Primero se trato de realizar la licitación del abasto de medicamentos al Seguro Popular con una altísima discreción, como si se quisiera ocultar; después, al ser descubierta por los medios, se optó por el expediente de dos declaratorias desiertas, lo que permitió la asignación directa, de nuevo a espaldas del escrutinio público.

Hoy, a cien días de que les fue adjudicado el contrato y después de una serie de ultimátums al más alto nivel, las dos empresas que recibieron los contratos multimillonarios del abasto de medicamentos y material de curación al Seguro Popular, siguen sin cumplir con la eficacia que presumieron las autoridades.

Como, además, la información es escasa y opaca a más no poder, ni siquiera podemos saber cuáles son los índices de cumplimiento y si alguna de las dos empresas, Intercontinental de Medicamentos y Dimesa, cumple en mejor medida que la otra.

Habrá que recordar que entre las múltiples justificaciones que funcionarios como el secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana; o el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, José Manuel Casanueva, hicieron en su momento, se encontraba la de que la asignación dividida permitiría que una empresa supliera a la otra en caso de fallo.

Sin embargo, está claro que los altos funcionarios del gobierno no han buscado tanto elevar el nivel de abasto del Seguro Popular y dar un servicio de excelencia a los guanajuatenses, como simplemente salir del paso y cubrir una decisión política.

Las afirmaciones de hace algunas semanas de que se aplicarían sanciones a las empresas de no regularizarse un nivel de excelencia en el suministro de las diferentes claves medicinales, cayó en el vacío cuando quedó en claro que ninguna de las dependencias involucradas podía hacer nada: tanto la Secretaría Finanzas,  como la Secretaría de la Transparencia y la Secretaría de Salud, carecen de facultades al respecto.

Lo cierto es que a prácticamente dos meses y medio del cambio de estafeta en el sistema de abasto al Seguro Popular, cambio originado en la intención de mejorar el servicio, las cosas parecen estar peor que antes y las quejas no se hacen esperar, como lo muestran testimonios en diversos medios de comunicación de la entidad.

La situación de emergencia social que vive el país y a la que Guanajuato no es ajeno, ha obligado a los gobiernos federal y estatal a imaginar nuevos esquemas de asistencia a los más necesitados. Sin embargo, ello no implica descuidar lo que ya se tiene establecido y que ha probado sus bondades.

Un programa como el del Seguro Popular, que atiende en nuestra entidad a más de tres millones de personas y que ya se encuentra perfectamente acreditado, no debería entrar en predicamentos por la ineficiencia de los proveedores privados.

No se trata de falta de dinero, pues el estado dispone del recurso etiquetado para la compra de los medicamentos y del material curativo. Además, por el volumen de que se trata, representa un espléndido negocio para cualquier empresa del ramo.

El gobierno anunció en su momento que había logrado “ahorros” en el presupuesto destinado al abasto de los medicamentos del Seguro Popular. Sin embargo, a la vista de los hechos, si resulta que esos ahorros repercuten en la calidad del servicio, se volverán absolutamente injustificables.

Por lo pronto, pareciera que a nadie le importa lo que ocurre en el Seguro Popular, donde los derechohabientes parecen resignados a esperar lo que sea necesario o incluso a comprar de su bolsa las medicinas, cuando estas no se encuentran en los dispensarios.

Se ha hecho ya famosa la frase del Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, quien ante cada queja de sus colegas sobre el daño que causan los recortes presupuestales que ha establecido, respondo casi con sorna: “pues el gobierno sigue funcionando”.

Así es, los gobiernos “funcionan” mientras los burócratas cobran sus altos sueldos, aunque aquellos que deben recibir los beneficios de su acción, padezcan el deterioro de los servicios públicos.

Y, así, funcionando a medio gas, lo que se produce es una creciente falta de credibilidad en el discurso de pretensiones humanistas y renovadoras de esta administración, Algo que, por supuesto, tiene sin el menor cuidado a la ineficiente pero recalcitrante tecnocracia de la que se ha rodeado el gobernador Miguel Márquez.