El caso del regidor perredista Julio César García Sánchez, convertido en moneda de cambio política, evidencia que la perspectiva de género no es relevante para quienes nos gobiernan.

El Partido de la Revolución Democrática llegó a ser una verdadera opción para la continuidad de la transición democrática en México. Primero bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y después de Andrés Manuel López Obrador.

Con todos los defectos que sus adversarios se han encargado de magnificar y con los errores en los que por sí mismos incurrieron, la posibilidad de un gobierno de izquierda que pudiese desmantelar algunos de los más arraigados vicios del régimen de partido único, algo que el PAN ni siquiera se planteó, se antojaba como un revulsivo para la raquítica democracia mexicana.

Sin embargo, esa historia se ha venido abajo por completo. Hoy ni Cárdenas ni López Obrador son miembros de ese partido. En cambio si lo era cuando detonó la tragedia de Ayotzinapa, el alcalde de Iguala José Luis Abarca, miembro de un cartel delictivo con influencia en Guerrero, Morelos y una parte de Michoacán.

El PRD ha perdido terreno electoral en su principal bastión, la ciudad de México. Sus únicos repuntes políticos han ocurrido de la mano del PAN, ahí donde lograron sumarse para potenciar a candidatos de ese partido, no a cuadros propios.

En Guanajuato, donde la izquierda nunca ha logrado avanzar ante una cerrada hegemonía del conservadurismo, este partido se ve alcanzado y rebasado en la cuota electoral por una organización mucho menos articulada regionalmente y en clara desventaja de militancia, como lo es el Partido Verde.

En esa circunstancia no se entiende que el PRD no haya logrado administrar con claridad la crisis en la que lo sumergió su líder municipal y primer regidor en la capital del estado, Julio César García Sánchez, quien se vio envuelto en una denuncia penal por violencia de género, por parte de una mujer que había sido su pareja.

En contra del discurso hacia el exterior del PRD, en una primera instancia el partido se aglutinó en defensa de su correligionario. La fuerza de las críticas y el crecimiento del caso en la opinión pública, los obligaron a retroceder, pero hasta el día de hoy García Sánchez mantiene el carácter de regidor de ese partido y de dirigente municipal, sobre el que solo pesa una “suspensión provisional”.

El tema ni siquiera ha sido abordado por los órganos de dirección de este partido, ya que están esperando que se produzca una definición en el terreno judicial.

Sin embargo, mientras que el diálogo del PRD con el gobierno de Miguel Márquez es fluido, así como con el congreso de mayoría panista, para este caso no se ha hecho público ningún tipo de acuerdo que permita someter al regidor a la justicia, después de que en forma por demás injustificada, el Poder Judicial eludiera abordar el juicio por un “fuero” que era inexistente en ese momento.

En el caso de Julio César García Sánchez y su víctima, parece que a las instancias de poder involucradas les interesa todo, menos deslindarlo ante una instancia judicial.

Todo indica que al gobierno estatal, responsable a través de su Procuraduría de Justicia de elaborar la petición de desafuero, le interesa mantener el caso de Julio César García como una moneda de cambio para las negociaciones en el Congreso donde se requieren votos opositores.

Si esa hipótesis, nada desdeñable vistas las cordiales relaciones entre el partido y los operadores del gobierno marquista, es cierta, entonces de manera muy directa el PRD está protegiendo al regidor de ser juzgado por un ataque a una mujer, justo en la entidad donde se ha pedido la alerta por violencia de género que ese partido dice apoyar desde el discurso.

Para Miguel Márquez, Éctor Jaime Ramírez y Miguel Valadez, representantes de los tres Poderes que integran el gobierno de la entidad, el tema de la violencia de género en un caso emblemático está convertido en un simple episodio político para administrar, poniendo en evidencia una vez más que la perspectiva de género es una circunstancia que se traga como rueda de molino cuando hace falta, pero que no se comparte en absoluto.

La violencia contra las mujeres, un fenómeno criminal que hasta hace poco era considerado como simple uso y costumbre de la cultura machista abajeña, incluyendo en esa visión a nuestros prohombres públicos, se combate solo en una propaganda inocua.

Cuando se llega a las instancias duras del ministerio público, del juzgado, del servicio pericial, de la atención a víctimas, del respeto a derechos elementales, allí se acaba la buena disposición y solo funcionan los engranajes estólidos de la burocracia, cuando no los cálculos de la utilidad política como es el caso del regidor perredista.

La lección que se manda es brutal y pesada como una losa: la mujer que denuncia enfrenta un vía crucis y si el tema se hace público la solidaridad en torno al presunto agresor aflora en todo el estamento político (qué se cree esta vieja argüendera que se mete con uno de nosotros).

La violencia contra las mujeres, una verdadera epidemia social, no puede ser combatida, cuando los responsables de establecer lineamientos públicos, de modificar los marcos legales y de aplicarlos no creen que sea un problema, sino solo un inconveniente para el monólogo patriarcal de nuestra vida pública.