Si algo muestra lo lejano que se encuentra el gobernador Miguel Márquez Márquez de ser un hombre de estado, es la ligereza con la que se ha tomado el preocupante asunto de su influyente compadre.
Hasta ahora, Rafael El Gallo Barba se ha dedicado a pedir y obtener plazas en las secretarías del gabinete, pero, ante el éxito obtenido, más pronto que tarde podría estar litigando contratos multimillonarios con los proveedores del gobierno.
No se puede dudar de la limpia trayectoria de Márquez, hasta ahora. Su paso por cargos como la presidencia municipal de Purísima, la dirección del DIF estatal o la subsecretaría de Desarrollo Social, dejaron siempre la impresión de un joven funcionario con una sólida moral pública y con las mejores intenciones.
Esos valores fueron puestos a prueba cuando Juan Manuel Oliva lo contrató para ser su secretario de la Gestión Pública, equivalente al contralor del gobierno. Allí, sin espacio para dudas, Oliva lo que eligió fue la imagen intachable del entonces secretario general del PAN, como una especie de salvoconducto.
Muchas intenciones de Márquez como contralor gubernamental chocaron con las dinámicas del gabinete olivista. Por ejemplo, nunca pudo echar a andar un programa de austeridad, ante la resistencia del poderoso secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda.
Tampoco logró realizar auditorías concluyentes de los despilfarros con los que se construyó el parque Guanajuato Bicentenario y en el caso de los terrenos para la frustrada refinería, su indagatoria concluyó con una exoneración, como lo prueban notas como estas: http://is.gd/pVHBgh; http://is.gd/TBtBKd.
Sin embargo, a últimas fechas, ya como mandatario, Márquez ha empezado a aceptar la posibilidad de que, en efecto, hayan existido irregularidades allí donde sus auditorías no las detectaron.
Quizá fue en momentos como aquellos donde empezó a darse el cambio del funcionario probo y de una pieza, para que en su lugar llegara el político tradicional, el que está dispuesto a cualquier cosa con tal de lograr el poder. Por ejemplo, hacerse de la vista gorda ante una irregularidad para no caer de la gracia de quien puede ser decisivo para obtener una candidatura.
Ya como candidato, Márquez comenzó a deslindarse de la comprometida imagen de Juan Manuel Oliva en temas de honestidad. No lo hizo cuando fue a la contienda interna contra José Ángel Córdova y Ricardo Torres Origel, pero sí cuando se sintió más seguro, una vez que ganó las elecciones internas.
Entonces empezó el discurso basado en dos columnas: la honestidad personal y el compromiso con la transparencia. Ambos conceptos fueron reiterados hasta el cansancio y lo siguen siendo hasta el día de hoy, cada vez que el gobernador tiene la posibilidad de dirigirse a una audiencia.
Sin embargo, bastaron unas pocas semanas de ejercicio de gobierno, para que los hechos se empezaran a alejar drásticamente del discurso, produciendo dos realidades que sólo el gobernador y su entorno inmediato no perciben, pero que cada vez queda más claro en el ánimo de la opinión pública.
Las tres grandes licitaciones que Márquez ha emprendido, todas por cifras de miles de millones de pesos, han abundado en la más anticlimática opacidad, comparado con las florituras verbales del mandatario.
Es el caso de proyecto Escudo, con su negativa a transparentar los costos administrativos de un programa que puede tener componentes reservados, pero que no puede ser discrecional en su totalidad. Allí van dos mil 700 millones de pesos cuya aplicación merece ser conocida por los ciudadanos de Guanajuato. Ya se lo vino a decir incluso la comisionada del IFAI, Jacqueline Peschard Mariscal.
Es el caso, también, de la intención de compra consolidada de luminarias del proyecto Guanajuato Iluminado, donde primero se quiere hacer la licitación y después el diagnóstico, contrariando no sólo la normatividad sino también el sentido común. Ante la rebelión de los alcaldes priistas, ya salió el dirigente estatal panista, Gerardo Trujillo, para señalar que en lo que toca a su partido, los ediles se sumarán “porque es un proyecto del gobernador”. Allí van otros 4 mil millones de pesos.
Es el caso, finalmente, de la megalicitación de medicamentos y material de curación del Seguro Popular, que pretendía realizarse en el más bajo de los perfiles, sin información sobre la decisión de la Secretaría de Salud para prescindir de los servicios del ISSEG y sin que haya claridad sobre el destino de casi 500 empleados. Allí van otros 4 mil 200 millones de pesos.
Y sin embargo, aún más tenebroso y opaco que el manejo discrecional del gasto de más de diez mil millones de pesos, parece el caso del compadre del gobernador, Rafael Barba Vargas, un personaje de la picaresca empresarial irapuatense que logró hacerse de una sólida amistad con Márquez y que se convirtió en el financiero de su campaña, mérito que hoy cobra con una singular manga ancha.
En los ámbitos del gobierno estatal y sus diversas dependencias primero se le veía con sorna, después con respeto y ahora se le percibe francamente con temor. Barba ha logrado quebrar resistencias indómitas, como la del secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, para colocar a un sobrino sin título profesional, Alfonso Salvador Aceves Barba, en el puesto de coordinador estratégico, con un salario de 51 mil pesos mensuales.
En el ISSEG logró colocar a la directora de recursos humanos, también sin experiencia en el rubro, Elvia Gutiérrez Pérez, quien era la directora de una preparatoria de su propiedad. Además de disponer del encargado en las adquisiciones del seguro popular, Salvador Razo Ortiz, concuño de Aceves Barba. A su paternidad obedece también el secretario particular de Héctor Salgado Banda, director del ISSEG, Jorge Camacho Bravo.
Hasta allí podían ser asuntos casi cotidianos de influyentismo político, nada distinto a lo que nos acostumbraron los gobiernos panistas anteriores al de Márquez, donde lo único que quedaría demostrado es que la actual administración, no obstante los discursos, es “pan con lo mismo.”
Sin embargo, donde las cosas parecen salirse de madre es en la intriga para colocar a un subsecretario de Desarrollo Económico auspiciado por el Gallo Barba y precisamente en la delicada área de atracción de inversiones, donde impulsan, para variar, al irapuatense Franco Herrera.
Allí se trata de vencer la resistencia de un secretario de Estado que, además fue gobernador interino, Héctor López Santillana, golpeado con el tema de los terrenos de la Refinería, lo que podría profundizar fracturas en el de por sí inestable gabinete de Márquez.
De ahí la irresponsabilidad de tolerar tamaño activismo y soportar el aventurerismo de un aficionado a la política, a la intriga y a los negocios, justo cuando el PAN se ve cercado por todas partes.
Como dijimos antes, son errores que no cometería un hombre de estado y que, a la postre, pueden ser más costosos que la peor de las perversidades. No sería la primera vez.
@arnoldocuellaro
