Tanto el gobierno del estado como algunos municipios, es el caso de León, se encuentran utilizando la fórmula de comprometer por adelantado sus futuros presupuestos para combatir la falta de liquidez que padecen en su arranque.
Así pasa en el proyecto Escudo, cuyos 2 mil setecientos millones de pesos se pagarán mayoritariamente a lo largo de los cinco años y medio que le restan a la administración de Miguel Márquez Márquez.
Se ha informado del pago anticipado de 200 millones de pesos, poco más del siete por ciento del total del contrato; así como de la entrega de 500 millones más con cargo al presupuesto 2013, lo que dejaría la carga financiera de los restantes dos mil millones para los cinco años restantes.
Se trata de un pago anual de 400 millones de pesos, casi el equivalente al presupuesto completo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (453 mdp); poco menos que el destinado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (556 mdp); y mucho más que lo aplicado en la Secretaría de Desarrollo Turístico (289 mdp).
Se trata, pues, de una decisión de largo alcance y de fuertes repercusiones en el presupuesto del Estado.
Al elegir una estrategia defensiva de equipamiento tecnológico, por encima de tareas preventivas que podrían partir de la regeneración del tejido estatal, a través de una política social más agresiva, de mayores recursos para el depauperado campo guanajuatense y hasta de una decidida apuesta por la vocación turística incipiente que tenemos, Márquez está eligiendo el tipo de gobierno que hará y por el que será recordado.
El problema es que la adquisición de tecnología se convertirá en una dependencia que exigirá más recursos cada vez. Los equipos sofisticados requieren mantenimiento y tienen una vida útil máxima de cuatro años; por tratarse de una red, la falla en un punto puede anular partes completas del sistema.
la inversión de hoy, por más cara que nos parezca, puede incluso incrementarse, sin que su rendimiento social sea equivalente al costo.
Lo delicado es que la adquisición de este compromiso establee una carga financiera futura que ni siquiera ha sido aprobada por el Congreso, más allá del apoyo político al programa, aún sujeto a regateos.
Por los dos años que le queda, este Congreso se encontrará con la carga financiera de Escudo en la aprobación de los gastos 2014 y 2015. Lo msmo ocurrirá con la siguiente Legislatura durante sus tres años de ejercicio.
Algo similar empieza a ocurrir en los municipios. El pretexto del tesorero de León, Roberto Pesquera, para contratar mediante arrendamiento financiero una flotilla de vehículos, fue la falta de liquidez actual, aunque ello implicara el pago de intereses que ni siquiera se podrán hacer deducibles como ocurre en el ámbito privado, pues la función de un ayuntamiento no se maneja con la lógica de la utilidad.
Por lo que se ve, la llegada de administradores de negocios a la función pública no parece estar redundando en una mayor racionalidad, sino en la aplicación de fórmulas pragmáticas que buscan resolver los problemas de la coyuntura a costa de gravar el futuro.
Es decir, la aplicación vernácula y anodina de la frase de Luis XV: «Después de mí, el diluvio». Y vaya que llegó.
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