Cuesta mucho trabajo indagar la verdad en el «gobierno de la transparencia», como se ha querido vender el actual. O quizás, como diría el doctor House, «todos mienten».
Interrogado primero sobre las razones de que la Secretaría de Salud decidió no contratar más los servicios del ISSEG como proveedor de medicamentos en los dispensarios del Seguro Popular, el doctor Ignacio Ortiz Aldana respondió: «Una de las condicionantes expresas por parte de la gestión que represento hoy en día en relación al ramo salud, es que todo se va a manejar de la forma más transparente y que no va a haber compras directas ni de medicamentos, ni de material de curación, y que podemos estar haciendo auditorías preventivas cada mes.»
Es decir, se puede inferir que la Secretaría de Salud encontró problemas que la llevaron a buscar un mecanismo de transparencia y a evitar compras directas de medicamentos…en el ISSEG, que era el que realizaba las compras.
Se entendería que la Secretaría de Salud pudiese rechazar un servicio de suministro que no le funcionaba, que tenía deficiencias, que incumplía o, incluso, que fuese caro. Pero no se entiende que el titular de Salud rescinda un contrato por problemas «de transparencia» de su proveedor.
Al preguntar en el ISSEG sobre las afectaciones que les podía provocar la decisión de Salud de retirar el contrato del Seguro Popular por suministro de medicamentos, la respuesta del subdirector de planeación, Javier Luna, fue la siguiente: «sólo implicará redirigir los fondos que se tenían invertidos sin que esto implique una pérdida, ya que serán utilizados en unidades de negocio que podrán ser más beneficiosas en la paraestatal.»
Con la mano en la cintura, como un mago de los negocios, el funcionario desestimó de un plumazo la pérdida de un contrato que le permitía al ISSEG generar ventas de 900 millones de pesos al año con un margen de utilidad neta del 5 por ciento. Si se tratara de su negocio, probablemente don Javier lo pensaría de distinta manera.
Y finalmente, al entrevistar al encargado directo de la licitación, el subsecretario de administración de la Secretaría de Finanzas, José Manuel Casanueva, este se presentó como un ejecutivo plenipotenciario que lo mismo habló de decisiones del ISSEG y de la secretaría de Salud, como si estuviesen en sus manos.
Fue particularmente llamativo cuando lanzó el siguiente galimatías: “El ISSEG tenía una cobertura del 90% en los 625 puntos, y en algunos momentos esta cobertura fue hasta del 100%, pero siempre se mantuvo en un 90%, por lo que ahora el gobernador Miguel Márquez, en este enfoque social, quiere que todos los pacientes reciban sus medicamentos bajo un servicio integral de adquisición y distribución del seguro popular para que la distribución y cobertura sea del 95% hasta el 100%”.
Puede aceptarse que el gobernador decida metas que un Secretario de Salud deberá cumplir, estableciendo para ello una estrategia y una ruta crítica. Lo que ya no se entiende es que el vocero, tanto del gobernador como del titular de salud, sea el subsecretario de administración.
Más adelante fue aún peor. Casanueva le dijo a los reporteros de varios medios de comunicación lo siguiente: «En diciembre de 2012, el nuevo Consejo del ISSEG verificó qué inversiones eran rentables y cuáles no. Una de las inversiones que se revisó era la línea del Seguro Popular y se verificó que le dejaba el 2.8 por ciento de las utilidades totales; ese porcentaje de utilidad se aplicará en una nueva línea para mejorar el crédito a corto plazo por medio de créditos hipotecarios, pequeños préstamos a los trabajadores del gobierno del estado, por lo que acordaron que no era importante para el ISSEG dicha inversión.”
Es decir, Casanueva no sólo actuó como vocero de Márquez y de Ortiz Aldana, sino que también lo hizo a nombre del ISSEG, una entidad autónoma que cuenta con un consejo con representación no sólo gubernamental sino también de organizaciones gremiales.
No debería ser extraño, pues parece que por el ISSEG hablan todos menos quien debería: el director Héctor Salgado Banda, quien permanece encerrado en el mutismo mientras desde otros ámbitos se decide sobre la suerte de la institución que le fue encomendada.
La película queda así: Ortiz Aldana determinó que no debería haber compras de medicamentos directas de dependencias, incluyendo el ISSEG; el ISSEG, por su parte, decidió que abastecer medicinas ya no era negocio, no obstante que tenía un flujo de efectivo de 900 millones y utilidades netas de entre 2 y 5 por ciento, si se atiende a los diferentes funcionarios; por su parte, el subsecretario Casanueva, responsable de encontrar un nuevo proveedor mediante una licitación, es el encargado de dar a conocer las estrategias tanto de Salud como del ISSEG.
Todo ello, en la megalicitación más importante del arranque del sexenio marquista, que hace palidecer a Proyecto Escudo, cuyos 2 mil setecientos millones de pesos a seis años ya hasta se ven modestos.
Tanta confusión de roles, tantas explicaciones dispares y tanta coincidencia en un sólo tema: el de la necesidad de entregar a un privado un negocio de 4 mil millones de pesos bianuales, hace pensar en que la decisión se tomó en otras esferas, en la única que puede dar instrucciones a las tres entidades involucradas: el gobernador del Estado, Miguel Márquez, precisamente el gobernador que ha hecho de la transparencia un apostolado… de palabra por lo menos.
Así, mientras en el sexenio de Juan Manuel Oliva con lo único que se lidiaba era con la opacidad a secas, en el de Miguel Márquez lo que complica las cosas es el doblez y los subterfugios del doble discurso. En ambos casos, la transparencia brilla por su ausencia.
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