De pensar en el escenario nacional, las decisiones locales de Miguel Márquez tendrían que estar mandando mensajes; no es el caso, cuando se imponen magistrados en un Tribunal Administrativo y se enreda la mayor obra del sexenio.

Por lo menos hasta el día de hoy, considero que el gobernador Miguel Márquez no se ha tomado en serio esa aventura presidencial a la que lo empujan algunas circunstancias, muchos aduladores y también no pocos análisis objetivos.

Miguel Márquez no se la cree que en realidad pudiera tiene un papel que jugar, primero en el PAN y después en el concierto nacional, en la ruta hacia el 2018.

No lo digo porque conozca su parecer, sino simplemente por el análisis de sus acciones. En la cumbre de su poder sexenal, Márquez ha olvidado por completo su ideario demócrata y su vocación por la transparencia, para imitar a otros autócratas del pasado reciente a los que conoce muy bien.

Sin embargo, parece que nadie en el entorno del gobernador le está observando que las acciones que lleva a cabo, sin oposición interna ni externa, se le pueden convertir en fantasmas que reaparezcan cuando quiera cobrar un mayor protagonismo político en el futuro.

Dos hechos que se definen, coincidentemente, el día de hoy, muestran ese grave descuido o algo que también podría ser, simplemente, una definición.

La votación vía rápida para designar a dos nuevos magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, definidos a principios de la semana y votados este jueves por el Pleno de la Cámara, en un proceso expeditivo y carente de análisis, modificará a un órgano que en pocos meses sufrirá reformas sustanciales para convertirse en un Tribunal de Justicia Administrativa con las atribuciones para juzgar actos de corrupción y abuso de funcionarios.

Es decir, al enviar a dos empleados del gobierno del estado, un de su propia secretaría particular y otro de la secretarías de Gobierno, Márquez lo que está haciendo es darle la vuelta a una parte importante de la reforma anticorrupción, la cual se ha tratado de vender como una medida de fondo para controlar el mayor problema de México y de Guanajuato.

Si Márquez lo hace con premeditación y alevosía, estamos ante una verdadera conspiración para vulnerar desde ya el espíritu de una reforma que aún ni siquiera se concreta. Si lo hace porque tiene el poder y está en sus facultades, sin premeditar los alcances de su acción, resulta aún peor, pues estaríamos hablando de un perjuicio institucional causado por simple banalidad.

De cualquier manera, si en el futuro Miguel Márquez habla en algún discurso de plaza pública de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, no faltarán los recordatorios sobre decisiones como esta o la de cambiarle de nombre a la Secretaría de la Gestión Pública, para que no pasara nada más que eso.

El otro tema es el fallo sobre la licitación del Hospital General de León, que también se conocerá el día de hoy.

Se trata de la obra unitaria más cara del sexenio; de la inversión en salud más importante de los últimos años concentrada en la zona más poblada del estado y, encima de todo, de una realización que ha recurrido al endeudamiento para verse concretada.

Por ello extraña el descuido con el que la obra se ha licitado, con fallas evidentes reconocidas por la propia autoridad del ramo y atribuidas a “la urgencia”, como si no se hubiera mostrado una y otra vez que las prisas en materia de aplicación del gasto público, son las peores consejeras.

Decía un político famoso por su vena dicharachera y pícara, que en la vida y en la actividad pública “no hay urgencias, sino tarugos con prisa”.

Arturo Durán puede cerrar un capítulo hoy con todas las deficiencias que han sido exhibidas; al mismo tiempo abrirá otro que puede conducir a un desperdicio fenomenal de recursos que Guanajuato ya no tiene y a una obra que se empantane.

Ejemplos hay muchos: los dos Edificios de Gobierno, como se les llama pomposamente a dos sedes burocráticas para concentrar servicios administrativos estatales en León e Irapuato, ya han rebasado en más de un 60 por ciento el presupuesto original que se licitó de 100 millones de pesos, además de que van en la tercera prórroga y no se descarta otra más.

Un edificio de oficinas, por más inteligente que se quiera, no tiene las complicaciones de un hospital, ni 100 millones son lo mismo que 860 millones. Por eso ofende a la inteligencia de los guanajuatenses la cara dura con la que el Secretario de Obra Pública, Arturo Durán, afirma que ya probó su método de “proyecto integral a precios unitarios”, con un edificio de aulas del Cecyte de 19 millones de pesos, lo que le deja listo para el hospital.

En el pecado Durán y Márquez pueden llevar la penitencia, al verse impedidos de cortar los listones que tanto les gustan y poner espectaculares. Sin embargo, ese no es el tema, sino el exorbitante e innecesario desperdicio de recursos de los guanajuatenses, que hasta réditos deberán pagar sobre ese dinero, todo a causa de impericia profesional, en el mejor de los casos; o de corrupción, en el peor.

¿Usted cree que tomando decisiones como estas, Miguel Márquez está pensando en trascender políticamente como un ícono de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas? Yo no lo creo.