Hace apenas un año, el general Miguel Pizarro Arzate se inconformó con las disposiciones que trataba de imponerle su entonces superior, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, para evitar el cese de un funcionario de alto rango que resultó reprobado en un examen de control de confianza: el subsecretario Jesús López Gómez.

Pizarro Arzate, actuando con el manual de instrucciones en la mano, esperó un par de meses a que Oliva se convenciera y, al no ocurrir, tomó por su cuenta la determinación de cesar a López Gómez, quien fue rescatado por el ya secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, como asesor.

En ese momento, el experimentado general no se planteó dudas, ni quiso abrir la posibilidad de hacer caso a los comentarios de los defensores del funcionario, quienes achacaban el trance de reprobar los exámenes a aspectos como nerviosismo, enfermedad y cosas por el estilo.

Es por eso que llama la atención el cambio que muestra el general Pizarro al aparecer al lado del secretario del Ayuntamiento de León, Martín Ortiz, a plantear una inconformidad por los resultados de los policías leoneses en el centro estatal de Control de Confianza, donde 300 de los mil 500 que integran la corporación, fueron considerados no aptos.

De actuar conforme al manual no debería de haber dudas. Los 300 elementos reprobados, pertenecientes a una corporación que ha tenido serios problemas en el pasado reciente por su indisciplina, su extrema violencia y su falta de preparación, tendrían que dejar su puesto.

Independientemente de problemas administrativos, de liquidaciones o de la necesidad de contratar nuevos elementos, eso es lo que debería de ocurrir de acuerdo al compromiso que han adoptado los titulares tanto de la administración estatal como de las municipales.

Puede ser que algunos de estos policías no se encuentren, en efecto, en circunstancias delicadas para seguir ejerciendo su función; sin embargo, es seguro que muchos de los trescientos tienen sobradas razones para no continuar como policías.

Al defender el tema en forma generalizada y pretender entrar a un proceso de revisión o de negociación con la instancia que todos han reconocido como la indicada para realizar estos exámenes, se vulnera por completo el sentido de ese tipo de controles.

Lo mismo ocurre en otros municipios del estado, donde los alcaldes han rechazado los resultados  no sólo de integrantes de la corporación, sino incluso de titulares y de mandos medios.

Sin embargo, también es de considerarse la inconformidad que se observa en los municipios por las evidentes fallas de protocolo en torno a la comunicación de los resultados de estos exámenes, que han mostrado los funcionarios estatales.

La circunstancia es por demás complicada. Si se genera una rebelión de munícipes para evitar la aplicación de las directrices, emanadas de acuerdos al más alto nivel, para acrecentar la calidad de los servicios de seguridad que ofrecen los municipios, se estará afectando de entrada la coordinación bajo la cual operan recursos y estrategias comunes en contra del problema de inseguridad que vive el país.

El tema es decisivo y puede resultar de mayor impacto que  las esperanzas que parecen tener depositadas el gobernador Miguel Márquez y su secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca en el proyecto de la multimillonaria inversión en tecnología para vigilancia electrónica a nivel estatal.

¿De qué sirven sofisticados aparatos de detección si seguimos contando con policías susceptibles de aliarse con el crimen organizado?

Hace falta que el diálogo y los acuerdos de alto nivel entre los funcionarios del estado y los de los municipios, se asuman con el mismo entusiasmo, eficiencia y rapidez con los que se llevó a término la contratación de los servicios para el proyecto Escudo.

Habría que recordar la vieja conseja política que hacía hincapié en que mientras a las cosas y los recursos se les administra, a los hombres se les gobierna. Con todo lo que ello implica.

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@arnoldocuellaro