Todavía no cumple el primer año y el gobernador de Guanajuato ha abandonado en la práctica muchas de las grandes ideas con las que inauguró su mandato en septiembre del 2012. Una de ellas, la de la transparencia.

La transparencia, esa palabra comprometedora a la que se acogió cuando se percató de que uno de los mayores desprestigios del gobierno al que vino a relevar se encontraba, precisamente, en su enorme opacidad, sólo quedó como apellido de una secretaría de su gobierno.

Grandes proyectos de inversión pública, como el contrato multimillonario para colocar un sistema de videovigilancia en toda la entidad, fueron manejados a espaldas de la sociedad civil y los medios de comunicación.

La licitación de otro gran contrato para adquirir los medicamentos del seguro popular, más de dos mil millones de pesos por año, debió de ser tomado por asalto por la opinión pública a fin de que se ventilaran sus pormenores. El resultado: se declaró desierto el concurso y se optó por la asignación discrecional.

Las liquidaciones de burócratas que han seguido al decreto de fin de sexenio, posteriores al 31 de enero de este año, ya no se conocen en la página de transparencia del gobierno. Las contrataciones de panistas para dependencias como la Secretaría de Educación, se hacen en la oscuridad.

El gobernador Miguel Márquez ya sabe que el compromiso con la transparencia es incómodo y que se refleja en la necesidad de dar demasiadas explicaciones. Ahora empieza a comprender la inclinación de su ex jefe Juan Manuel Oliva por el ocultamiento.

Sin embargo, ahora pretende ir más allá que el propio Oliva, con el anuncio de que en adelante no se harán públicas las estadísticas y mediciones sobre la actividad delictiva que registra, primordialmente, el Ministerio Público a fin de no provocar afectaciones a la imagen del estado para no perjudicar “las inversiones, el tema del turismo y la misma percepción ciudadana”.

¿Cuál es el argumento oculto detrás de esta decisión? Simple: es mejor no darnos cuenta de la realidad y seguir pensando que todo va bien, aunque no vaya.

¿Podrá Márquez engañar a los inversionistas que se interesen en Guanajuato, sobre el estado real de las cosas, simplemente por el hecho de ocultar la información?

¿Hay que alentar la llegada de turistas no mediante el trabajo consistente para abatir la inseguridad, sino simplemente maquillando la realidad? ¿No les diremos a los turistas que hay zonas peligrosas en el estado y dentro de algunas de nuestras ciudades, simplemente para que no piensen mal de nosotros?

Y qué tal el juicio de que las cifras, supongo que objetivas, emitidas por la Procuraduría de Justicia alteran la percepción de los propios habitantes del estado. ¿Se nos mantendrá a ciegas en materia de seguridad para que no vivamos preocupados?

¿Y el día que vayamos a presentar una denuncia al Ministerio Público por un hecho delictivo, se nos dirá que no lo hagamos para no dañar la imagen feliz que las autoridades quieren transmitir al exterior?

¿Qué sigue? ¿Evitar la crítica a los gobernantes para no generar la imagen de gobiernos ineficientes?

Márquez argumenta, si se le puede llamar así, que la difusión de las cifras sobre índices de delito genera “competencia en los temas de seguridad pública”. Se refiere a las comparaciones entre gobiernos de uno y otro signo partidista para mostrarse más o menos eficientes en uno de los temas más delicados de la gobernanza.

Sin embargo, todo indica que la competencia entre las gestiones de gobierno de los diferentes partidos no se origina en los resultados de gobierno, sino que es anterior. Los políticos de distinto signo que ocupan posiciones de poder, sobre todo desde que se ha normalizado la alternancia partidista, compiten por continuar carreras políticas ascendentes utilizando su propia actuación pública.

Las guerras de imagen, la gestión de medios, la utilización de los logros gubernamentales y el control de daños de los errores o fallos, forman parte de las campañas preelectorales abiertas en que se ha convertido la gestión pública a todos los niveles.

Ya que no se pueden impedir, sería deseable, empero, que esas largas carreras por los cargos del futuro se dieran de cara a la opinión pública y permitiendo la evaluación de los actores políticos que reciben mandatos del electorado y son administradores de fondos públicos, con un acceso abierto y franco a la información pública.

Bajo el argumento de que las cifras, por ejemplo, de la inseguridad pueden crear afectaciones a actividades como la inversión y el turismo, así como preocupación en la sociedad, en realidad lo que se quiere impedir es la contrastación de la eficiencia de los funcionarios responsables de gobernar demarcaciones con un instrumento real.

En la decisión coinciden, gustosos si duda alguna, políticos de todo signo. Los alcaldes, cuya imagen cae en picada por la evidencia de su incompetencia. Y el propio gobernador, que quiere navegar con la imagen de una entidad cuya mayor fortaleza no es ser la mejor, sino una de las menos peores.

Queda en el aire la constante exhortación a los ciudadanos a que denuncien los delitos y a que participen en estrategias organizadas de autocuidado y prevención. Si lo que se pretende es construir el sueño feliz de que aquí no pasa nada, a lo que conduce es a dejarnos inermes como sociedad frente a una delincuencia que sumará, a la gran impunidad de la que goza, una conspiración de silencio y complicidad.

Dicen los gurús de la calidad y al eficiencia en las organizaciones, que aquello que no se mide no se puede mejorar. En la estrategia que ahora se plantea, la medición quedará en manos de los burócratas y habrá que confiar en ellos, sin ninguna posibilidad de control social.

Si fracasan, como bien puede ocurrir, nos daremos cuenta demasiado tarde y, lo peor de todo, seremos nosotros como ciudadanos los que debamos pagar las consecuencias.

¿Cómo piensa instrumentar la medida el gobernador Márquez? Si instruye a su organismo de transparencia a considerar como información restringida los informes y estadísticas de hechos delictivos, la medida puede ser impugnable, primero en el Instituto de Acceso a la Información de Guanajuato, cuya independencia está en entredicho desde su creación; y, después, mediante un recurso de amparo ante la justicia federal.

Será importante dar esa batalla ante la decisión, de quien quiso ser el gobernador de la transparencia, de llevarnos por caminos de retroceso que ni el vilipendiado Juan Manuel Oliva se atrevió a seguir.