El éxito económico de Guanajuato trae retos aparejados y consecuencias indeseables; no es momento de bajar la guardia ni de considerar que la tarea está terminada.

Las cosas se están poniendo complicadas en Guanajuato. Parecemos víctimas del éxito en la atracción de inversiones: hoy muchos de los problemas que vive la entidad derivan del espejismo económico.

Es justo cuando urge que el gobierno que tanto se ha adornado por los resultados del nuevo proceso de división internacional del trabajo y la facilidad del traslado de las inversiones productivas, complemente la política de subsidio al capital extranjero con una verdadera política social y la aplicación del estado de derecho.

Un Guanajuato que ha sido vendido por su dinamismo económico, el crecimiento del empleo y hasta con un artificial boom turístico, ve hoy como llegan grupos del crimen organizado con una amplia cartera de actividades: desde tráfico y venta de drogas, pasando por el robo y trasiego de combustible, hasta la trata de personas.

Y no es que nos quejemos del crecimiento económico ni de la política que lo hizo posible, pues fue la forma de fortalecer y diversificar una economía arraigada en industrias tradicionales condenadas a la desaparición ante el embate globalizador.

Lo que si hace falta y debe volverse una exigencia, es que el mismo gobierno que no ha tenido empacho en regalar miles de millones de pesos para hacer posible la instalación de importantes empresas globales en el estado, no siga escamoteando recursos en su propia modernización y en la atención de políticas públicas como la seguridad, la salud, la vivienda y el respeto a los derechos humanos y la equidad de género.

La historia de otras sociedades que se vieron impactadas por un crecimiento industrial desaforado y carente de equilibrios, lo que propicio al mismo tiempo la disolución del tejido social y el aumento a la desigualdad, debería servirnos de guía para no cometer los mismos errores.

Por eso no se entiende la frivolidad con la que algunos de los funcionarios del gobierno se toman la delicada responsabilidad que tienen en las manos. Pareciera que solo viven en una fiesta perpetua, donde lo que importa no son los resultados a entregar, sino la búsqueda de nuevas posiciones de poder.

¿Quién entre los políticos de Guanajuato, los que ejercen cargos de responsabilidad y los que ya están en búsqueda de ellos, se ha planteado una reflexión seria sobre el futuro inmediato?

Hoy tenemos datos ciertos de que en nuestra entidad, a la par que las oportunidades y el PIB, también crecen los cinturones de miseria, la vivienda irregular, el consumo de drogas, los delitos y la prostitución.

Al gobierno de Miguel Márquez Márquez le quedan aún dos años completos que no pueden ser tirados por la borda en especulaciones de tipo preelectoral, en maniobras políticas, en aventuras futuristas ni en cansancio o desaliento porque ya se ve el final del camino.

He escuchado a muchos funcionarios marquistas asegurar “esto ya va de salida”, como para prever una disminución en el esfuerzo y la justificación de fracasos e incumplimientos.

Hace unos días, en reunión con columnistas y directivos de medios, un alto funcionario estatal aseguraba que las ejecuciones continuarán, como si se tratara de una fatalidad. El anuncio no debe caerle muy bien al Secretario de Turismo que ya ve como ambos temas comienzan a mezclarse.

La política de alto nivel para coordinar esfuerzos con el gobierno federal y con paraestatales como Pemex, a fin de frenar la ola delictiva y algunas de sus manifestaciones concretas como el robo de combustible, deberían ocupar de tiempo completo al mandatario y a su gabinete, más allá de las eventuales quejas que se explayan en los medios.

Esta semana acude a la entidad el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, presionado por declaraciones insistentes de Márquez por la falta de presencia de la policía federal en la entidad. Una foto pública de ambos funcionarios y un declaración para los medios no será suficiente, si a ello no le siguen medidas de coordinación, de supervisión y de información a los ciudadanos, sobre el resultado del trabajo conjunto.

Miguel Márquez puede y debe hacer lo mismo con los directivos de Pemex y de la empresa privada Ferromex, para establecer estrategias conjuntas de combate al robo de combustible y el saqueo de trenes.

Desde luego, no todo depende de entidades ajenas al estado, también aquí hay mucho por hacer y una de las primeras medidas que podrían servir para reconstruir la confianza, sería una seria revisión de lo que si ha hecho y lo que no ha podido hacer el Programa Escudo, cuyos proveedores ni siquiera han tenido la decencia de dar explicaciones a los guanajuatenses sobre las carretadas de dinero que se han llevado y lo que han regresado en servicios.

Desde luego, no tienen ninguna prisa en hacerlo, cuando sus propios contratantes, el secretario de Seguridad y el Procurador, salen automáticamente en su defensa.

Quedan dos años y deben ser aprovechados hasta el último minuto, pues hasta ese momento seguirán cobrando su sueldo los servidores públicos del estado y de los municipios, así como los diputados al Congreso local.

Necesitamos ver que el trabajo no disminuye, que las distracciones no ocupan el lugar de las obligaciones y que se logran resultados o se dan explicaciones coherentes cuando estos no se obtienen.

¿Es mucho pedir? No lo creo, al menos no en una democracia que se respete.