Al justificar que la guerra desatada en León se disputa el mercado de las drogas, Zamarripa y Cabeza de Vaca reconocen lo que habían negado: la implantación del crimen organizado en Guanajuato.
Preocupados por la inclemente ola de críticas en medios de comunicación, redes sociales y en las conversaciones cotidianas, los responsables de establecer las políticas para garantizar la seguridad en Guanajuato y en León, salen a dar explicaciones.
Lo hacen a regañadientes, abandonando la torre de marfil en la que se han instalado y a la que no tienen acceso los mortales comunes.
Carlos Zamarripa, Procurador de Justicia del Estado; Álvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad; Héctor López Santillana, presidente municipal de León, en ausencia de un Miguel Márquez que busca una audiencia con el Papa en Roma, quieren darnos tranquilidad con verdades a medias.
Este martes, ante la continuación de la ola criminal en la ciudad con dos ejecuciones más a las dos de la tarde en la vía más transitada de León, por fin se dignaron informar sobre la disputa por el mercado de la venta de droga en León.
Sin embargo, nada dicen de porqué hay un mercado de droga floreciente en la ciudad al que nadie parece querer combatir, no obstante que las reformas legales han dado ya esas capacidades a los tres niveles de gobierno.
¿Qué es lo que esperan las autoridades? ¿Acaso que la narcoguerra sea ganada por uno de los bandos para apaciguar la violencia callejera? ¿Quiere decir que lo deseable es tolerar la venta de drogas en manos de un solo grupo, a fin de que parezca que no pasa nada?
La violencia que ha sacado de su mutismo tradicional a nuestros altos jefes policiales solo viene a demostrar que a lo largo de los últimos años el mercado de la venta de estupefacientes ha crecido de manera sustancial como para convertir a León en una plaza ambicionada.
Ante ese fenómeno, ¿dónde están las políticas públicas destinadas a prevenir y a combatir las adicciones, cuántos recursos se les destinan, en qué se invierten?
Porque si se piensa que una campaña de promoción de valores abstractos, además carente de respaldos pedagógicos y pensada como una forma de lavarse las manos ante el creciente deterioro social, puede servir de algo ante el crecimiento del consumo y venta de drogas, se puede estar cometiendo un grave error y perdiendo un tiempo esencial.
Habíamos dicho hace unos días que en materia de combate a la inseguridad se carece de una estrategia integral que sume recursos políticos, financieros y estrictamente policiales, que ataque todos los ángulos del problema. En el tema del tráfico de drogas pasa exactamente igual.
Nuestros legisladores, tan expeditos para seguir líneas trazadas desde el Ejecutivo como en el caso de la reforma al Código Penal del estado, ni siquiera se han planteado la posibilidad de revisar expedientes como el de la despenalización de algunas drogas de efectos menos dañinos. El debate no está ni siquiera a la vista.
Sin atacar los problemas de fondo y simplemente administrando penosamente las consecuencias de la actuación prácticamente impune de las células delictivas ya arraigadas en Guanajuato, los actuales responsables de dirigir nuestra sociedad solo patean el bote para entregar a sus sucesores un problema que solo habrá crecido en magnitud desde que iniciaron su encargo.
Y encima de todo, defienden sus “estrategias”, como si las hubiera.
