Fracasa la lucha contra la inseguridad al no ser una política pública al más alto nivel, sino simplemente una estrategia encargada a mandos operativos.
Quienes nos gobiernan, los de antes y los de ahora, han ensayado todo tipo de justificaciones para encubrir su responsabilidad en el incremento de la violencia en Guanajuato: que si bandas de paso, que la violencia viene de fuera, que el efecto cucaracha.
Hoy, a Miguel Márquez sus encargados de la seguridad lo han convencido de que solo sufren violencia quienes están inmersos en ella. Prácticamente se está diciendo que las víctimas mortales, que van al alza en número, se merecen lo que les pasa por andar en malos pasos.
Independientemente de que buena parte de quienes se ven involucrados en la ola homicida, que llena las páginas de los medios, tengan antecedentes penales, lo cierto es que no puede ser una buena noticia la actuación casi impune de bandas de sicarios en nuestro entorno.
Que en el patio de la casa haya un grupo de sujetos peleando, sean vecinos o desconocidos, es una situación sumamente preocupante y el mensaje del jefe de familia no puede ser el de que no pasa nada.
Quienes ejercen cargos ejecutivos en las diversas instancias de gobierno, hicieron el juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, para la cual, hasta la fecha, un homicidio es un delito que se persigue de oficio y que la autoridad está obligada a esclarecer.
Menos, cuando desde el erario estatal se impuso un programa de inversión en tecnología destinada a la seguridad, que equivale al costo de un año de medicamentos del seguro popular o a la mitad del programa emblema de desarrollo social del gobierno de Miguel Márquez.
La inseguridad, tal como está afectando al país y a Guanajuato, solo puede ser enfrentada con un firme compromiso de los máximos responsables de la autoridad política, los que reciben el mandato popular, a fin de que evalúen el resultado de las estrategias aplicadas por sus subordinados y sean capaces de corregirlas cuando no funcionen.
En materia de tranquilidad pública, no tiene sentido alguno el tratar de barrer la basura debajo de la alfombra, como parece que ocurre cuando se rechazan los indicadores institucionales y también los de organizaciones de la sociedad civil; cuando se lanzan interpretaciones criminológicas que buscan justificar y no comprender; y, finalmente, cuando los encargados de decidir se aferran a políticas que evidentemente no están dando resultado.
Y más preocupante es cuando desde una posición como la gobernador Miguel Márquez, se compran todas las versiones que sus subordinados le ofrecen sin escuchar las que vienen de la sociedad.
El resultado es que no hay posibilidades de reorientar lo que se hace, sino solo de justificar la falta de resultados, lo que evidentemente no le sirve a nadie, ni siquiera a quienes alzan esa bandera.
Cuando Márquez sale a ofrecer públicamente las explicaciones que a su vez recibe, abandona su papel de servidor de los ciudadanos para convertirse en la cabeza de una ineficaz estructura burocrática, incapaz de corregirse.
Por lo visto hasta ahora, en materia de seguridad vivimos un naufragio, con más delitos domésticos y también de alto impacto. De nada sirven que nos abrumen con hipótesis, cuando lo que se requiere son resultados.
¿Podrá corregir este gobierno o habrá que resignarse? ¿Nos ofrecerán las mismas promesas los que vienen, para luego desentenderse?
Y, lo más importante: ¿les volveremos a creer?
