En el tema del auge delictivo, parece que la contingencia aún es controlable, pero preocupa seriamente que los responsables de abatirlo solo se concentren en justificar y minimizar.

En Guanajuato las cosas han empeorado en el terreno de la seguridad en los últimos dos años. Eso no nos coloca en una situación de emergencia, aún; pero tampoco es una situación que podamos darnos el lujo de desdeñar.

Como suele ocurrir en el pantanoso terreno de las cuestiones públicas, el tema se ha situado en un espacio de falso debate.

Hay a quienes les interesa hacer aparecer a la entidad hundida en una crisis de inseguridad para poner en jaque al gobierno.

Por otra parte están los responsables del gobierno estatal, el gobernador y su gabinete de seguridad, para quienes las cosas parecen normales y argumentan circunstancias momentáneas para explicar la ola de homicidios. A ellos se suman defensores oficiosos o interesados que defienden la tranquilidad de Guanajuato en base al buen momento de las inversiones industriales.

Ni unos ni otros tienen razón y lo que verdaderamente está pasando, como ocurre regularmente, se sitúa en el medio de ambas posiciones.

Guanajuato ha empeorado su situación comparado consigo mismo y con sus épocas de tranquilidad no muy lejanas, lo que en sí mismo es preocupante y debería convertirse en un acicate para que la autoridad revisara sus estrategias y redoblara esfuerzos.

El robo de combustible, por ejemplo, es un delito que ha crecido de manera exponencial y que trae aparejado un activismo delictivo que impacta en otros ámbitos. El origen de esta situación es multifactorial y se origina en fallas de los tres órdenes de gobierno, por lo que combatirlo requiere de mucha diplomacia y de una coordinación mayor a la vista hasta ahora, todo ello alejado de los debates estériles en los medios de comunicación.

El crecimiento de los homicidios no se puede negar ni minimizar con la simplona explicación de que no afectan a los ciudadanos de bien. Si la plaza está en disputa, el fin de los asesinatos significará que un grupo delictivo con alta capacidad de violencia ha ganado y es dueño del terreno. Esa no puede ser una buena noticia para nadie, ni para la autoridad ni para los ciudadanos.

Lo que pasa no es culpa del gobierno, pero si es su responsabilidad actuar frente a ello. Era lo que se pretendía, y así se nos dijo, al gastar casi 3 mil millones de pesos en tecnología que no ha dado los resultados esperados y que es defendida a brazo partido por quienes fueron los responsables del gasto, no por los proveedores del servicio que parecen doblemente beneficiados: por la compra y por la complicidad oficial.

El gobierno, en cambio, si es responsable de la correcta aplicación de dineros públicos cada vez más escasos para fortalecer a las fuerzas del orden y equiparlas contra una delincuencia cada vez más sofisticada y audaz.

Es criticable gastar 3 mil millones en cámaras y tener corporaciones policíacas mal capacitadas, infiltrada y deficientemente equipadas: de que sirve ver, si es que se ve si no se puede reaccionar oportunamente.

Es criticable convertir en proveedora exclusivo de cursos de capacitación y de prevención a una institución universitaria donde imparten clases los mismos funcionarios que la contratan.

Si la lucha contra la delincuencia es una guerra, no se vale que los pertrechos con los que combaten los policías que defienden a la sociedad, sean de dudosa procedencia y calidad. Eso aquí y en cualquier parte se llama traición.

Que el gobernador permita que sus funcionarios de seguridad decidan con absoluta autonomía el manejo de recursos y políticas de reacción y de prevención, sin supervisión alguna, sin injerencia de las áreas de transparencia y rendición de cuentas y sin que se de parte al coordinador del área de seguridad, también es preocupante.

Que todo ello tenga como resultado que las cosas no solo o mejoran, sino que incluso empeoran y que eso se quiera disfrazar interpretando estadísticas al contentillo, resulta sin duda alarmante.

La ola de inseguridad, en sí misma, como la tormenta del sábado pasado en León, no parece ser el problema fundamental. Si lo es que la respuesta de los responsables de preservar la paz y el orden, se centre en minimizar el problema, en disfrazarlo ante sus superiores y en menospreciar a la sociedad. Eso solo augura que las cosas se seguirán descomponiendo.