo que sea; administrar recursos humanos; explotar obras artísticas; desarrollar proyectos de telecomunicaciones y cibernéticos; editar periódicos, libros y subcontratar medios; realizar trabajos agrícolas y de jardinería; fabricar vidrio, llantas y vender equipo de transporte; fabricar papel y sus derivados; hojalatería y pintura; proporcionar servicios médicos y hospitalarios; fabricar medicamentos y un largo etcétera?

Sin embargo, este panorama corporativo de tan vasta amplitud se vino a topar a mediados de 2017 con una circular de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, contenida en un oficio de fecha 14 de julio de 2017 que se publicó un mes después en el Diario Oficial de la Federación, donde F. B. M. Comercializadora se encuentra enlistada junto con otras 155 empresas como contribuyentes que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Poco antes de eso, en el segundo semestre del 2017, la dirección de Comunicación Social del gobierno de Miguel Márquez, a cargo del periodista Enrique Avilés Pérez, ya había entregado un pago de 3 millones 43 mil pesos a F. B. M. por concepto de “encartes e inserciones” en cinco diarios de la OEM, empresa que quienes la conocen saben que es por demás celosa de su manejo administrativo y publicitario.

Con ellos superó los 5 millones de pesos en contrataciones con dicha comercializadora, tan versátil como universalmente desconocida, alcanzando o superando el monto de convenios a empresas largamente establecidas como Milenio, Correo, en Línea o Radio Grupo Antonio Contreras

Lo curioso es que la facturación promedio de la OEM no disminuye para equilibrarse con el pago a su nuevo representante, sino que es adicional. Una hipótesis podría ser que Avilés está disfrazando recursos extraordinarios para esta cadena mediante el empleo de una comercializadora. Otra, sencillamente, sería que Comunicación Social está comprando facturas y usando ese recurso para otros fines, seguramente no justificados bajo esquemas legales.

La pregunte que surge es sobre quién está al tanto de esto: se trata de una maniobra solitaria de Avilés a la que se presta Alejandro Herrera, director regional de la OEM? ¿Se trata de una operación de la que tiene conocimiento el gobernador del estado y por lo tanto Avilés solo obedece órdenes?

Porque queda claro que ya no nos encontramos simplemente ante la entrega de recursos públicos a cambio de trato favorable en las líneas editoriales de los medios, algo ya de por sí sujeto a fuertes cuestionamientos en estos días, sino de la malversación de esos mismos fondos, poniendo en evidencia que ahí donde hay opacidad florecen toda clase de triquiñuelas.

De los resultados que se deriven de la investigación que hoy da a conocer Zona Franca en sociedad con otros importantes medios a nivel local y nacional, sabremos la verdad.

Si se ordena una investigación imparcial que esclarezca por qué oficinas de gobierno contratan a empresas de dudosa reputación de parte de instancias como la Secretaría de la Transparencia, cuya titular si de algo sabe es de temas de auditoría fiscal; o de la naciente Fiscalía Anticorrupción necesitada de ganar prestigio; o de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, podremos conjeturar que las culpas son de personas y no de instituciones.

Si en cambio, como en la época de Juan Manuel Oliva con Genaro Carreño y Chema Anaya; o como en el caso reciente de Fernando Olivera, simplemente se inhabilita a Avilés por tres días, sabremos que el desprecio a la ley, a la transparencia y a la rendición de cuentas en el buen uso de los dineros públicos es la médula misma de la administración de Márquez.

Y entonces también sabremos con claridad absoluta porque este gobierno está urgido de fiscales carnales, de jueces compadres y de delfines solícitos.